En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se aprobó un proyecto de resolución que exhorta a la empresa prestadora del servicio de agua potable, Cosaysa SA, operadora de Aguas del Norte, a que «garantice la correcta provisión del servicio y del suministro a todo el ejido municipal», sobre todo a los sectores hoteleros y gastronómicos. En la norma también se pidió que el Ejecutivo municipal declare la emergencia hídrica.
La edil Emilia Orozco (Ahora Patria), autora del proyecto que fue aprobado sobre tablas, afirmó que la problemática del agua es un tema principal, y para ejemplificarlo refirió casos de familias de todas las zonas de la ciudad que no tienen agua potable o tienen el servicio con baja presión. A ello sumó la afectación que está sufriendo el sector hotelero y gastronómico.
Contó que el secretario de Cultura y Turismo de la ciudad, Federico García Soria, remitió un informe al cuerpo deliberativo en el que detalló que actualmente 200 establecimientos hoteleros y 160 locales gastronómicos no cuentan con agua de red. Orozco señaló que la situación afecta de «manera considerable a la economía», dado que «el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de tiene la ciudad».
El pasado lunes, el propio García Soria realizó una presentación ante Aguas del Norte, con el fin de «acompañar al sector hotelero y gastronómico de la ciudad ante la crítica situación que están viviendo por la falta de agua», según consignó en sus redes sociales. El funcionario dijo que a causa de esta problemática «muchos establecimientos no pueden prestar servicios», lo que provoca que «peligre su continuidad y las fuentes laborales». También recordó que el turismo representa «el gran motor de la economía de la ciudad», por lo que se debe «bregar y cuidar esta actividad, que es una de las máximas generadoras de empleo formal».
En ese sentido, Orozco manifestó su preocupación por la falta de inversión en infraestructura hídrica y recordó que el propio comité de Aguas del Norte les dijo que existe una pérdida del 50% de la red de agua potable por el mal estado de las cañerías en la ciudad. «Son ellos los que están perdiendo el suministro de agua», cuestionó la concejala, quien también se preguntó cómo es posible tal situación si desde la empresa manejan un alto caudal de dinero.
Dijo que por esto es necesario que se establezca una mesa de trabajo «donde todos tengan participación», además de las autoridades que cuentan con el poder de decisión. «Las consecuencias las estamos viendo en la falta de agua, sabiendo que esta situación se va a agravar porque hay tiempos de sequías, altas temperaturas y porque no hay voluntad política» de emprender un plan de acción adecuado, advirtió.
El proyecto de resolución también impulsa que el Ejecutivo municipal gestione y arbitre los medios necesarios para declarar el estado de emergencia hídrica por escasez de agua en la ciudad de Salta. A la vez, se pide que en la emergencia se establezca «una solución definitiva a la problemática del agua, como elemento vital para el desarrollo de las actividades cotidianas».
Ya la Legislatura salteña declaró la emergencia hídrica en la provincia, pero el Comité de Emergencia Hídrica que se conformó mantiene un mayor accionar en el departamento San Martín, en el norte de Salta, debido a que es una de las zonas más afectadas por la crisis hídrica. Aunque la falta de agua potable se extiende a diversas zonas de la provincia, como Santa Victoria Este, Campo Quijano y la propia Capital salteña.
En el tratamiento del proyecto aprobado ayer la concejala Paula Benavides (Salta Independiente) sostuvo que la del agua es una temática sensible porque existe una «falta de inversión de muchos años y gobiernos que han pasado», por lo que pidió que no se acentúe únicamente en la situación del sector hotelero y gastronómico. «Me gustaría ver la misma solidaridad del Ejecutivo municipal con todos los barrios» de la capital, cuestionó.
Más fondos para bomberos voluntarios
En la sesión también se aprobó el proyecto de ordenanza que establece modificaciones en los artículos 2º y 3º de la norma 15.399, referida al Fondo de Ayuda a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. La modificación propone que la partida presupuestaria para la ejecución del Fondo sea equivalente a 200 mil unidades tributarias, que actualmente tienen valor de $33,63, lo que serían $6.726.000.
Sin embargo, el gobierno municipal recientemente ingresó el proyecto de presupuesto 2023, en el que solicita que el valor de la unidad tributaria del año que viene sea de $65,38, lo que equivaldría a un Fondo de $13.076.000. El proyecto de ordenanza aprobado señala también que este monto deberá acreditarse en dos tramos: el 1° de marzo y el 1° de julio, entre las distintas instituciones beneficiarias del subsidio.
La autora del proyecto, Emilia Orozco, sostuvo que no hay suficientes políticas de Estado que brinden un acompañamiento adecuado a los cuarteles de bomberos voluntarios. Dijo que por ello la propuesta vendría a ser un gesto claro de acompañamiento desde el Concejo, permitiendo saldar una parte de la «deuda pendiente con el sector», que cuenta con «una dedicación indiscutible, de una labor admirable y al punto de arriesgar sus propias vidas sin saber quién está del otro lado».
«Las instituciones de bomberos voluntarios necesitan de nuestro acompañamiento y es algo que venimos pregonando desde principio de año», afirmó.
En tanto, Carolina Am (Unidos por Salta), recordó que el gobernador Gustavo Sáenz destinó una inversión de 500 millones de pesos para acompañar a los cuarteles de bomberos, que recibirán subsidios de 70 millones de pesos. «El gobierno de Salta se está haciendo eco de lo que hoy también estamos haciendo acá», aseguró.
