La provincia de Jujuy es noticia desde ayer cuando la policía de Gerardo Morales comenzó a patear puertas de por lo menos once dirigentes sociales y revolver las casas de al menos cinco comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones. En todos los casos con órdenes de allanamiento del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio tras la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. “Asociación ilícita”, es la imputación para todo el mundo. La excusa, que encaja y aprovecha el contexto de debate por el manejo de los planes sociales, agita acusaciones por supuestas presiones sobre el reparto de esos beneficios y la asistencia a movilizaciones.

Los repudios se suceden y a ellos se sumó el partido Unidad Popular Salta quien condenó la represión a organizaciones populares. “Exigimos el cese del hostigamiento a las organizaciones populares que son perseguidas violentamente por la vía de la represión y la judicialización. En el caso de Jujuy desde la asunción del gobernador Morales se usa a la justicia como elemento de castigo y miedo a les luchadores populares” indica el comunicado que lleva la firma de su presidente, Daniel Escotorin.