El dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina fue excarcelado por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata mientras analiza un planteo para anular la causa judicial que se inició a partir de las actividades de inteligencia ilegal que se desplegaron como parte de una estrategia del macrismo para dejar fuera de juego al líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Plata. El juez Alejandro Esmoris –que dispuso la libertad de Medina– mantuvo la prohibición de desarrollar actividades gremiales. “Que la justicia continúe convalidando el objetivo de la mesa de la ‘Gestapo’ es muy grave”, le dijo a Página/12 el abogado César Albarracín.
En marzo pasado, el TOF 2 ya le había otorgado la excarcelación a Medina en la única causa en su contra que sigue en pie, pero recién se efectiviza después de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos que hizo la fiscalía contra la libertad del dirigente de la UOCRA La Plata. Medina había estado excarcelado entre febrero y agosto del año pasado, pero el tribunal le revocó el beneficio y lo dejó en prisión domiciliaria.
Más allá de resolver su libertad, el TOF tiene ahora en sus manos una decisión más importante: si valida la investigación que se llevó adelante en el juzgado federal de Quilmes –de Luis Armella– contra Medina por lavado de activos y asociación ilícita y hace que el dirigente gremial se siente en el banquillo. La causa que tramitó en el juzgado de Armella fue la que llevó a Medina a la cárcel el 26 de septiembre de 2017. Esa investigación penal se inició con un anónimo que habría sido producto de las tareas de inteligencia ilegal que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegó sobre el líder sindical a quien le apuntaban tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal.
El interés de la gestión Cambiemos en Medina quedó al descubierto el 27 de diciembre pasado, cuando la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció el hallazgo de un video en el que se veía cómo funcionarios provinciales, espías y empresarios concertaban cómo impulsar causas contra el referente de la UOCRA. Según reconstruyó el juez Ernesto Kreplak en la investigación que quedó a su cargo tras la aparición de la grabación, ése no fue el primer episodio que demuestra la obsesión del macrismo con Medina. El 4 de mayo de 2017, Macri convocó al entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, a una reunión en la Casa Rosada en la que participaron también Gustavo Arribas –mandamás de la AFI macrista– y Patricia Bullrich– ministra de Seguridad–, entre otros funcionarios nacionales. En el encuentro, Villegas habló sobre las molestias que les generaba Medina.
Esa misma semana, los espías del grupo Súper Mario Bros –conformados mayoritariamente con policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI– empezaron a hacer tareas sin orden judicial sobre Medina. Esos hechos fueron reconocidos ante la justicia por el exagente Leandro Araque. Se presume que esas tareas fueron el insumo para el anónimo que llegó al juzgado de Quilmes. Mientras estuvo preso, Medina también fue espiado.
La defensa de Medina tilda de arbitraria la decisión de mantenerlo alejado de la actividad sindical. “Es una medida inconstitucional que implica la restricción de un derecho constitucional y que no tiene ninguna correlación con garantizar el proceso. Es una sanción que se le aplica a una persona que no fue juzgada”, dice Albarracín.
“El objetivo de la Gestapo fue correr a Medina de la actividad sindical y que ese objetivo lo continúe hoy convalidando la justicia es muy preocupante”, insiste el abogado que tiene presentado en la Corte un recurso contra esta prohibición.
Lo que suceda con la causa de Medina está directamente relacionado con la causa de la “Gestapo antisindical”. En los últimos meses, Esmoris pidió la documentación que reunió Kreplak en su investigación para decidir si declara la nulidad de la causa contra el “Pata”. En su expediente, Kreplak sostiene que hubo estrategia parajudicial para resolver la conflictividad social asociada con la UOCRA y, por esos hechos, procesó a Villegas, al exsecretario de Justicia Adrián Grassi, al intendente platense Julio Garro, al senador provincial Juan Pablo Allan y a tres pesos pesados de la AFI –el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano, el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el exjefe de gabinete Darío Biorci–.
