Vecinos y comunidades de Abrapampa y Angosto del Perchel, reactivaron la semana pasada un documento dormido en el Congreso nacional. Lo hicieron durante el tratamiento en la Cámara Baja del proyecto de ley que busca una regulación que proteja de las garras extractivistas a los humedales argentinos. El documento colectivo fue desarrollado durante los meses más duros de la pandemia y detalla el hidroecosistema que colecta el río Miraflores. El curso de agua es la columna vertebral de un humedal que se extiende por 150 kilómetros, desde el departamento Yavi hasta Salinas Grandes en Cochinoca, provincia de Jujuy.
Los comuneros y ciudadanos jujeños del altiplano, buscan que el estudio efectivamente forme parte del futuro Inventario de Humedales. Por eso, en diciembre de 2020, lo enviaron al presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano en Diputados de Nación. Era y es aún, el legislador por la provincia Buenos Aires Leonardo Grosso (FdT). “Todavía no hablamos con él. Por ahora sabemos que conoce nuestro estudio por los ecologistas que nos ayudaron”, contó Raúl Sajama, referente de la comunidad de Angosto del Perchel, en la Quebrada de Humahuaca.
“No queremos que nos pase lo mismo que con la ley de glaciares”, expresó en otro tramo de la entrevista. El dirigente comparó el estudio colectivo realizado hace dos años con el intento de incluir a la montaña Coyamboy en el Inventario de Glaciares. El relevamiento oficial se realizó después de aprobada aquella ley, el 30 de setiembre de 2010. “Hemos aprendido de nuestros errores”, dijo Sajama. “Por aquellos años, queríamos incluir al cerro del departamento Rinconada en el relevamiento nacional. No fue así. Nos dormimos”. Explicó que el macizo en realidad es un glaciar, “un depósito de agua que necesitan las empresas litieras que están más abajo (por el Sur), en el Salar de Olaroz”.
El lugar que marcó el dirigente originario es uno de los principales polos de extracción del mineral de las baterías del futuro en la provincia norteña. Se encuentra en manos de la sociedad anónima Sales de Jujuy. En su sitio web la empresa explica que administra la planta de litio de Olaroz. También, que es una “joint venture”. Comenzó como “un proyecto de operación conjunta” entre “el gigante bursátil japonés Toyota Tsusho y la empresa de inversión minera del Gobierno de la Provincia de Jujuy, JEMSE”. Se sumó luego Orocobre (Australia).
La esperanza de las comunidades altoandinas de Angosto del Perchel y Abrapampa en proteger sistemas de humedales, como el que nace en Coyamboy y llega hasta Olaroz, se renovó después del tratamiento fallido de ley de humedales en medio de un fuerte lobby minero. “Ellos (por Sales de Jujuy) no pagan el agua ¿Cuánto cotiza en Wall Street?”, interpeló Sajama. “Las fosas de agua en Olaroz tienen tres metros de profundidad cada una.
Multiplique usted ese valor por la superficie de todas las fosas. Así obtiene los metros cúbicos de agua. Luego, por el valor de referencia del agua en la bolsa de valores. Pero además, debe tener en cuenta que a todas las piletas, que son muchas, la empresa tiene que recargarlas con agua, con suerte, una vez al mes. Obtienen el litio por evaporación ¿Cuántos litros de agua se van del glaciar del cerro Coyamboy?”, preguntó el referente.
Raúl Sajama se refería al “derecho de uso del agua” que comenzó a cotizar en el mercado de futuros de la bolsa de Nueva York (Wall Street) a finales de 2020. La prensa especializada explicó ese año que, para ingresar al mercado financiero, el líquido cotizó dentro del llamado “Índice del Agua Nasdaq Veles California”, que pertenece al grupo CME. A finales de 2020 estableció una cotización inicial del recurso: 1.233.000 litros equivalían a 486 dólares. En agosto de 2022 la misma cantidad de litros cotizaba a 1200 dólares, según informó la agencia de noticias Bloomberg.
Las piletas donde se procesa el litio en Olaroz son dos. Por sensores remotos, una tiene una superficie aproximada de 1540 hectáreas, y la otra, de 1357. Según los cálculos, siguiendo las recomendaciones del dirigente jujeño, se obtuvo que el conjunto de piletones de mayor extensión en el Salar, utiliza 45 millones de dólares por mes de agua, si Sales de Jujuy SA tuviera que pagarla a valor de mercado. En un año, la cifra alcanzaría los 540 millones de dólares aproximadamente. La defensa del cerro Coyamboy es clave, tal como recordó Sajama. Con los datos de la superficie y profundidad estimada, el piletón de menor tamaño sumaría otros 500 millones de dólares al año.
Desde 2016, las comunidades altoandinas también denuncian la aplicación de la ley provincial 5915. Se trata de un instrumento que utiliza el gobierno de Gerardo Morales para facilitar la inversión de empresas que generan energía eléctrica a partir de fuentes renovables (sol, viento). “El Estado jujeño puede quitarle tierra a las comunidades o a los privados por razones de interés público. Utilizan la figura de servidumbre administrativa”, dijo Sajama y luego explicó el argumento oficial. “Ellos dicen: nosotros no les sacamos la tierra, sino que la tomamos prestada por cincuenta años. Y además, de pesados. Esa ley castiga la protesta. Si usted va con un letrero, un artículo (por el 13) dice que está turbando a la empresa. Es una ley juez y parte”. En su artículo 10, menciona que un propietario del predio afectado por la servidumbre administrativa tendrá derecho a indemnización. Será pactada con el Estado provincial según el valor fiscal del inmueble.
El dirigente opinó también sobre las regalías mineras. Lo hizo recordando su participación como dirigente en el primer Encuentro Nacional sobre el Litio, un foro que organizó el Consejo Interuniversitario Nacional a principios de diciembre de 2021. “Dijimos que nos parece vergonzoso lo que se permite en el país. En Argentina, al litio lo cargan con pala, en una bolsa de tela, lo suben al camión y así sale. Es un país bananero. Es un regalo desfachatado”.
Al país ingresa el 3% en concepto de regalías mineras. Las retenciones a la explotación de esos recursos no renovables, se calculan sobre el valor del producto extraído en boca de mina. El informe técnico sobre Cuentas Nacionales del segundo trimestre de 2022, publicado por el INDEC, muestra claramente la desproporción en el ingreso a las cuentas del Estado: el rubro “comercio mayorista, minorista y reparaciones” quintuplica al de “explotación de minas y canteras”.
El biólogo Enrique Derlindatti, de la Universidad Nacional de Salta e investigador del CONICET, recordó otro problema en el monitoreo de las mineras: suelen estar de los dos lados del mostrador. “Los estudios de impacto ambiental lo hacen ellas mismas”, dijo a Salta/12. Se quejó por la escasa participación de institutos de la UNSa en temas tan sensibles para la sociedad civil. “Mendoza forma parte del Ordenamiento Ambiental Territorial piloto (con Jujuy y Buenos Aires), porque durante el tratamiento de la Ley de Glaciares la Universidad Nacional de Cuyo participó activamente”, contó. Ese ordenamiento es clave en el proyecto de ley de Leonardo Grosso. Relevamientos e inventarios deberán ser incorporados en el OAT para su posterior protección.
La fiebre del litio se explica como un combo: las condiciones de extracción son inmejorables. El ramal ferroviario C-14 (construído por el Estado nacional del lado argentino, financiado por las borateras inglesas del lado chileno) hoy se encuentra totalmente operativo para transportar carga desde el triángulo del litio en la Puna argentina hasta el puerto chileno de Antofagasta. Con regalías mineras bajísimas y vías férreas disponibles, el extractivismo es un negocio redondo para los inversores extranjeros que tanto defienden los gobiernos norteños de Salta, Jujuy y Catamarca.
Peligro de contaminación en Abrapampa
“La cuenca de Miraflores es muy extensa”, explicaban los habitantes de la Quebrada y Puna jujeña en el documento que realizaron a finales en 2020. Buscan incluir a esa cuenca como un humedal en el futuro Inventario. Claro está, si el proyecto del diputado Grosso se transforma en ley antes de fin de año.
“Yo atravesaba esos ciénagos (por el terreno pantanoso) para ir a dar clases a la escuela donde trabajaba. Por eso los conozco”. Rememoró otra entrevistada por Salta/12, Erminda Mamaní de Zerpa. Fue maestra rural en Cangrejillos, paraje del departamento Yavi, al norte de la cuenca de Miraflores. De memoria, detalló los caminos del agua sobre el árido relieve andino de los departamentos Yavi y Cochinoca. “A veces es un hilo de agua, a veces se agranda. Por la laguna de Runtuyoc se ensancha. Vuelve a tomar cauce de río hasta que llega a Abrapampa. El agua se reparte por humedales y recorre otros cinco kilómetros hasta llegar al paraje Pasaje. Se vuelve río y luego atraviesa zonas mas húmedas que otras hasta la Laguna de Guayatayoc. En años lluviosos, el agua de esa laguna desborda hacia Salinas Grandes”.
Sobre el proceso de elaboración del documento, Erminda lo simplificó: “fue una de idas y venidas. Preguntamos a todo el mundo: gente que recorre la Puna trabajando, diputados, intendentes, exintendentes. Queríamos saber los lugares exactos de algunas localidades. Descubrimos cosas que no conocíamos, pero con la ayuda de la gente pudimos realizar el trabajo”.
Raúl Sajama completó la historia del proceso que derivó en el documento. “Nos tocó de ayudante don Gerónimo, un señor que manejaba el Google Earth desde el celular. Un artista”, lo describió. En su relato, hay que regresar a la pandemia en 2020 y el uso cotidiano de los recursos tecnológicos para la comunicación. “Primero la gente no se ubicaba muy bien con el Google. Entonces él (por don Gerónimo) preguntaba a cada uno qué recordaban. Uno decía ‘del lado donde se pone el sol’. Otros hacían referencia al tiempo: ‘media hora de camino a pie'», contó el dirigente. “Así trabajamos y logramos relevar la cuenca, con la tecnología del siglo XXI y el conocimiento de la gente común y sencilla de la Puna. Hay personas que compartieron todo lo que saben. No es poco, porque normalmente ellos no proporcionan información”.
“Ahora estamos con un problema sanitario muy serio”, avisó Erminda. “El gobierno de Jujuy quiere hacer un basural a cielo abierto en Abrapampa”, denunció. “El lugar donde pretenden instalarlo coincide con el inicio de la cuenca de Miraflores”. El proyecto depositará en Abrapampa la basura de ocho departamentos jujeños. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial les entregó el informe de impacto ambiental del “Centro de deposición final de residuos PUNA” que administrará la Sociedad del Estado GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos).
“A ese proyecto, lo financian fondos de la Unión Europea a través del Banco Europeo de Inversiones”, explicó Erminda. Luego detalló que “uno de los capítulos de normativas legales del estudio de impacto, indica con toda claridad que el Banco recomienda transformar los residuos no reciclables en energía. Así hacen los países del Primer Mundo”, criticó. “La contaminación no va a ser solo de la tierra, sino de las napas de agua, porque van a existir piletones y luego van a emanar gases. Ellos (por el gobierno de Jujuy) van a hacer venteo y van a quemar la basura”.
Con el ingeniero y ecologista Martín Herrán presentaron una nota a la Unión Europea (UE) a principios de setiembre solicitando explicaciones, aún no tienen respuesta formal. El reclamo recuerda que entre las páginas 81 y 83 ,“el estudio menciona la existencia de tres comunidades originarias en las cercanías del sitio previsto para el depósito de residuos”, pero ignora sus reclamos territoriales, particularmente el de la Comunidad de Lumara. De hecho, a fines de agosto pasado la jueza ambiental jujeña María Flores hizo lugar a la medida cautelar presentada por esa comunidad indígena. Sostuvo que el gobierno de Jujuy no garantizó el procedimiento de consulta, previa, libre e informada, tal como sus miembros denunciaron.
En un tramo del reclamo comunitario por el basural, el estudio del impacto no menciona “un plan de remediación en caso de filtraciones de los líquidos de los residuos a las napas subterráneas potables”. La transmisión –indica la nota enviada a la UE- sería “por capilaridad longitudinal hacia algunas de las numerosas quebradillas, cañadas y cillaguares que integran la microcuentas tributarias del Río Miraflores”. Las comunidades de Abrapampa todavía esperan la respuesta de la delegación europea, para continuar luego la pelea ante el gobierno jujeño.
Adquieren relevancia en el norte andino procesos de discusión activa y lucha por el uso racional de los recursos (renovables o no), como los que desarrollan comunidades y vecinos de Angosto del Perchel y Abrapampa en Jujuy. Desde el 4 de octubre las comunidades caminarán por varios días, desde La Quiaca hasta la Plaza Belgrano de San Salvador. Será una protesta pacífica. Marcharán contra el saqueo, el extractivismo y la usurpación de sus territorios. Llegarán a la capital jujeña el próximo 12 de octubre.
