Por Melisa Sala (*) y Guido Lorenzo (**)
Sergio Massa asumió como Ministro de Economía y anunció el primer paquete de medidas. Si bien no fueron un plan de acción consistente con un programa integral, al menos definió el carácter o rumbo de sus intenciones. El conjunto de medidas suena razonable, pero no hay detalles suficientes acerca de cómo logrará alguno de los objetivos que mencionó. Por otro lado, las medidas lucen incompletas hasta que no esté definida la política cambiaria y de tasas de interés.
En el frente fiscal se comprometió con la meta del 2,5% del PIB de déficit primario establecida por el FMI. Es un nivel que suena desafiante para la dinámica que venía mostrando el gasto en la primera parte del año.
Para alcanzarlo anunció una corrección más aguda del gasto en subsidios. A la segmentación derivada de la era de Martín Guzmán se sumará una quita de subsidios para consumos de energía por encima de un umbral definido en 400 Kw (y su equivalente en gas). Estimamos que en total esto implicará un ahorro equivalente a 0,3% del PIB en lo que queda del año.
Pero, aun así, considerando la inercia del gasto en salario y el gasto atado a movilidad, para lograr la meta del 2,5% el resto del gasto primario deberá ajustarse en 24 puntos en términos reales en el segundo semestre. Algunas partidas tienen una dinámica que hace difícil alcanzar ese objetivo, con lo cual el gasto en obra pública y las transferencias a provincias son las candidatas a recibir buena parte del ajuste real en el segundo semestre.
Hay que tener en cuenta que el ajuste real no implicará una desaceleración tan marcada respecto al primer semestre dado que la base de comparación anual en la segunda mitad del año está sesgada por el incremento del gasto producido luego de las PASO de 2021.
Hay que tener en cuenta que el ajuste real no implicará una desaceleración tan marcada respecto al primer semestre dado que la base de comparación anual en la segunda mitad del año está sesgada por el incremento del gasto producido luego de las PASO de 2021.
De esta manera, asumiendo que el déficit alcanza el 2,5% en 2022 y bajo la premisa que se cumple que no habrá más señoreaje, entonces la tasa de rollover promedio para lo que resta el año deberá alcanzar el 133%. Para descomprimir vencimientos mensuales se propuso hacer un canje voluntario de títulos en pesos a 90 días del cual aún no hay detalles. En los próximos 3 meses vencen $2,7 billones.
Para descomprimir la tensión cambiaria se anticiparon medidas comerciales y de financiamiento. Las primeras tienen que ver con un mayor control a las importaciones para evitar la sobrefacturación de las mismas mejorando la trazabilidad de los bienes y servicios importados. Para mostrar capacidad de control se anunció que se han detectado operaciones sospechosas que tendrán 60 días para retrotraerse.
Uno de los objetivos de la gestión está enfocado al aumento de exportaciones y para ello se destinó un programa de crédito con tasa de interés promocional para alentar primeras exportaciones por parte de empresas que solo venden en el mercado doméstico y mejorar las líneas de prefinanciación de exportaciones.
Si bien se especulaba con un tipo de cambio diferencial para la exportación de algunos productos y servicios, aún no hay anuncios sobre este régimen y rigen los beneficios implementados hasta el momento.
Con la mirada puesta en la disponibilidad de reservas internacionales se anunció un acuerdo por un adelantamiento de exportaciones por US$ 5.000 millones provenientes de sectores primarios. Cabe señalar que este flujo de exportaciones solo altera la estacionalidad de la disponibilidad de divisas, pero podría colaborar para aquietar la sensación de falta de dólares en el tercer trimestre para mantener el nivel de actividad.
- En materia estrictamente de financiamiento hubo anuncios de ofertas para realizar operaciones de repo en dólares que se utilizarían para recompra de títulos a fin de mejorar el precio de la deuda pública en moneda extranjera. Tampoco hubo detalles adicionales sobre estas operaciones.
Por otro lado, el ingreso de US$ 1.200 millones de organismos internacionales y US$ 750 millones por parte de la CAF se suman a los desembolsos del FMI para obtener financiamiento. Estos préstamos estaban contemplados igualmente en el programa del FMI con lo cual no debería tener mayor impacto.
Para apuntalar la demanda doméstica además se propuso un llamado a una mesa de diálogo entre la UIA y sindicatos, un reordenamiento de los programas de crédito bajo una sola línea de crédito nacional y algún tipo de auxilio para salarios entre $50.000 y $150.000.
A pesar del énfasis en la importancia en frenar la inflación no hubo medidas concretas acerca de ese objetivo. El nuevo ministro se mostró en una dirección de racionalidad en materia económica pero aún para que convenza restan 3 cosas: 1) saber en profundidad las medidas mediante las cuales logrará la meta fiscal, 2) conocer si tendrá el respaldo político para cumplir con el punto anterior y 3) conocer el resto de la programación macroeconómica que sea consistente con estas medidas.
Queda, principalmente, un interrogante acerca del rumbo de la política cambiaria que, en caso de utilizar esta variable como ancla nominal, se estará frente a un programa poco promisorio. En caso de que el tipo de cambio siga a la inflación se estará intentando reflotar el programa original firmado con el FMI.
En cambio, si la decisión es avanzar en un reacomodamiento del tipo de cambio real en un nivel más alto se puede pensar que se está iniciando un nuevo tipo de política económica, que podría dar lugar al inicio de un programa de estabilización posterior.
