El gobierno de Luis Lacalle Pou emitió un decreto en el que incitó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) a aprobar nuevas reglas en el mercado de distribución de supergás en Uruguay. La medida es un nuevo paso para la reforma integral del mercado de combustibles y el cumplimiento de una de las promesas realizadas durante la campaña electoral, luego de la creación del nuevo régimen de fijación de tarifas.
En este sentido, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) encomendó a la Ursea que avance en una nueva regulación de la distribución secundaria de combustibles, que involucra a fleteros, estaciones de servicio y distribuidoras. Pero el ente regulador “recomendó aplazar la fecha prevista” para comenzar a aplicar de forma gradual la normativa.
Por esto, el Poder Ejecutivo busca avances en el mercado del supergás a través del Decreto 343/022, en el cual insta a la Ursea sobre una nueva regulación que contemple “las condiciones y principios generales que deben atenderse en las vinculaciones, al menos, entre suministrador y envasadores, y de estos con los distribuidores del mercado” de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
¿Qué dice el decreto?
Según el decreto publicado el 21 de octubre, la nueva regulación del mercado de supergás deberá incluir: el cumplimiento de los principios y normas de libre competencia en el sector; mecanismos de penalización equitativos para ambas partes, por incumplimiento de contrato; mecanismos transparentes de nominación y asignación del producto por punto de entrega; y transparencia en el esquema de pagos, facturación y plazos.
Además, en el caso particular de los envasadores, la normativa deberá “contemplar la necesidad de la existencia de una red de distribución, propia o acreditada a través de contratos con terceros”.
Asimismo, antes del 1° de diciembre de 2024, la Ursea deberá realizar un “estudio de revisión de costos eficientes del sistema”; “definir una metodología para el cálculo del Precio Máximo Intermedio definitivo”, es decir, el precio al que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) le venderá el supergás a las distribuidoras; y delimitar “los márgenes de distribución eficientes”.
El objetivo detrás de la medida
Además de avanzar con la reforma integral del mercado de combustibles, esta medida busca modificar los costos de producción y distribución del supergás, dado que actualmente este producto subsidiado por el Estado implica una pérdida de 100 millones de dólares anuales, tal y como han dicho en varias ocasiones tanto la Ancap como el mismo gobierno.
Los contratos que la compañía estatal tiene firmados con las distribuidoras de supergás vencen el 28 de febrero de 2023. Por su parte, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, ya anunció a las distribuidoras que no hay intención de renovarlos tal y como están formulados hoy, dado que “están sobre la base de costos de otra época”.
