El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el inicio de las obras del nuevo edificio del Archivo Provincial de la Memoria. El organismo estará emplazado donde funcionó el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, centro neurálgico del sistema represivo de la última dictadura cívico militar.
La propuesta fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, según dijo a este medio Julio Alak, quien dirige esa cartera. Y sostuvo que el Gobernador «se mostró muy interesado y presupuestó los fondos para que lo pudieramos hacer».
El espacio contará con más de 630 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en 5 plantas. Estará destinado a la preservación y difusión de la memoria, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Registro Único de la Verdad (Ley Provincial N° 12.498).
Según esta ley, todo integrante de la comunidad tiene derecho a conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y demás violaciones de Derechos Humanos ocurridos en relación con los hechos de la represión ilegal desarrollada entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
El Archivo de la Memoria bonaerense es el organismo encargado de preservar la documentación acerca de las violaciones de los derechos humanos en la provincia, en particular aquellas referidas a la última dictadura.
A partir de esta medida “se impulsa la puesta en valor de todos los espacios de memoria, con el compromiso de que se encuentren en perfecto estado”, sostuvo Alak. La construcción del Archivo Provincial de la Memoria funciona también como un acervo necesario de documentos que puedan constituir pruebas en los juicios de lesa humanidad, así como un respaldo de las políticas reparatorias del Estado bonaerense.
Construir sobre la Memoria
La historia del Destacamento de Inteligencia 101 ocupa un lugar preponderante en el entramado represivo desplegado en la zona sur del territorio bonaerense.
Desde 1975, esta dependencia de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército fue la base de operaciones desde la que se planificaron y ejecutaron secuestros, interrogatorios bajo tortura, asesinatos y otras acciones represivas ilegales. Ya en 1976, bajo el gobierno de facto, se desplegaron tareas de inteligencia en San Andrés de Giles, Luján, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos y Cañuelas. Además, tenía injerencia sobre las ciudades de San Nicolás, Mar del Plata y Junín.
En toda esa zona funcionaron 18 centros clandestinos de detención. En 2014, por los delitos de lesa humanidad cometidos en uno de ellos, denominado La Cacha, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó a nueve militares y personal civil de inteligencia del Destacamento 101, y pidió su desafectación. En 2021, la Agencia de Administración de Bienes del Estado cedió el predio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
La obra se enmarca en una serie de políticas reparatorias que lleva adelante el Gobierno provincial. Así lo advierte Alak, quien también sostuvo que “la Provincia nos ha instruido para hacer un relevamiento de los decretos vigentes que hayan sido dictados por dictaduras para proceder a su derogación”. El ministro recuerda, de esta forma, una deuda que los Estados locales aun mantienen con los preceptos de Memoria, Verdad y Justicia.
