Pocas veces se vio con tanta nitidez cómo funciona el dispositivo mediático-judicial-político como ocurrió con la exhibición durante nueve jornadas de una estrategia de fuegos artificiales de la fiscalía del juicio sobre la obra pública en la provincia de Santa Cruz destinada a tapar que en estos más de tres años de audiencias no se había probado nada que comprometiera a Cristina Fernández de Kirchner. Así, tal como anunciaron en su propia cadena los medios opositores que el fiscal Diego Luciani pediría una pena elevadísima para la vicepresidenta, finalmente este lunes requirió 12 años de prisión para ella e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La misma pena puso para el empresario Lázaro Báez y 10 años de cárcel para el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. CFK solicitó, a través de su abogado, Carlos Beraldi, ampliar su indagatoria ya que, escribió en Twitter, “los fiscales en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Como se veía venir, el tribunal le dijo que no. Ella anunció que este martes a las 11 hablará por sus redes sociales. Por la noche una movilización espontánea en su apoyo, en la puerta de su casa, fue reprimida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días”, volvió a tuitear la vicepresidenta. Por eso, anunció que este martes a las 11 a través de sus redes va “a demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”. Será una transmisión en vivo, a la que podrán acceder los medios.
A la mañana, después que CFK hizo público que pediría ampliar la indagatoria, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) notificó que los alegatos de las defensas comenzarán el 5 de septiembre: en la lista, a ella le tocó el sexto lugar. En el tramo final de la audiencia de este lunes, cuando los jueces anunciaron el rechazo al pedido para declarar, Beraldi, enfurecido les dijo: “Es una vergüenza que la limiten (a CFK) en el momento en el que tiene el derecho de contestar las barbaridades que se han dicho en la acusación (…) La persona acusada en un juicio tiene derecho a declarar cuantas veces considere necesario. No se puede confundir esa facultad con las ‘ultimas palabras’”. Dejó sentado que la decisión es “arbitraria y que desnaturaliza el desarrollo de este proceso”. La audiencia estaba presidida por Rodrigo Giménez Uriburu, el integrante del tribunal que comparte equipo de fútbol, La Liverpool, con Luciani, con quien jugaron en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri cuando era presidente. Beraldi anticipó a la noche, en C5N, que la vicepresidenta expondrá las principales falacias de la acusación de la fiscalía.
“Esto no es un juicio, es una farsa”, sostuvo el abogado, y responsabilizó de las anomalías a la Corte Suprema, que tuvo tres años cajoneados los reclamos de CFK porque el juicio estaba por comenzar (y así ocurrió) sin peritajes y justo antes del inicio de los alegatos los rechazó. “Hoy salió a la luz el Partido Judicial. Y tiene en este caso algunos de sus cabecillas. Son antidemocráticos, no los eligió nadie. Llegaron a decir que todas las cuestiones que hacen los gobiernos democráticamente elegidos pueden ser revisadas por los jueces”, advirtió Beraldi.
El mensaje de los fiscales
El mensaje que buscan dejar los fiscales Luciani y Sergio Mola es que el kirchnerismo no fue o es un proyecto político (al que a la vez un sector judicial descalifica por ‘populista’) sino una organización delictiva para apropiarse del dinero público. Para eso exprimieron el último día del alegato con la misma fórmula discursiva que usaron desde que le dieron inicio, con frases repetidas. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”; “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”; “arrasaron todos los principios de contratación pública”; “los organismos de control están parasitados”, fueron algunas de las expresiones que apostaron a instalar. También afirmaron que para ellos el perjuicio al Estado fue de 5231 millones de pesos, que pidieron decomisar.
No queda claro en qué se basa el cálculo, dado que el TOF2 sólo autorizó peritar cinco de las 51 obras viales cuestionadas. Beraldi recordó que participó el perito Eloy Bona, con aval del tribunal, pese a que tuiteaba contra CFK. “Señores jueces, este es el momento, es corrupción o justicia”, fue otra frase rutilante de Luciani. Antes había cuestionado a la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidió absoluciones, y a la Oficina Anticorrupción (OA) por dejar de querellar. Ambos habían sido utilizados por el macrismo para fogonear causas contra opositores.
Luciani dirigió ciertos tramos derecho a CFK al achacarle haber “defraudado” “a los ciudadanos que la votaron” y la acusó de haber “demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general por dilapidar fondos púbicos y a los ciudadanos de Santa Cruz en particular”. Dijo que tenía “poder de dirección” y que buscaba el “lucro personal”. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, dijo. “La misma imputada desafió a este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que el Poder Judicial es el que condena o absuelve”, provocó. Se despachó también contra Alberto Fernández y le atribuyó una “injerencia indebida” en el juicio.“Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, chicaneó el fiscal y le adjudicó esta vez “defender puerilmente a su compañera de fórmula”.
Lo que declaró Alberto Fernández fue lo siguiente: “Un presidente o un jefe de Gabinete están muy lejos de cada obra en particular. En casi todos los casos, lo que se decide es la adjudicación de fondos, pero luego es la provincia la que licita, adjudica y controla. Se imagina que es imposible que yo controle, hoy en día, 3.000 obras que tenemos andando y 100.000 viviendas que se están construyendo. Ese control no lo ejerce ni un ministro. Se miran los grandes números, si se está cumpliendo con la ejecución”. Como es obvio, esta afirmación conspira contra la idea que planean de los fiscales de que CFK debía estar al tanto de todo. Al presidente tampoco le preguntaron cuando testificó sobre las razones de su renuncia.
La vicepresidenta recibió respaldo de todos los sectores del Frente de Todos, de la CGT y la CTA al igual que referentes de izquierda. El Gobierno nacional difundió un comunicado donde condenó “la persecución judicial y mediática”, el abuso de la figura de la asociación ilícita, la aplicación de la prisión preventiva como pena anticipada y señaló la falta de pruebas. El presidente se solidarizó personalmente con la vicepresidenta por Twitter y luego se comunicó con ella. La Asociación de Fiscales saltó enseguida a cuestionarlo por la supuesta interferencia.
Pruebas falsas
En la edición del último domingo de Página/12, se resaltó que en los tres años que lleva este juicio pocos medios de comunicación le dieron cobertura. Los alineados con la oposición lo ignoraron porque audiencia tras audiencia se desmoronaba la acusación y la vicepresidenta no era ni mencionada. Incluso a la hora de alegar los fiscales no pudieron exhibir decreto ni orden administrativa, correos o mensajes que vinculen a la expresidenta con la obra pública en Santa Cruz, sólo una serie de especulaciones.
Es más, el informe de la Dirección de Vialidad que hizo la gestión de Javier Iguacel al comienzo del gobierno de Macri, y que dio lugar a la causa, señalaba que las obras que se pagaron fueron las que se hicieron y que los plazos estaban dentro de lo previsto. Como sea, sostienen que es jefa de una asociación ilícita.
Para eso, al momento del alegato –que evidentemente hicieron en forma remota para abarcar más audiencias y leer (aunque no está permitido) su exposición– recurrieron a pruebas falsas y a otros expedientes, que introdujeron apenas antes de comenzar, o sea, ya terminado todo el desarrollo central del juicio. Es decir, son cuestiones que no formaron parte del debate oral y que incluso en algunos casos son mentirosas.
- Uno de los ejes fue traer al presente el juicio por los bolsos que llevó José López al convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares. El fiscal Mola llegó a decir que ese dinero a López se lo dio un secretario de CFK, Fabián Gutiérrez, cuando durante la investigación y el juicio en el que López fue condenado ya había quedado demostrado que el exsecretario de Obras Públicas tenía el dinero escondido en su casa en Río Luján, en un cuartito de difícil acceso (se llegaba por una escalera apartada), e incluso los billetes tenían impregnada la humedad del lugar.
- Los fiscales habían mostrado chats extraídos del teléfono de López (es parte de lo que agregaron a último momento) pero lo que hallaron fueron dos mensajes de 2014 y 2015 en los que el exfuncionario le decía a un secretario de la entonces presidenta que Lázaro Báez reclamaba que le paguen, algo que hacen todos los empresarios que contratan con el estado. La conversación no era con ella. Se aferraron a mensajes que indican que el empresario y CFK tuvieron dos reuniones en 2010. También evocaron el nombre de Máximo Kirchner, que no está imputado en esta causa.
- Otra causa a la que aludieron para alimentar la imagen de una mega maquinaria de corrupción es la conocida como la “Ruta del dinero K”, donde Báez fue condenado. Usaron el testamento del empresario, que tiene como beneficiarios a sus cuatro hijos con la condición de que no pueden dividir la empresa ni los bienes durante 30 años, según dijo el juez Sebastián Casanello. Para la fiscalía, eso implicaría que el dueño/a de la fortuna sería otro, cuando en realidad el mecanismo que se usa para ese tipo de ocultamiento son sociedades off shore o similares. Tampoco aparece ningún Kirchner.
- Aludieron a dos causas cuyos juicios orales no se hicieron, como si algo de esos expedientes probara delitos: uno es “Hotesur – Los Sauces”, sobre el cual señalaron que los hoteles y alquileres eran formas de blanqueo de dinero pese a que todos los imputados, incluida CFK, están sobreseídos; el otro es el caso “Cuadernos”, del que tampoco se hizo el juicio pero se utilizó para dar por sentado el pago de coimas. Según parte del alegato, hubo constructoras que se presentaron en las licitaciones de Santa Cruz para simular una competencia y que ganaran las empresas de Báez. Luciani pidió que se investiguen posibles delitos de las empresas Petersen, de los Eskenazi, y Esuco, de Carlos Wagner, que lideraba la Cámara de la Construcción. Báez era enemigo de esa cámara, no se entiende por qué lo ayudarían.
