El juez porteño Roberto Gallardo, quien tras la represión del sábado 27 de agosto frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta dispuso que la Policía de la Ciudad se ocupe del delito en las adyacencias de la vivienda pero se abstenga de intervenir en la custodia de CFK y de impedir que las personas se manifiesten, rechazó este martes la recusación en su contra que presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
«No comparto ninguno de los extremos planteados” por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, “por ser improcedentes y carentes de sustento fáctico” y jurídico, “no deberían prosperar”, sostuvo el juez en su informe a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que deberá resolver el pedido de apartamiento formulado desde el Gobierno porteño.
En el pedido de apartamiento, el Ejecutivo encabezado por Horacio Rodríguez Larreta cuestionó que el magistrado ordenó una serie de medidas judiciales sin que se lo pidieran las partes «confundiendo su rol de director del proceso”.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende apartarme del conocimiento de la causa basándose en una serie de afirmaciones dogmáticas y carentes de todo fundamento y sin justificar en concreto, en ningún caso, como se habrían configurado las supuestas transgresiones al ordenamiento procesal”, afirmó Gallardo en el informe al que tuvo acceso Télam.
La acción de amparo la había iniciado el 27 de agosto último el dirigente social Juan Grabois para que “se levanten las vallas colocadas sobre la calle Juncal en su traza entre las calles Paraná, Uruguay y Talcahuano” y se “garantice la libertad de circulación de las personas, los derechos a la libertad de expresión en su faceta de derecho a manifestarse en la vía pública”.
Luego se presentaron Ofelia Fernández (como habitante y diputada de la Ciudad) y los legisladores porteños Claudia Neira y Claudio Ferreño, quienes adhirieron al amparo.
Más tarde fue promovida otra causa a instancias de Paula Penacca, Mariano Recalde, Javier Andrade, Franco Vitali y Juan Pablo Modarelli, invocando su carácter de asistentes y/o convocantes “a la movilización y concentración que se está llevando a cabo en el cruce de las calles Juncal y Paraná y alrededores, en protesta contra la persecución judicial que está sufriendo la vicepresidenta de la Nación”.
La recusación contra Gallardo había sido anticipada por Larreta durante una conferencia de prensa, donde afirmó en un intento por aplacar las críticas del ala dura del PRO, que lo había cuestionado por levantar las vallas del domicilio de la vicepresidenta: «El juez nos ordenó que no nos ocupemos más de la seguridad de la calle en la Ciudad», «que dejemos de cuidar a los vecinos y no lo vamos a hacer”, por eso «lo recusaremos”.
Contrario a lo que afirmó Larreta, Gallardo sostuvo en su fallo que la Policía de la Ciudad tiene que ocuparse del delito en las adyacencias del domicilio de la vicepresidenta, pero debe abstenerse de intervenir en la custodia de CFK y tampoco puede impedir que las personas se manifiesten, a favor o en contra de Cristina.
Gallardo incluso puso un ejemplo en el fallo: “Para ser bien gráficos y evitar interpretaciones tendenciosas de lo que aquí se va a resolver. Si se produjese un arrebato o un robo a un kiosco de enfrente de la casa de la señora Kirchner, obviamente esas situaciones corresponden a la policía local. No sea cosa que se pretenda decir ahora que los vecinos de la vicepresidenta quedarán sin protección policial y se los atemorice con esa opción”.
