La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la ley que abarca a los tres poderes del Estado. La propuesta comenzó a tomar fuerza en la Cámara de Diputados gracias al desempeño de Mónica Juárez, quien actualmente preside la Comisión de la Mujer.
Esta semana la legisladora se ausentó del recinto porque se encuentra participando en la provincia de Córdoba del IX Congreso Mundial por los Derechos de las infancias y Adolescencias junto a referentes de diferentes países.
«Esta ley es por los niños, niñas y adolescentes, pero también por los progenitores que esperan que se cumpla con esos derechos. La mayoría de ellos son madres que dan un esfuerzo extra para que a sus hijos no les falte nada» afirmó la diputada provincial.
Este año se presentó por séptima vez la iniciativa en la Cámara Baja y entre idas y vueltas logró aprobarse. Este jueves los senadores provinciales debatieron y llegaron a un acuerdo más que necesario para aprobar esta ley, ahora será responsabilidad del Ejecutivo la promulgación.
La decisión de los senadores fue votar de manera unánime, Mónica Juárez, por su parte, se mostró feliz por el resultado logrado, esta ley integra un derecho más para las adolescencias y las infancias, los tutores legales deberán cumplir. “No podemos pretender que un funcionario vele por el pueblo, cuando no puede cumplir con su familia en primer término” aseguró la diputada.
La propuesta es un pedido de madres y familias, dado que hoy existen muchas trabas y esto dificulta que se cumplan los deberes para con los hijos, algo que destacó durante el uso de la palabra en el Senado el legislador Javier Mónico.
¿Qué establece esta ley?
Los deudores alimentarios que formen parte del registro provincial no podrán:
No podrán acceder a cargos en el estado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
No pueden ser designadas como autoridad superior o en cargo jerárquico en la Administración Pública, Centralizada o Descentralizada, Organismos Autárquicos, en Empresas y Sociedades del Estado, en el Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y la Auditoría General de la Provincia.
En el caso de los empleados postulantes para el ingreso a planta permanente de esos organismos, su designación estará condicionada a que, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, regularice la situación por la que se lo incluyó en el registro.
