En su visita a Bariloche el presidente Alberto Fernández tuvo un breve encuentro con integrantes de comunidades indígenas y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, quienes explicaron que está siendo violado el plexo normativo provincial, nacional e internacional que protege sus derechos. En su paso por la provincia de Río Negro el mandatario inauguró el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente y recorrió obras del Instituto Balseiro junto a la gobernadora Arabela Carreras y al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus. Además, aunque las crónicas del viaje lo omitieron, en un alto de la recorrida Fernández escuchó a Felisa Curamil, del Consejo de Participación Indígena; a Ramiro Buenuleo, integrante de la Mesa Coordinadora del Parlamento zonal Andina; y a Horacio Antillanca, integrante de la Comisión Plurinacional Furilofche. «Como mujeres mapuche le queremos hacer llegar nuestra solidaridad a la vicepresidenta», arrancó Curamil.
Antillanca, Buenuleo y Curamil le entregaron una nota donde exigieron «el cumplimiento del derecho Indígena, la ley de relevamiento territorial, y la Consulta Libre Previa e Informada, y que la Justicia deje de perseguir a las comunidades Mapuche por defender el territorio». Le pidieron al Presidente que exija a los gobiernos provinciales el cumplimiento de los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Constitución Nacional, la ley provincial 2287 y la ley nacional 26.160, «que son derechos que hemos adquirido en la lucha». Cuando expresaron que siempre han privilegiado el diálogo por sobre el conflicto, Fernández quiso saber qué había pasado con la mesa de diálogo iniciada durante la gestión de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad. «Nosotros siempre hemos sido dialoguistas, los gobiernos provinciales no», le respondieron.
«A través de las justicias provinciales y los grandes poderosos se están violando todos nuestros derechos, queremos que usted como Presidente del Estado nacional argentino cumpla y haga cumplir la Constitución en su artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos», dijo Antillanca. «Pedimos que la justicia de Río Negro deje de perseguirnos en nuestra demanda por el territorio, esperamos una respuesta», agregó Curamil.
La Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro había manifestado que «claramente la responsabilidad es del Estado». A través de su vocero, Orlando Carriqueo indicó que «mientras el gobierno de Río Negro que encabeza Arabela Carreras se niega a reconocer el derecho indígena, nuestra organización en los últimos días ha podido visibilizar nacional e internacionalmente la grave situación de violaciones de nuestros derechos, y en ese sentido la visita del Relator Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas para las Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, y la visita del Presidente Fernández a Territorio Ancestral Mapuche pone de manifiesto la necesidad de reconocer el Genocidio fundante del Estado Argentino».
Sin paz en Cuesta del Ternero
Una vez vencido el acuerdo de seis meses establecido por la Justicia, integrantes de la Lof Quemquemtreu solicitaron renovarlo pero el empresario Rolando Rocco que explota forestalmente esas tierras se negó. Por eso el grupo mapuche sería juzgado por el delito de usurpación y el predio podría ser desalojado. En ese campo ubicado entre El Bolsón y Bariloche el 18 de septiembre se produjo la recuperación territorial de esa comunidad, y el 21 de noviembre fue asesinado Elías Garay, uno de los jóvenes miembros de la Lof, a manos de dos personas vinculadas con el concesionario Rocco.
La abogada de la comunidad Andrea Reile solicitó que sea designado un juez de juicio y se realice la audiencia de control de acusación donde serán evaluadas las pruebas para que el caso sea elevado a proceso oral y público. «La etapa de investigación está cerrada, el juez de garantías Ricardo Calcagno no tiene jurisdicción para tomar ya ninguna medida, lo mismo considera la fiscalía», indicó la letrada a Página12. Los imputados por la presunta usurpación de predio son Romina Jones, Alejandro Morales, Ariadna Mansilla, Lautaro Cárdenas, Mauro Vargas y Juan Baeza.
La comunidad mapuche sigue sosteniendo que “el proceso de reivindicación territorial se encuentra enmarcado como parte del levantamiento espiritual en Puelmapu. Sólo retornando al territorio es la única manera de reconstruirnos como pueblo en todos los aspectos”. Jones enfatizó que la Lof “va a seguir defendiendo el territorio mapuche, aunque nos cueste la vida”.
En tanto, el abogado del empresario forestal, Ernesto Saavedra, dijo que el convenio por el cual se establecía una tregua “fue denunciado por incumplimiento” y se solicitó que se retomen los plazos procesales para avanzar hacia el desalojo.
En ese lugar denominado Tapera de los Álamos ubicado a 90 kilómetros al sur de Bariloche, a cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel –ocurrida a orillas del lago Mascardi, en 2017–, Garay fue asesinado cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio. Otros de sus compañeros fueron heridos de gravedad.
