Luego de que el fiscal Diego Luciani pidió doce años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa de Vialidad, además de su «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos«, el presidente Alberto Fernández llamó a CFK por teléfono, hablaron «de todo lo que está pasando» y quedaron en verse.
El repudio a esta nueva embestida del Poder Judicial contra la expresidenta se hizo escuchar desde todas las terminales del oficialismo, sin excepción, empezando por el presidente Fernández, siguiendo por el ministro de Economía y tercera pata del FdT, Sergio Massa, diputados, senadores, legisladores, intendentes y hasta la CGT. «Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta«, dijo Fernández en sus redes sociales. En un comunicado oficial de Presidencia, desde el Ejecutivo agregaron que «el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy».
El TOF 2 rechazó el pedido de la vicepresidenta, que el lunes por la mañana había solicitado la ampliación de su declaración indagatoria para la audiencia de este martes y no se descarta que haya movilizaciones de la militancia para respaldarla. Ella ya anunció que «mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».
«Estamos a la espera y preparando el clima para mover», aseguraban a este diario desde las agrupaciones de base. De forma oficial, sin embargo, desde La Cámpora todavía no confirmaron una marcha. En las redes sociales, mientras tanto, se viralizó un cartel que militantes colgaron en uno de los puentes que cruzan el Riachuelo. Allí se consignaba: «ya cruzamos por Perón, cruzaremos por Cristina». La referencia es al 17 de octubre, cuando los trabajadores cruzaron ese mismo río para ir a Plaza de Mayo a pedir por la liberación del entonces coronel.
El Presidente estuvo durante casi toda la jornada en Casa Rosada, incluso suspendió una actividad que tenía prevista para la mañana en el viaducto Belgrano Sur, y desde su despacho escuchó la última audiencia de los fiscales que duró casi diez horas. Minutos antes de que termine la presentación de Luciani, desde la vocería presidencial enviaron un comunicado oficial de presidencia en el que el Gobierno expresó que «ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno».
Sergio Massa, una hora después de finalizada la presentación de Luciani, también publicó un mensaje. En sus redes sociales compartió el comunicado de presidencia y añadió «es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes». El ministro de Justicia, Juan Martín Soria, en tanto, añadió que «antes era el Partido Militar y la proscripción. Hoy es el Partido Judicial pidiendo ‘inhabilitación perpetua’ con causas armadas y sin pruebas. Tienen el mismo sueño desde el 17 de Octubre de 1945. Nos bombardearon, fusilaron y desaparecieron. No nos han vencido».
Este domingo los diputados del bloque del Frente de Todos habían emitido un comunicado en apoyo a la vicepresidenta, al igual que un grupo de más de 500 intendentes de todo el país. El lunes hicieron lo propio desde el bloque de senadores oficialistas. «La persecución política y judicial a la compañera Cristina Fernández de Kirchner no es otra cosa que otro intento burdo de condicionar a la democracia argentina», opinaron.
Los legisladores del Frente de todos de la Ciudad de Buenos Aires también sumaron su repudio. Además de decir que «acompañan a Cristina», denunciaron que «la saga de los fiscales y los jueces que juegan al fútbol con el impune de Mauricio Macri en su propia quinta no es más que un símbolo patético de un Poder Judicial alineado en forma irrestricta y servil con el poder real«. Para los legisladores, «detrás del intento de encarcelar a Cristina, de proscribirla, de difamarla, apenas se esconde la voluntad de que votar sea un ejercicio inocuo: de que no elijamos un modelo de país, sino que optemos entre diferentes administradores obedientes».
Otro de los repudios vino por parte de la Confederación General del Trabajo (GGT). El triunvirato expresó en un comunicado oficial que «rechaza la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra de la expresidenta en ejercicio de un mandato constitucional». En esa línea, agregó que «no hay una sola prueba material que relacione a CFK con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito». Para finalizar, añadió que «el show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la expresidenta y de todo el Peronismo. Esperamos que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación».
Las publicaciones en redes sociales fueron de funcionarios de todos los espacios políticos que conforman el frente oficialista. No hubo excepciones. Además de los kirchneristas, sobresalieron los de varios dirigentes cercanos al Presdiente como el secretario de Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el canciller, Santiago Cafiero y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Todos hicieron hincapié en que no hay pruebas en contra de la vicepresidenta y que hay una clara parcialidad del Poder Judicial. Ibarra, por ejemplo, expresó que «estamos frente a funcionarios judiciales que, con intencionalidad política, califican a un gobierno elegido democráticamente como una asociación ilícita. Eso lastima la democracia. Las decisiones políticas están reservadas a las urnas, no a los jueces».
Juan Grabois, de la UTEP, hizo un paralelismo interesante entre los años de condena que solicitó Luciani y los años de gobierno kirchnerista: «12 años… un año de prisión por cada año de gobierno. No es una coincidencia numérica sino una amenaza mafiosa del poder real», dijo y agregó que «la amenaza no está dirigida a CFK, sino a todos los demás, para que nadie se les anime nunca más».
