La Justicia investiga si la “Gestapo” antisindical funcionó también en el Astillero Río Santiago. Según denunció la diputada provincial del Frente de Todos (FdT) Susana González, las autoridades puestas por María Eugenia Vidal motorizaron causas contra el gremio, pero, en medio de esa investigación, surgieron indicios de un desfalco por 95 millones de dólares que un fiscal cercano al procurador Julio Conte Grand no investigó. Por esos hechos, la legisladora pide que se investigue al jefe de los fiscales bonaerenses y que se determine si un alto funcionario del astillero fue también integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla. El juez delegó la instrucción de la causa en la fiscal Laura Roteta, según explicaron fuentes judiciales. En la presentación de la diputada González están denunciados, además de Conte Grand, varios funcionarios de la procuración bonaerense: Francisco Pont Vergés (secretario de Política Criminal), Miguel de Lezica (secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento) y Max Perkins, que oficiaba de segundo en la secretaría de Control Disciplinario. La denuncia también apunta contra el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta y contra dos exfuncionarios del astillero, Daniel Capdevila –expresidente– y Ricardo López –a cargo de Seguridad y Recursos Humanos–.
González sostiene que hubo una política en la gestión del Astillero Río Santiago durante la gobernación de Vidal de perseguir a los trabajadores. Para eso, afirma la legisladora, se designó a López al frente de dos áreas claves: seguridad y Recursos Humanos. La diputada sostiene que López, además, habría reportado en la AFI, por lo que las autoridades designadas por Vidal podrían haberse nutrido de información producida ilegalmente por los servicios de inteligencia.
En esa línea, Capdevila presentó una denuncia en 2018 por supuesta administración fraudulenta. De acuerdo con la diputada, la intención del entonces presidente del ente que administraba el Astillero era que la causa quedara en manos de un fiscal cercano a Conte Grand –que tenía claros vínculos con Vidal, de quien fue su secretario de legal y técnica–. El fiscal en cuestión fue Condomí Alcorta, que habría direccionado la investigación hacia la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Ensenada.
Como parte de esa pesquisa, la Prefectura hizo una pericia que terminó arrojando un resultado no buscado por las autoridades cambiemitas: según denuncia González, el peritaje daría cuenta de una malversación de 95 millones de dólares en distintas contrataciones de construcción naval. Pero eso no fue investigado por la fiscalía. Para la diputada del Frente de Todos, el accionar del fiscal estaba, entre otras cosas, motivado en una decisión tomada más arriba de «procurar impunidad a los funcionarios de Cambiemos», gobierno al que perteneció Conte Grand antes de asumir como jefe de los fiscales bonaerenses.
La diputada dice, además, que Conte Grand rediseñó la Procuración bonaerense a poco de llegar para que el área que analiza el comportamiento de los fiscales quedara a cargo suyo o de hombres de su confianza como Pont Vergés, de Lezica y Perkins. Desde esa estructura, González marca que se impulsó el jury contra el juez de garantías Luis Carzoglio –suspendido después de negarse a detener a Hugo y Pablo Moyano tras una visita de dos jerarcas de la AFI– o se protegió al fiscal Juan Bidone –integrante de la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio– o al fiscal Fabián Fernández Garello –imputado por el secuestro de tres militantes en 1981 mientras se desempeñaba como agente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires–.
No es la primera vez que se relaciona a Conte Grand con el sistema de espionaje durante el macrismo. En enero, el jefe de los fiscales fue convocado a la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI). Allí lo interrogaron, entre otras cosas, por el teléfono encriptado que había recibido de la propia AFI durante la gestión de Gustavo Arribas.
La clave para que la denuncia se haya presentado ante la justicia federal de La Plata es la presencia de un posible agente de la AFI como parte de quienes habrían intervenido dentro de la maniobra. En caso contrario, la causa debería tramitar en la justicia provincial.
Es otro juzgado federal de La Plata, el de Ernesto Kreplak, el que investiga el accionar de la “Gestapo” antisindical durante la era Cambiemos. En su caso, Kreplak indaga en la persecución al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina después de que apareciera un video en el que se veía cómo funcionarios provinciales, empresarios y espías concertaban cómo impulsar causas contra él para que terminara tras las rejas.
