El 31 de marzo último, a horas de la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados encabezada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy, el fiscal Diego Funes dispuso textualmente “infiltrar” a todas las organizaciones sociales que se movilizarían ese día e “individualizar” a sus referentes. La orden dice que se designaron “grupos de trabajo”, una denominación con claro parentesco con la de uso dictatorial de “grupos de tareas”. La investigación fue encomendada a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, es decir, al propio gobierno de Morales. Fue la antesala de los 16 allanamientos en los que diez días atrás la policía jujeña revolvió casas, comedores, merenderos y sedes de los movimientos sociales, esta vez con la excusa de indagar en el reparto interno de los planes Potenciar Trabajo —lo que aprovechaba un asunto instalado en el debate público— y bajo la hipótesis de una supuesta “asociación ilícita”.
Las y los defensores de las personas que fueron blanco de los operativos pudieron ver el expediente recién el viernes último: no sólo se toparon con las órdenes de infiltración sino con fichas personales de casi 80 dirigentes con fotos, todo tipo de datos personales, desde con quién viven, sus cuentas bancarias hasta, inmuebles e información del registro automotor.
La visita a Jujuy, la semana pasada, de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos (integrada por dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos) permitió destrabar el acceso al expediente. La abogada Alejandra Cejas llegó el viernes a la fiscalía con Jackie Salguero, que atiende y vive en un comedor y merendero del Movimiento Evita en el pueblo de Lozano y que integró la lista de los allanamientos. Quería asumir formalmente la defensa de la mujer, que estaba con su bebé en brazos, y de la concejala y militante de la Tupac Amaru, Fani Martínez, de Calilegua, allanada pese a tener fueros. El secretario, Sebastián Ruiz, le dijo que no. “No hace falta que asuma la defensa”, indicó el funcionario. Pero la letrada sabe que estas formalidades pueden ser decisivas. “No voy a hacer venir a mis clientas de Lozano y de Calilegua otra vez”, retrucó ella. “No hace falta, si es por saber quiénes son acá adentro tenemos todo filmado”, se mofó el secretario como para mostrar cómo se maneja la fiscalía. Todo tiene ese tono: a la concejala, el jefe de la brigada local le reconoció en la cara que los policías habían robado 15.000 pesos de su casa en el operativo.
En los dos días previos, quienes conformaron la Comisión de Solidaridad se llevaron una sorpresa: viajaron a Jujuy con la idea de asistir a los allanados, recabar sus relatos para elaborar presentaciones judiciales e internacionales y evitar privaciones de la libertad, pero terminaron recibiendo 58 denuncias de hechos de represión, detenciones arbitrarias, torturas, intimidaciones, despojos de tierras y violencia sobre comunidades originarias. Las organizaciones sociales perseguidas son todas las opositoras a Morales, cerca de 30. Entre varias de ellas históricamente existían diferencias, tanto que ni se hablaban. La ofensiva del líder de la UCR logró que para este martes llamen juntas a una movilización.
Investigación “de oficio”
Funes encabeza la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública. Es el número dos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), controlado por Morales y delegada al fiscal general Sergio Lello Sánchez, de su absoluta confianza, un funcionario denunciado por maltrato laboral y violencia de género.
Todo hacía suponer que Funes había abierto la causa apenas antes de los allanamientos masivos del 6 de julio. Pero ahora las organizaciones cotejaron que fue antes, cuando la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de Morales labró un acta, a la que accedió Página/12, que explicita la orden de infiltración así: “En fecha 31 de marzo del 2022 siendo las 18.30 el señor fiscal de investigaciones Dr. Diego Ignacio Funes transmitió directivas donde solicitaba que personal de esta agencia en el día de la fecha se constituya sobre los lugares donde se reúnen las organizaciones sociales a los fines de lograr individualizar a los referentes de cada organización como así también individualizar a cada persona de los distintos grupos sociales que se encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización, por lo que siendo las 8.00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones…”. Luego prevé el recorrido en “la zona Centro Calle Martiarena y Gorriti, Calle 19 de abril, Calle Martiarena y Bustamante, los lugares donde se encontrarían movilizando estos grupos…”
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En las siguientes fojas de la causa aparece el reporte de la Agencia de Delitos Complejos –ideada en teoría para perseguir narcotráfico– que, explica, organizó la infiltración en “diversas comisiones” a cargo de cinco oficiales de la policía supervisados por el comisario Marcero Rodríguez. Agrega una grilla con las organizaciones que estarían y a qué hora, algunas de las cuales tres meses después serían allanadas. Mencionan desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán, Nuestramérica, el Frente de Organizaciones en Lucha, hasta el Consejo de Pueblos Originarios, Barrios de Pie, el MTR 12 de abril, el Polo Obrero, ATE y varios sindicatos y hasta trabajadores despedidos de Garbarino, entre tantas.
El parte menciona cómo van llegando los/las militantes sociales, de a cuántos, algunos “con instrumentos musicales», dice. Señala el derribo de una valla y avisa que los policías denunciarán agresiones. Agrega que para poder identificar a las personas que “tomaban asistencia” sacaron fotos. Hasta la foja 40 hay casi puras fotografías, cerca de 80, con y sin nombres. Son personas paradas en la protesta pacíficamente, o hablando con un megáfono o con algún cartel. El informe menciona que hay también grupos de radicales y peronistas en apoyo al gobernador Morales, pero en ese caso no les interesa rastrear si alguien pasa lista, si llegan en micro, de a cuántos o cómo se organizan.
«Esto es Gerardo Morales ordenando que intervenga la policía porque no le gusta que la ciudadanía de Jujuy ejerza su legal derecho a peticionar. Es la segunda vez que avanzan denuncias penales porque van a manifestar el día de la apertura de sesiones (la anterior fue en 2018, con ocho detenidos de ATE y la Tupac Amaru). Esta vez el agravante es que se ha distorsionado el sistema judicial para perseguir, hostigar y criminalizar a quiénes lo único que hacen es tratar de llegar a fin de mes, en una provincia donde no hay reactivación del trabajo ni acceso a lo básico», explica Cejas. La irregularidad clave que señala es que el fiscal Funes «no dio conocimiento a ningún juez de que estaba iniciando una investigación». «No intervino ningún juez de garantías o de control. El fiscal actuó directo con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál era el delito? ¿Reunirse? ¿Peticionar? Es lo que hace cualquier organización de la sociedad civil como la ampara la Constitución», advierte la abogada.
Luis Paz, otro de los abogados, presentó el 13 de abril un habeas corpus colectivo en favor de varios dirigentes para garantizar su libertad ambulatoria, tras las detenciones de tres militantes del Polo Obrero en una movilización. El juez Jorge Zurueta consultó a todas las fiscalías de Jujuy si había alguna investigación en marcha sobre esas personas y la respuesta coincidente fue que no. Algunos de aquellos referentes terminaron allanados. «Ahora que sabemos que la causa de los allanamientos se inició el 31 de marzo, colijo que el MPA ocultó información al juez en perjuicio de los dirigentes, que además recibieron un trato indigno, igual que los abogados», explica a este diario. «Están gravemente afectadas las garantías constitucionales en Jujuy», alertó. Zurueta no es del agrado de Lello, que lo denunció el año pasado ante el superior tribunal.
Los allanamientos
La policía de Morales –que funciona bajo una ley de la última dictadura– desplegó los violentos allanamientos ordenados por Funes, como informó este diario. El fiscal escribió en una resolución que había relatos de gente de las organizaciones que aludían a aprietes y amenazas de quitarles los planes sociales si no van a las marchas o entregan una suma de dinero. También lo dijo en una conferencia de prensa. No era cierto: la base de la causa estaba en las actuaciones de oficio, sin denuncia previa ni motivación más que política, iniciadas previo a la apertura de sesiones. La ofensiva encajaba con la discusión pública que crecía por el manejo de los Potenciar Trabajo y con la repentina iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires de la jueza Alicia Vence de resucitar una causa de 2017 con allanamientos contra la CCC. Funes alegó que investigaba posible «extorsión» y «asociación ilícita». A los abogados/as presentados en el expediente les dicen que no hay imputados.
Sin embargo, en 16 operativos en diversas localidades jujeñas (San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua) se llevaron computadoras, celulares, pendrives y documentos. La policía tenía indicado buscar elementos relacionados con la distribución de los planes Potenciar Trabajo, pese a que la mayoría de ellos –82.000– son manejados y repartidos por la propia gobernación, dicen en las organizaciones. Los procedimientos motivaron la primera intervención de un juez, que igual no investiga.
«Buscan desmovilizar a las organizaciones sociales, como han hecho con los sindicatos. Quieren meter miedo a los referentes. Con una justicia a medida de las exigencias del gobernador. La infiltración ordenada por el fiscal muestra que Jujuy está en riesgo porque se vulneran todos los derechos de los ciudadanos con mecanismos de amedrentamiento, persecución e intimidación similares a los de la dictadura. Está en riesgo la democracia», apunta José Surita, referente del Movimiento Evita. Surita fue uno de los allanados. Como no estaba en su domicilio destrozaron los vidrios, la puerta y el interior de su casa, en Maimará. Igual que otros militantes, que la semana pasada compartieron sus historias con Página/12, ya le había tocado lidiar con otras estrategias con las que se hostiga a los/las militantes, como las «contravenciones«. En Jujuy quien sale a protestar es intimado a dejar el espacio público en 15 minutos. Si no lo hace, tendrá una contravención y con ella una actuación judicial que puede derivar en multas millonarias, 15 días de arresto o tareas comunitarias.
El dirigente cuenta que desde el día de los allanamientos, el merendero-comedor donde vive Jackie en Lozano es vigilado todas las noches desde las 20 por policías que algunos días además le golpean el portón de manera brutal, varias veces y se van, se quedan merodeando y sacan fotos. «También van a las casas de familiares de referentes para advertir que tengamos cuidado y abandonemos la lucha», relata.
Las fichas
El resto del expediente son páginas y páginas de fichas con información de las personas individualizadas el 1 de abril. ¿Qué datos figuran? Además del domicilio y el número de documento, aparecen el cuit, número de celular u otras líneas telefónicas, e-mail, con qué otras personas vive, si registra cheques rechazados, datos bancarios/entidades financieras, si figura en el registro de propiedad automotor, qué inmuebles tiene, en qué lugar trabaja, cómo figura en al AFIP (por ejemplo aclaran si es o no «autónomo» o «monotributista»), si registra datos en el sistema de salud. No hay ninguna justificación escrita de por qué se busca todo eso y en qué medida serviría para establecer delitos. Más bien parece una clásica excursión de pesca. «Algo que llama la atención y trataremos de determinar es por qué aparecen datos que no surgen de bases provinciales sino que son federales», plantea Cejas.
Algunas otras páginas son un rejunte de formularios basados en un modelo que, al parecer, la fiscalía utilizó para preguntarles a determinadas personas si alguien las presionó en relación a planes sociales. Varios están escritas a mano y la letra es difícil de descifrar. Las fechas que aparecen son posteriores al inicio del expediente. No faltan entre los relatos las menciones estigmatizantes y, a esta altura, inverosímiles a Milagro Sala, detenida hace casi siete años con una prisión preventiva que no está firme y en virtud, otra vez, de la figura de «asociación ilícita», ese comodín utilizado para dejar gente presa con facilidad, por razones políticas o de otra índole, ya que es una figura imprecisa (alude a delitos indeterminados) y con elevadas penas previstas. Luego se suman las fotos de sitios sospechosos (en general sedes de organizaciones o casas de referentes) y pasibles de allanamiento, algunos marcados con círculos.
Las y los abogados evalúan los caminos a seguir. La recusación del fiscal y el pedido de nulidad de todo este expediente es el camino más evidente, a riesgo de caer en una encerrona en la justicia provincial. También un amparo colectivo para proteger a las infancias (las que acuden a los merenderos). Perder la libertad es uno de los fantasmas más temidos y es a lo que apuesta el gobierno provincial, con el ejemplo palpable de Sala en el centro de la escena. «En Jujuy todos estamos en libertad condicional, Morales aniquiló el pacto democrático. Este expediente es otro experimento procesal: te denuncian, aparecen testigos anónimos, te allanan, secuestran bienes y te dicen que no estás imputado», explica con desazón Luis Paz. «Ya no me alcanza con pensar en la intervención del Poder Judicial de Jujuy, se necesita –concluye– la intervención federal de la provincia para restablecer la democracia y la división de poderes«.
La urgencia de una intervención
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos viajó a Jujuy la semana pasada con la idea de evitar detenciones y se encontró, además, con un vendaval de pedidos de ayuda y denuncias hasta de torturas y despojos de tierras. Sus integrantes pidieron reuniones, lograron ver al ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín, y estuvieron en la fiscalía. La respuesta de tinte represivo que los dejó perplejos fue que en los allanamientos «pudo haber excesos«. Es, a la vez, la forma de negar la sistematicidad de la persecución.
«Queremos dejar clara la urgencia y necesidad de la intervención del Poder Judicial de Jujuy, sea por la vía del Congreso o por decreto y que luego el Congreso lo reafirme. Se están violando cuestiones básicas de la vida democrática y el régimen republicano, no es solo la persecución a Milagro Sala sino a todas las organizaciones», le dijo a Página/12 Sergio Job, de la UTEP de Córdoba y uno de los integrantes de la delegación.
Uno de los logros de la visita fue que después de reunirse con el fiscal Diego Funes, éste les dio finalmente acceso al expediente a abogados y abogadas que se presentaron en representación de las personas que habían sido allanadas. Un pedido asombroso que escucharon en la fiscalía es que «garanticen que los denunciantes no sufran ningún apriete», cuando quedó claro que la causa no tiene denunciantes y que las víctimas fueron todas las personas allanadas.
La Comisión nació después del golpe de Estado en Bolivia, en 2019. Un grupo de militantes viajó entonces para relevar y visibilizar las violaciones a los derechos humanos del gobierno de facto de Jeanine Añez. Luego tuvieron misiones a otros países. Habían estado en Jujuy también. Esta vez fueron con apoyo y participación de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que mandó representantes de distintas zonas del país. También estuvieron María José Cano de ATE-CTA Nacional, la diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho, Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, Lisa Cabral, abogada del MTE, entre otros.
Entre las denuncias más inesperadas e impactantes que recibió el grupo, estuvo la de una familia entera (madre, padre, hijo e hija) que fue torturada en abril después de la represión en una movilización donde pedían alimentos para comedores y merenderos que se replicó en varios lugares de la provincia. Los tuvieron seis días detenidos, descalzos, bajo torturas y amenazas, primero en una comisaría y luego en la cárcel de Gorriti. Les atribuían un corte en la ruta 14 que, para peor, ni siquiera se llegó a consumar. Allí los habían emboscado desde debajo de un puente. También les quemaron el auto. Hasta ahora no se había animado a denunciar el horror vivido.
La Comisión recibió además 17 reclamos por despojos territoriales a comunidades indígenas o rurales que habitan esos lugares hace años. Una mujer de 35 años contó que es hija y nieta de pobladores ancestrales en Perico que produce protos, choclo y frutales. Después que murió el terrateniente a quien le habían adjudicado las tierras de la comunidad Churumata, una empresa administradora comenzó a arrasar los cultivos y amenazarla para que firmara contratos de arriendo, igual que a otros seis vecinos. Ella inició una acción para regularizar la situación y desde el año pasado quieren desalojarla. Fueron con policías con armas largas y cascos y hombres que se presentaron como funcionarios. La presencia de funcionarios en los desalojos es un denominador común en las denuncias, que suelen ser impulsadas por empresas ligadas a negocios publicitados por el gobierno de Morales: uno es un campo lindero a la producción de cannabis, los otros son proyectos mineros de hierro, oro, litio e hidrocarburíferos.
El resto de las denuncias de las que tomó nota el grupo están ligadas a la violencia en los allanamientos del 6 de julio, relatadas por Página/12, como el caso del padre y el hijo a quienes tuvieron esposados durante cuatro horas boca abajo mientras un ejército de policías revolvía la casa y les decía que buscaba papel carbónico para hacer el acta. La Comisión hizo notar dos coincidencias relevantes: el inicio del expediente el día del discurso de Gerardo Moreales en la apertura de sesiones y los allanamientos el día que se hacía una marcha por la persecución de dos jóvenes militantes de AJI-20 falsamente acusadas de amenazas contra el gobernador por un grafiti de cuya autoría no existe ni una sola prueba.
