El gobierno nacional pasó para esta semana, cuando regrese Sergio Massa de su gira en Estados Unidos, la definición de quiénes cobrarán el bono que otorgará la Anses a los sectores más vulnerables. En las negociaciones con el Gobierno, los movimientos sociales acordaron las líneas generales de la medida: el ingreso llegaría a dos millones cien mil personas, que recibirían un monto de 16.500 pesos mensuales. El bono será pagado con una parte de lo que el Estado recaude con las exportaciones del complejo sojero durante este mes, a raíz del beneficio del dolar soja. Sin embargo, todavía está pendiente que el ministro de Economía determine qué porcentaje de lo recaudado será destinado a financiar el bono por lo que, por ahora, su creación es una promesa.
Fuentes del Gobierno señalaron a este diario que está prevista una reunión, a concretarse en los próximos días, entre las autoridades del Ministerio de Economía y de la Anses para formalizar el bono.
El ingreso está siendo pensado para los trabajadores informales de bajos ingresos y que no reciben ninguna ayuda estatal. El compromiso es que sea pagado durante tres meses, desde octubre hasta diciembre.
Las organizaciones que impulsan la campaña por la creación de un salario básico universal apuestan a que, de acá a fin de año, el Congreso Nacional apruebe una ley para convertir este bono en un derecho, dándole continuidad y carácter permanente. Por eso consideraron a los recientes anuncios como “insuficientes” pero “significativos”.
Así lo piensa Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos que junto a Nuestramérica, el Frente Darío Santillán, la CTA Autónoma y La Poderosa realizaron las movilizaciones en reclamo por la creación del ingreso destinado a erradicar la indigencia.
La propuesta no es nueva,pero resurgió este año, luego de la firma del acuerdo con el FMI y ante el agravamiento de la situación social por el aumento de los precios de los alimentos. En los meses en que los cuestionamientos de Cristina Kirchner al rumbo ecónomico defendido por Alberto Fernández llegó a un pico, la vicepresidenta manifestó su apoyo no a un salario universal, pero sí a un ingreso para los que peor la están pasando. Así las movilizaciones callejeras encontraron una vía hasta la Casa Rosada.
En lo político, el MTE, el Frente Darío Santillán y Nuestramérica integran el Frente Patria Grande, que tiene cinco diputados, tres de ellos en el Congreso Nacional, donde son parte del bloque de diputados del Frente de Todos. En las últimas semanas, los diputados se mostraron cerca de abandonar el bloque, pero finalmente dejaron en suspenso la ruptura. Acababa de ocurrir el intento de magnicidio contra la vicepresidenta y en el espacio señalaron que no era un momento para agregar “más ruido al ruido”, pero además dieron a conocer que habían recibido la promesa de creación de este bono.
Parte del acuerdo al que habrían llegado con Cristina Kirchner en los días previos al intento de asesinato es que el kirchnerismo impulsará en el Senado el tratamiento del proyecto de ley de la senadora Juliana Di Tullio para creación del refuerzo de ingresos.
El texto define como sus beneficiarios a aquellas personas que, teniendo ingresos por debajo de la linea de indigencia, no perciban ninguna prestación por desempleo, ningún plan social ni programa otorgado por el gobierno nacional ni provinciales ni municipales. Tampoco podrán recibirlo jubilados o pensionados, ni trabajadores en relación de dependencia, ni pequeños contribuyentes.
Es decir, no llegará a todas las personas bajo la línea de indigencia sino a los que están en peores condiciones. De aprobarse en la Cámara alta, luego quedará la pelea en Diputados para convertirlo en ley.
El camino que está intentando hacer la militancia con esta propuesta, desde la calle a su implementación, e incluyendo la sanción de una ley que la transforme en un derecho, ya ha sido recorrido por otros proyectos, como el de urbanización de barrios populares. La sanción de una ley es un reaseguro para que las conquistas sociales logradas durante un gobierno no sean borradas de un plumazo, con una simple decisión administrativa, cuando asume una administración de signo contrario. El proceso de este proyecto muestra las enormes dificultades que tienen los referentes territoriales o sociales no sólo para integrarse a la política institucional, sino sobre todo para que la agenda de reclamos de sus bases no quede perdida en el camino.
