El gobierno provincial y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Nación participaron ayer de una audiencia convocada por la Corte de Justicia de Salta en el marco del amparo presentado por la titular del organismo nacional, Marisa Graham, contra el gobernador Gustavo Sáenz, por la situación de las infancias indígenas del norte salteño.
Según lo comunicado desde la Justicia, «en la audiencia ambas partes reconocieron los esfuerzos y el trabajo que se están ejecutando desde las distintas áreas en favor de las niñas, niños y adolescentes de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán, y acordaron presentar un plan de acción en el plazo de 60 días, ampliar la integración de la mesa interministerial creada por Decreto 748/22, y formalizar un acuerdo para su homologación por la Corte».
El delegado de Asuntos Indígenas de la provincia, Marcelo Córdova, participante de la audiencia, contó a Salta/12 que los ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública de Salta presentaron a Graham índices comparativos de lo acontecido en 2020 y 2021 respecto de la salud de las niñeces de la zona declarada en emergencia sanitaria, y que involucra a los tres departamentos mencionados.
Hasta julio, según los números que se pudieron colectar por las denuncias que hicieron las comunidades indígenas y que se sumaron a informes que oficializó la cartera sanitaria provincial en los primeros meses del año, se contabilizaban unas 55 muertes de niños y niñas de Pueblos Originarios, en general de comunidades wichís. Al ser consultado sobre ello, Córdova manifestó que los informes fueron puestos en manos de Graham para que la funcionaria sopese los avances. Precisó que lo presentado refiere a los trabajos que se realizan en los territorios a partir de los «operativos de barridos sanitarios». A ello sumaron la articulación que existe entre Salud y Desarrollo Social al momento de entrega de los módulos alimentarios focalizados que da la Nación. «Se revisa la cartilla sanitaria de cada niño y niña para controlar que está con el seguimiento sanitario», dijo el funcionario provincial.
En la audiencia, Córdova relató que, si bien se intenta paliar la situación, el diagnóstico en la zona es «la pobreza estructural», que debe cambiarse «en base a un desarrollo económico, empleo genuino y creación de empresas». Pero sostuvo que esto no puede avanzar sin el despliegue educativo en la zona. «Ya no se puede vivir de la caza, la recoleccción y la pesca como hasta ahora», añadió.
Gran parte de la zona comprendida en la emergencia sociosanitaria corresponde al extenso territorio sobre el que desde febrero de 2020 pesa una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya concluyó en que el Estado argentino, y el salteño, violaron derechos de las comunidades indígenas que residen en ese lugar, entre esas vulneraciones, se cuenta la falta de respeto a su cosmovisión. La sentencia ordena que los estados deben llevar a cabo medidas reparación, todas deben ser sometidas a procesos de consulta previa, libre e informada.
La pobreza transversal sobre las infancias
De la audiencia también participó el asesor de Incapaces N° 2 de Orán, Cristian Babicz, en representación de la Asesoría General de Incapaces de Salta. Babicz que los asesores de Incapaces de Orán, Tartagal y Embarcación formen parte de las mesas de trabajo en las que se evaluarán las acciones para garantizar el acceso al agua potable y segura, a los servicios de salud, a la educación a través de facilitadores interculturales y un plan de infraestructura en la zona.
El asesor destacó que “para garantizar el real cumplimiento de todos los derechos, es importante que las acciones de gobierno contemplen las particularidades y diferencias culturales de cada etnia que habita el norte provincial, ya que esto marca que cada pueblo tenga necesidades distintas que deben ser atendidas para resguardar los derechos de la población infantil de la zona”.
Tras aceptarse la participación en la Mesa Interministerial, se acordó que los asesores de incapaces de cada una de las zonas del norte provincial harán el seguimiento de las medidas que se implementen en resguardo de los derechos de NNyA.
Babicz destacó el antecedente de la acción de amparo colectiva promovida por la Asesoría de Incapaces N° 2 de Tartagal, por la cual se homologó un plan de acción presentado por el gobierno provincial para la implementación de acciones en materia de salud, educación e infraestructura, que permita el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la zona donde residen. Este territorio concentra la mayor cantidad de comunidades aborígenes y criollas en situación de extrema vulnerabilidad del municipio de Santa Victoria Este, el que se encuentra actualmente en ejecución con el seguimiento de su cumplimiento por parte de la Asesoría de Incapaces y el Juzgado interviniente.
El asesor apuntó a la necesaria «acción mancomunada del gobierno municipal, provincial y nacional», dado que las carencias existentes en el ámbito territorial que comprende el amparo «atraviesa transversalmente a la niñez en general debido a problemas estructurales de pobreza por lo que las acciones a planificarse deben abarcar también a los niños que no pertenecen a las comunidades originarias pero que se encuentran en las mismas condiciones en la zona».
La audiencia fue encabezada por la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, y participaron las juezas Adriana Rodríguez Faraldo, Sandra Bonari y María Alejandra Gauffin y los jueces Fabián Vittar, Guillermo Catalano, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán.
En representación del Poder Ejecutivo provincial, además de Córdova, participaron el Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina; la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, y sus pares de Salud Pública, Juan José Esteban, y de Infraestructura, Sergio Camacho.
Participaron además por el Ministerio Público Pupilar, la asesora de Incapaces Nº 6, Silvia Marcela Ibarguren, por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal ante la Corte Nº 1, Eduardo Sylvester; y por el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), su presidente Osvaldo Araya y el vocal por el Pueblo Wichí, José Rodríguez.
