El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, presentaría este martes una iniciativa en la Comisión Nacional de Semillas (Conase) para realizar una “compensación a la innovación tecnológica” por la cual “todos aquellos productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y comercialicen el producto obtenido” deberán pagar un canon por la soja y el trigo que siembren cada año.
El proyecto trascendió luego de la reunión que Domínguez mantuvo el martes pasado con representantes de los “obtentores” integrantes de la Asociación de Semilleros Argentinas (ASA).
El funcionario les habría comunicado que a partir de la próxima campaña de granos 2022-2023, se descontará a los productores un porcentaje del valor de los granos recibidos en plantas de acopio o puertos, con el cual se creará un fondo destinado a los semilleros.
El objetivo es que las empresas que invierten en mejoramiento de semillas puedan recuperar sus costos y apuesten por mayor tecnología.
Así, el Gobierno apelaría a un sistema en que los productores paguen una “tasa tecnológica” de hasta el 1,5% sobre el valor de la venta de trigo y soja, y que la recaudación se destine a compensar a las empresas de semillas y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), que son quienes desarrollan la tecnología.
Según consignó Bichos de Campo, los únicos exceptuados del nuevo tributo serían los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf).
La iniciativa apunta a que el 10% de lo recaudado sea destinado al Inta con el propósito de financiar “programas de investigación y desarrollo de germoplasma y tecnologías aplicadas”, mientras que el 88% sería derivado a “obtentores de variedades vegetales protegidas y titulares de la tecnología incluida en ésta”. Por último, el 2% restante se asignaría al Instituto Nacional de Semillas (Inase).
La actual Ley de Semillas, vigente desde 1973, no obliga a los productores agropecuarios a pagar por las semillas de soja y trigo que siembran. Estas, al ser autógamas, pueden ser reutilizadas sin perder rendimiento.
Sin embargo, la nueva normativa impediría la reutilización de las semillas por parte de los agricultores y obligaría a pagar regalías por lo sembrado en cada hectárea, incluso por el denominado uso propio.
El titular de la cartera agropecuaria mencionó en reiteradas ocasiones la necesidad de una actualización de la Ley de Semillas que permita al productor argentino “ponerse al ritmo de los países de la región”.
En Argentina, solo el 35% del mercado de soja está conformado por semillas legales y fiscalizadas, mientras que en países como Brasil, ese porcentaje alcanza el 70%, en Estados Unidos, 95%, y en Uruguay, 100%.
Sin embargo, para modificar la ley debería contar con la aprobación del Congreso y dado que no existiría esa posibilidad, el Gobierno busca lograr un acuerdo con las compañías e impulsar un DNU para concretar el cobro de regalías mencionado.
El coordinador del Area de Recursos Naturales del centro Fundar, Juan O’Farrell, manifestó a través de su cuenta de Twitter: “A pesar de que lo mejor sería reformar la Ley de Semillas, esto al menos atacaría algunos de los problemas actuales del régimen de propiedad intelectual: un desbalance en la distribución de la renta tecnológica, en contra de las empresas de semillas y a favor de los productores”.
“La medida atendería a una distorsión actual del uso propio gratuito, establecido para proteger a los pequeños productores. Hoy la mayor parte de ese beneficio se lo apropian grandes productores, por la estructura concentrada de la producción de soja y trigo”, agregó.
“Un aspecto negativo es cobrarles el uso propio gratuito a los productores más chicos, a quienes les cuesta mucho más cubrir los costos de los insumos. Razón por la cual desde hace décadas aumenta la concentración de la producción y disminuye la cantidad de productores”, concluyó O’Farrell.
La iniciativa recibió el rechazo de los productores, que habla de una nueva retención encubierta. «Esto afectaría directamente lo que, para algunas normas, es una excepción expresa de los agricultores a los derechos de obtentor y para otras normas es el derecho del agricultor de destinar parte del grano de su cosecha como semilla de uso propio», advirtió Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Además, afirmaron que no fueron consultados acerca del proyecto.
En la misma línea se pronunció Coninagro al manifestar que “luego de conocerse la información sobre una posible propuesta de pago de canon por el uso propio en semillas, nuestra entidad expresa que en ningún momento fue consultada respecto a este trascendido acerca de la Ley de Semillas que podría ser modificada mediante un DNU”.
“Rechazamos cualquier intento unilateral e inconsulto de modificar un tema tan sensible para el productor que representamos. El diálogo es un elemento fundamental para la toma de decisiones. En este contexto y sobre un tema que se debate desde hace más de 20 años estamos a disposición de las autoridades y del resto de los actores de la cadena para generar en conjunto una solución inclusiva y superadora”, concluyeron.
