Verónica Molina fue removida de la dirección del PAMI en Salta, pero, Luana Volnovich, se aseguró de acomodar a la referente camporista en otro puesto bien remunerado antes de confirmar a su reemplazante, Ignacio González, exconcejal y funcionario saenzcista.
El pasado martes la directora ejecutiva del PAMI firmó una resolución con la que destacó a Molina en comisión de servicio a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde mantendrá «idéntica situación de revista en lo que respecta al agrupamiento, tramo, carga horaria y adicional por función jerárquica que percibe actualmente». Así lo expresa la disposición que premia con un generoso puesto de bajo perfil a una cuestionada funcionaria que enfrenta cargos por concusión agravada, malversación de caudales y peculado en la Justicia Federal de Salta.
El cambio de dirección se decidió en Buenos Aires pocos días después de que jubilados cortaran el acceso a la ciudad de Orán con una protesta que generó reacciones e incomodidad en la mesa ejecutiva del PAMI y la conducción nacional de La Cámpora. Por la situación de abandono de afiliados norteños, afectados por demoras en los turnos y la privación de coberturas médicas indispensables, Volnovich terminó denunciada penalmente por el senador oranense Juan Cruz Curá.
La salida de Molina, además, fue celebrada sin tapujos por la dirigencia del Sindicato Unidos de Trabajadores y Empleados del PAMI (Sutepa).
Cargos penales
En agosto de 2021 la desplazada directora quedó en la mira de la Justicia Federal de Salta, luego de que exgerentes de agencias del interior declararan en una causa relacionada con cobros irregulares del IFE que La Cámpora se quedaba con parte de sus ingresos. En ese marco, precisaron ante la jueza federal Liliana Snopek que el 20% de sus sueldos era retenido por Molina y por Marcos Vera, exdirector de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Salta y también investigado por presunto cobro irregular del IFE.
Molina y Vera son dos referentes locales de La Cámpora, la agrupación política que lidera a nivel nacional Máximo Kirchner.
A partir de las declaraciones prestadas en la causa del IFE, el fiscal federal Ricardo Toranzos abrió una investigación contra Molina y Vera. Las actuaciones iniciales condujeron hasta una cuenta bancaria utilizada para transferir dinero recaudado bajo coacción. Esto se determinó judicialmente con testimonios que la Fiscalía recibió de empleados del PAMI, después de requerir el levantamiento del secreto bancario y un informe sobre movimientos de fondos vinculados con esa cuenta.
Con todo, en octubre de 2021 Toranzos, a cargo del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, formalizó acusaciones contra Molina y Vera por concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
Imputación ampliada
En abril último, en una nueva audiencia ante la jueza federal Mariela Giménez, la Fiscalía amplió los cargos contra ambos imputados, sumando nuevos hechos respecto del delito de peculado.
En su exposición, Toranzos reafirmó que Molina y Vera obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI en Salta a entregar el 20% de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por La Cámpora, tal como surgió de las declaraciones brindadas en un juicio seguido por el cobro irregular del IFE a tres exgerentes del PAMI. También hizo referencia a una serie de evidencias colectadas, como audios y capturas de mensajes telefónicos, en los que se mencionó el pago de aportes denunciado.
Uso político de donativos
En la audiencia de imputación de octubre de 2021, además de los cargos formulados por las quitas indebidas realizadas en sueldos de agentes del PAMI para el financiamiento de La Cámpora, agrupación política que lidera Máximo Kirchner, Angélica Verónica Molina fue acusada por el fiscal federal Ricardo Toranzos por mas de 1.000 electrodomésticos que la Aduana de Orán había donado al PAMI para que fueran entregados a jubilados. Según el fiscal, los donativos fueron utilizados en campaña política.
La investigación se abrió por una «notitia críminis» en la que Fernando Ruarte, por entonces candidato a concejal, anunció en un programa radial que se habían entregado más de 300 electrodomésticos «a afiliados del PAMI en Salta». Ante esa información, que se constató con publicaciones en las redes sociales días antes de los comicios, Toranzos aclaró: «Ruarte no es empleado del PAMI y no debería estar entregando esos bienes».
