Durante su alegato contra Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Diego Luciani insistió en invocar el “sentido común”, un concepto generoso que habilita una afirmación que él mismo utilizó: como presidenta no podía ignorar lo que sucedía. Para que esa suposición sea delito, hacen falta pruebas. El pedido de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se basa en la supuesta centralidad del papel de la expresidenta en la obra pública, un presunto vínculo estrecho y de favoritismo con Lázaro Báez, sobreprecios y redeterminaciones excesivas, demoras irregulares en la construcción de rutas, la búsqueda de ganancias personales y el blanqueo de dinero a través de hoteles y alquileres.
Ayer, en su hora y media de exposición, Cristina Kirchner usó las mismas pruebas que la fiscalía metió por la ventana, para señalar que si alguien tenía vínculos con empresarios de la obra pública no era ella sino el exsecretario del área José López, y que sus preferidos eran personajes del mundo macrista, como Nicolás “Nicky” Caputo, con quien tenía un trato familiar. Es más, quedó claro que nadie quiso investigar el origen del dinero de los bolsos de López pese a las pistas. Dejó expuestos los negocios que la propia Justicia apaña, con los chats del exfuncionario, y citó momentos de estos tres años de juicio ignorados por la mayoría de los medios, que van a contramano de las graves acusaciones que se esgrimieron en su contra.
Aquí algunos de los argumentos que surgen de la defensa que CFK hizo a través de sus redes sociales, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) le rechazara ampliar su indagatoria (pese a que tiene ese derecho), y que se contraponen con las teorías de los fiscales Luciani y Sergio Mola.
Los chats de José López
Uno de los ejes de la fiscalía le atribuye un papel medular a Cristina Fernández de Kirchner en el trato con Báez y las decisiones sobre los pagos de las obras de su empresa Austral Construcciones. Para sostener esto trajeron chats de José López del juicio por enriquecimiento ilícito (donde fue condenado) que el tribunal les autorizó justo antes del alegato, prueba que no fue tratada en las audiencias.
Son comunicaciones entre fines de 2013 y hasta que López fue detenido, en 2016, cuando arrojaba los bolsos en el convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares. “Mi sorpresa cuando ingreso a las 9000 páginas es que Lázaro Báez tiene, el que sería socio o asociado ilícito mío, de José López, del arquitecto De Vido, del ingeniero Periotti, tiene un solo mensaje del 8 de octubre de 2014, tiene otro entrante de julio de 2015 y otro del 1 de diciembre del 2015” con el exsecretario de Obras Públicas, dijo la vicepresidenta.
Los fiscales mostraron contactos entre Julio Mendoza, gerente de Austral, con López, o con un secretario suyo y con un secretario de CFK. El empresario quería que le paguen. Pusieron el foco en un mensaje que sugería que Báez se reuniría con “la jefa”, como si eso diera cuenta de un delito. Con la vicepresidenta no hay comunicaciones e incluso dijo que no usa Whatsapp, sino Telegram.
Los negocios con Nicky Caputo y Eduardo Gutiérrez
Lo que mostró ayer y que Luciani y Mola, si es que vieron dejaron pasar, son otros datos de las comunicaciones: López hablaba con confianza con el empresario “Nicky” Caputo, a quien Mauricio Macri describió como su “hermano de la vida”. Con él tiene 109 comunicaciones. Con otro empresario, Eduardo Gutiérrez, dueño del grupo Farallón, dueño de la casa donde vivía López, tiene 177 contactos y un tono similar; y con otro constructor, Juan Chediack, tiene 86. En 2015 Gutiérrez aportó 1 millón de pesos a la campaña de Macri.
Caputo y López se hablan en forma distendida. En una conversación deliberan si hablar por celular o por la línea. Caputo está en Estados Unidos, López le dice que lo llame al celular si no quiere que “escuche todo el país”. En otra hablan entrada la noche, cerca de las 23. Aluden a diferentes obras. Una, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, obra en la que, recordó la expresidenta, la licitación la ganó Iecsa, que había sido de los Macri y figuraba a nombre del primo del expresidente, Angelo Calcaterra, en sociedad con Odebrecht.
Las empresas tenían que obtener su financiamiento, pero el gobierno de Macri resolvería después, por decreto, otorgarle 45 mil millones de pesos. En intercambios López-Caputo en 2015 aparece un curioso pedido del primero al segundo: “¿Podrías pedirle al IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) que paguen Castañares? Le enviamos los fondos y no pagaron y mañana habrá problemas en la obra». “Ya está lo harán”, llega la respuesta.
En otras charlas Caputo le dice al exfuncionario que espera que a su vuelta se “junten a comer los 6” y le pide un favor con otra obra. El último mensaje es del 13 de agosto de 2015, después de las PASO. En las charlas con Gutiérrez, éste le reclama pagos y hablan como amigos. Con todos, también con Chediack, habla de números, de cuestiones presupuestarias.
Nada de esto que mostró Cristina Fernández de Kirchner fue investigado. El teléfono de López pasó por muchas manos hasta este juicio de Vialidad inclusive pero, advirtió, parece que a nadie le llamó la atención. El caso de los bolsos era perfecto “para poder investigar la corrupción”, dijo, porque incluso había una pista: parte del dinero había pasado por el Banco Finansur, vinculado con Jorge Sánchez Córdoba, directivo de Boca, con Macri. “Cuando el fiscal Luciani dice que aprieta y sale pus, tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas”, disparó.
Los fallidos testigos de la fiscalía
* Sobre el supuesto favoritismo con Báez, CFK leyó un testimonio de la fiscalía: el de Laura Hindie, jefa de legales de Santa Cruz de la Dirección de Vialidad Nacional, que contó que con el gobierno de Cambiemos, el entonces director de Vialidad, Javier Iguacel, llegó en un patrullero a la delegación, la intimidaron y la obligaron firmar un documento que decía que a las empresas de Báez no se les debía nada, se les había pagado todo. Era como para mostrar que habían tenido un trato preferencial. “Le soy sincera —declaró Hindie— no corroboré nada y firmé”.
Una de las primeras cosas que dispuso Iguacel fue una auditoría exclusivamente sobre las obras de Santa Cruz, no de otras provincias. Uno de los empresarios testigos del juicio, Carlos Wagner, al frente de la Cámara de la Construcción, dijo que era lógico que les dieran los obras a las empresas locales, ya que tienen “ventajas competitivas». La fiscalía lo acusó de fingir que se presentaba con su empresa, Esuco, a la licitación para favorecer a Báez, curioso porque estaban en veredas opuestas. Algo similar dijo Calcaterra.
Hubo, según la fiscalía, sobreprecios y redeterminaciones excesivas de precios de las obras (un fraude, dicen, de 5321 millones de pesos). El juicio comenzó sin ningún peritaje de las obras, pese a los reclamos de CFK, porque así lo habilitó la Corte Suprema solo con su silencio. Primero pidió el expediente y lo devolvió —bajo presión mediática— en 24 horas. Con tres años de demora, a punto de empezar los alegatos, rechazó los recursos. El TOF2 ya había ordenado y recibido el análisis de cinco de las 51 obras denunciadas.
Los tres peritos contadores (dos oficiales y uno de la defensa) dijeron que no hubo sobreprecios. Entre los ingenieros no hubo unanimidad. Eloy Bona y Roberto Panizza señalaron que se pagó de más. La perito de la defensa, Adriana Alperovich sostuvo que se pagó lo correcto. Bona fue recusado porque tuiteaba en contra de CFK sin disimulo antes del juicio, pero el TOF2 lo respaldó. Al declarar comparó erróneamente obras de recuperación y mantenimiento de rutas con la construcción de autovías; comparó con obras licitadas mucho después y con contratos rescindidos.
Panizza se basó en la revista El Constructor que tomaba como referencia una ruta bonaerense sin tener en cuenta que para construir una autovía en Santa Cruz habría que transportar 2000 kilómetros una carga enorme de asfalto a una temperatura de 120 grados. Todo esto sin contar que el informe original de Vialidad decía que en las obras se pagó lo que se hizo y a valores razonables.
CFK recordó que otro testigo de la fiscalía, David Bahamondez, explicó el mecanismo por el cual se redeterminan los precios de las obras según la inflación. En la época en cuestión se aplicaba un decreto del gobierno de Eduardo Duhalde que decía que si había una variación superior al 10 por ciento había que modificar los precios. Con Nelson Periotti como director de Vialidad, se hacían tres por año, según el testigo.
El gobierno de Mauricio Macri cambió el decreto y se permitieron redeterminaciones con el 5 por ciento “lo que llevó a que fueran casi permanentes, casi diez por año y el gasto del Estado se duplicó”. El hombre trabajó en esos cálculos hasta 2015 en Vialidad y declaró que “nunca hubo una intención de que haya algún sobreprecio. Nos basábamos siempre en los números del INDEC”, que nadie le pidió que modificara nada y que había controles de auditoría interna y la Sindicatura General.
Los atrasos y los pliegos
Según los fiscales, había demoras excesivas de obras de Austral Construcciones que se pagaban igual. Otro testimonio de la fiscalía, el de María Re, quien supervisaba obras declaró: «No conozco obras, ni una sola, que no tenga atrasos, postergaciones, prórrogas. Pero eso ocurre con todas las empresas del país y en especial en la Patagonia (…) si a una máquina se le rompe un tornillo, no hay forma de reemplazarlo, hay que buscarlo en Buenos Aires”. También relató que la gestión de Iguacel persiguió a quienes venían de la gestión anterior.
Leandro Martín García, el interventor de Vialidad designado por Iguacel en Santa Cruz, dijo que las obras de Austral Construcciones quedaron paralizadas porque el macrismo les quitó la concesión. Al margen afirmó que nunca vio que se cumplieran los plazos asentados en los pliegos. Se podría sumar que Calcaterra declaró que no conoce “una obra que comience y termine a tiempo”.
Un año de prisión por cada año de gobierno
De acuerdo a la fiscalía, el gobierno de CFK funcionó como una organización ilegal que quería robarse el dinero público. Así, lo desconoce como proyecto político. Le piden 12 años de prisión, dice ella, por sus logros: por la memoria, la verdad y la justicia, el desendeudamiento, el fin de las AFJP, la nacionalización de YPF, «y el sueldo de los laburantes».
Entonces instalan la figura de la asociación ilícita para lo cual deberían mostrar que todos los integrantes se ponían de acuerdo para cometer delitos y qué directivas daba ella. Pero no aparece eso en la prueba: ni comunicaciones, ni correos electrónicos, ni testimonios que den cuenta de algo así. La vicepresidenta no había sido nombrada en las audiencias del debate del juicio. También le atribuyeron el blanqueo de dinero con el alquiler de hoteles, tema de un caso (Hotesur–Los Sauces) donde fue sobreseída.
Así funciona una batalla donde la fiscalía apostó a mezclar datos tramposos, hasta falsos, introducidos fuera de tiempo, con el relato mediático y las pruebas reales. Ahora viene la discusión, rumbo a la Cámara de Casación, por las recusaciones por los vínculos de jueces y fiscales con el macrismo. Desde el 5 de septiembre alegarán las defensas.
