«No fue magia, no fue genio empresarial, fue direccionamiento y corrupción», dijo en el primer día de su alegato en el juicio de la obra pública el fiscal Sergio Mola. La alusión irónica a la famosa frase de Cristina Fernández de Kirchner, acusada en este proceso (aunque apenas nombrada en las audiencias), dejó en evidencia la impronta política de la exposición de la fiscalía y generó cierta incomodidad incluso en el tribunal. Este fiscal comparte la acusación con Diego Luciani, hasta ahora el más visible o conocido de la dupla. El ministro de Justicia, Martín Soria, reveló en su cuenta de Twitter que Mola visitó la Casa Rosada el 16 de junio de 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri. No será el primer visitante judicial del expresidente en intervenir en este caso, donde ya participaron Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y podrán continuar haciéndolo con el aval que les dio la Corte Suprema el mismo día que rechazó todos los recursos de CFK en esta causa con tres años de tardanza.
«Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra @CFKArgentina entraba a escondidas al despachode Pepín Rodríguez Simón y Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país», escribió Soria, y adjuntó una foto de la planilla de ingresos a la Casa de Gobierno donde figura Mola, con la aclaración de que se trataba de un «fiscal general de la nación», que pasaría por la secretaría Legal y Técnica, por entonces a cargo de Pablo Clusellas, exponente de la llamada «mesa judicial» del macrismo. En esa época Mola era fiscal federal en Lomas de Zamora. En el Ministerio Público Fiscal es conocido como alguien de carrera judicial y su paso por las oficinas de la Rosada causó sorpresa entre algunos colegas, igual que algunas de sus expresiones en el alegato. Hasta ahora en el juicio había tenido un papel menor mientras que el protagonismo se lo llevaba Luciani, que este lunes inició su acusación con un tono vehemente, a sabiendas de que su presentación sería transmitida por varios canales de televisión.
Soria sostuvo que a ambos fiscales se los vio «más preocupados por ver cómo adjetivaban a la expresidenta que por exponer pruebas” e incluso involucraron «el sentido común» como si fuera parámetro en un juicio. «El único objetivo es la persecución contra Cristina Kirchner«, señaló. Recordó que sólo se peritaron ya iniciado el juicio 5 de las 51 obras viales cuestionadas «y que en ninguna se nombra a Cristina Fernández de Kirchner». «Escuchar a un fiscal hablando de relato y gritándole a una computadora es bastante triste«, añadió y pronosticó que tarde o temprano «esto va a terminar como las otras causas que se cayeron a pedazos: Dólar Futuro, Memorándum con Irán o la bendita carta de San Martín”.
Algunos viejos colegas de Luciani recuerdan con sorpresa el papel que tuvo años atrás, en 2013, en un asunto emparentado con el caso «Vialidad» que fue base del famoso juicio contra Lázaro Báez donde terminó condenado por lavado de dinero y que medios hoy opositores llamaron «La Ruta del dinero K». Parte de ese expediente, en sus más remotos orígenes, intentó ser manejado por el fiscal José María Campagnoli, quien tenía una causa sobre el financista Federico Eláskar, en la que en un comienzo estaba señalado por extorsión pero terminaba convertido él en víctima del empresario Lázaro Báez. Un consejo evaluador integrado por cuatro fiscales consideró que Campagnoli habría intentado condicionar la investigación sobre el tema en el fuero federal, se habría apartado de sus funciones, filtrado información y actuado con «fines no jurídicos». Quedaba claro ya entonces que el destino de esa causa era asociar la figura de Báez con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los fiscales de aquel consejo que pidió en un dictamen abrir el proceso de remoción contra Campagnoli fue Luciani, junto con Alejandro Alagia y Javier De Luca. Ricardo Alvarez se limitó a proponer un sumario. Luego el juicio caducó antes del veredicto.
En «caso Báez» la Cámara Federal de Comodoro Py, con Martín Irurzun a la cabeza por entonces, instó varias veces al juez Sebastián Casanello a involucrar a CFK. Su situación quedó en veremos, con una falta de mérito, pero sin sobreseimiento. Es decir, parte del expediente quedó abierto. Ella retiró recientemente la apelación ante el tribunal de alzada donde todo preanunciaba votos desfavorable de Pablo Bertuzzi (designado a dedo por Macri) y Mariano Llorens, otro de los visitantes del expresidente, a quien ambos vienen beneficiando en sus fallos.
El alegato de los fiscales Luciani y Mola en el juicio por las rutas en Santa Cruz –asombrosamente basado en una auditoría de la Dirección de Vialidad macrista que entre otras cosas decía que nunca se pagó ninguna obra que no se hubiera terminado y que las demoras eran las mismas que podían darse en otras provincias– seguirá por lo menos por siete audiencias más, a razón de tres días por semana.
La Corte Suprema fue la que dejó el camino despejado para que el proceso termine sin obstáculos al resolver planteos de la vicepresidente de tres años atrás, cuando comenzaba el juicio sin ningún peritaje concretado. Los supremos amagaron en aquel entonces con frenar el inicio pero los titulares de los grandes medios fueron más fuertes. Recién el 22 de junio último, cuando estaban por empezar los alegatos y el juicio entraba en la recta final, la Corte decidió rechazar los recursos de la vicepresidenta en una decisión de cariz claramente político. Junto con eso avaló la continuidad de la sala de la Cámara de Casación que, llegado el momento, deberá revisar la sentencia y que está integrada por los Borinsky y Hornos, junto con Javier Carbajo, los visitantes asiduos de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada en momentos claves en que estaban en juego decisiones judiciales que interesaban a Macri y que involucraban especialmente al kirchnerismo. Hasta ahora esos encuentros tuvieron protección de fallos en Comodoro Py que no advierten nada dudoso ni delictivo en ellos y así dan vía libre a esa práctica.
