La orden la dictó el Juez que armó y elevó a juicio la causa irregular contra Yolanda Vargas por la muerte de sus hijos en el incendio de su casilla: Francisco Oyarzú, quien la semana pasada dictaminó el desalojo mencionado cuando los mismos están prohibidos por la ley de barrios populares, recientemente prorrogada en el Congreso. “El conjunto de las familias del Sagrado Corazón están inscriptas en el Renabap. Todo es papel pintado para la justicia cuando defiende los intereses de terratenientes” destaca un comunicado difundido hoy.
El mismo advierte que los funcionarios del Intendente Mario Guerra y de la secretaria de Niñez y Familia de la provincia amenazan a las familias con quitarles a sus hijos y llevarlos a refugios «hasta que resuelvan su situación». Una extorsión gravísima e inadmisible de las autoridades provinciales y municipales que responsabilizan a las madres y padres pero son ellos los verdaderos responsables que 16 niños y sus familias estén en la calle hace 2 semanas.
“Los terratenientes Yacúlika y Manero, reclaman la propiedad de las tierras donde se produjeron desalojos. Durante años estafaron a los vecinos cobrando cuotas a cambio de los lotes, sin haber garantizado jamás el acceso a los servicios. La estafa no habría prosperado y la política reaccionaria de la justicia tampoco si no existiera la complicidad de concejales, del intendente Guerra y del propio Gobernador Gustavo Sáenz, que arroja a las familias a las manos de estafadores que se aprovechan de la creciente urgencia habitacional” destaca el comunicado mencionado que informa sobre la marcha de hoy.
