El gobierno de Estados Unidos designó al expresidente de Paraguay Horacio Cartes como una persona “significamente corrupta” y resolvió prohibirle el ingreso al territorio estadounidense y congelar sus activos en ese país, informaron hoy los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora.
«Estados Unidos designa al expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara por su participación en actos de corrupción significativos. El expresidente obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político», señaló la administración de Biden en un comunicado.
La decisión supone que el exgobernante y sus familiares inmediatos «no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos», agregó el diplomático en una conferencia de prensa.
«Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación de crimen trasnacional que involucraba a sus socios», anunció el embajador de Washington en Paraguay, Marc Ostfield.
Según el diplomático, esa maniobra permitió que el ahora exmandatario siguiera participando «en actividades corruptas», entre ellas su vinculación con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por Estados Unidos.
«Esa no será nuestra última designación en Paraguay», advirtió el delegado estadounidense, quien asumió sus funciones en marzo pasado.
Además, afirmó que la designación de Cartes, así como la reciente extradición del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y el apoyo a la operación antidrogas y contra el lavado de activos «A Ultraza PY» son ejemplo del «continuo apoyo» de EE.UU. a la lucha paraguaya contra la corrupción y la actividad criminal.
«La designación de hoy reafirma el compromiso de EE.UU. en el combate a la corrupción y la impunidad que socavan la fe del pueblo paraguayo en sus instituciones democráticas», añadió.
En enero pasado, Cartes fue denunciado ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por «lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa», informó el entonces ministro paraguayo del Interior, Arnaldo Giuzzio, firmante de la acusación.
