El Ministerio Público Fiscal de Salta investiga la presunta privación ilegítima de la libertad de dos monjas de clausura del Convento San Bernardo, de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Salta.
Así lo informó a Salta|12 el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, quien tomó intervención en el caso tras la denuncia de Sandra Díaz, hermana de una de estas religiosas, que recurrió a la Justicia porque las autoridades del Convento le impedían reunirse con su hermana luego de que esta le informara que estaba enferma, deprimida y que había decidido dejar el claustro. Esta monja fue liberada anteayer en un allanamiento realizado por orden de la jueza de Garantías Ada Zunino, a pedido del fiscal.
Por otro lado, Ramos Ossorio precisó que en esa misma denuncia se dio cuenta de otra religiosa, que también está con problemas de salud y a la que tampoco se le permitía abandonar el claustro en el mismo Convento. La situación de esta mujer se resolvió de otra manera porque obtuvo un permiso para ir a una clínica a atenderse y luego no regresó a la clausura.
El fiscal explicó que antes de formular una acusación formal se tomará declaración testimonial a ambas religiosas, porque ninguna de ellas denunció el hecho y la denunciante lo conoce solo a través de sus dichos. Dijo que estos testimonios se tomarán «en los próximos días», e indicó que no se llevaron a cabo todavía en atención al estado de salud y emocional de ambas.
Anteayer, al informar sobre el procedimiento en el Convento de la orden de las Carmelitas Descalzas, el Ministerio Público Fiscal de Salta subrayó que pidió el allanamiento después de que resultaran infructuosas las gestiones para llegar a un acuerdo con las autoridades del Convento, que hasta llegaron a impedir todo contacto con los familiares de la religiosa, y tampoco atendieron a policías enviados por la Fiscalía, ni a auxiliares fiscales, a los que no se les abrió la puerta siquiera para recibir una notificación.
La carmelita que quería salir
El abogado Guillermo Alberto, que representa a la denunciante Sandra Díaz, contó ayer que el proceso que desembocó en la denuncia penal arrancó a principios de este año, cuando le diagnosticaron una enfermedad “muy grave” a la carmelita descalza que ahora fue liberada, y ella expresó su intención de abandonar el claustro y regresar con sus familiares, que residen en Mendoza.
Con ese fin su hermana llegó a Salta el 2 de diciembre, con la intención de concluir los trámites para que la monja pudiera salir del Convento, «pero cuando ella manifiesta a nivel canónico que ya no quería estar dentro del Convento, comienza a percibir algunas trabas no solamente en el trámite administrativo en sí, sino también en el contacto con los familiares», contó Alberto en declaraciones a Radio Nacional.
Según el abogado, hubo «una serie de irregularidades con el procedimiento” de su trámite administrativo para abandonar el claustro, y las atribuyó “exclusivamente» a «las autoridades del Convento”, un dato no menor porque esta situación que envuelve ahora a las Carmelitas de Salta recuerda el conflicto que mantiene su superiora con el arzobispo Mario Cargnello, al que denunció, junto a otros religiosos, por violencia de género. A la vez, los administradores del Convento, los laicos Carlos Obeid y Marcelo Mentesana, están siendo investigados por presuntos desmanejos económicos. Obeid es el marido de María Livia Galliano, la mujer que asegura tener visiones de la Virgen del Cerro.
Sandra Díaz fue muchas veces al Convento, contó su abogado, y la última vez antes de la denuncia, fue atendida, la dejaron ingresar, pero luego le pidieron que esperara a su hermana afuera, entonces ella esperó en un hall, pero le dijeron que esperara en la vereda, «que eso era propiedad privada, así le fue manifestado, y cuando ella salió le cerraron la puerta y no tuvo más contacto con ninguna autoridad del Convento”, contó el abogado.
Relató que el 21 de diciembre pidió «la intervención del Arzobispado», en un intento de que las autoridades del Convento les atendieran, porque antes del allanamiento Díaz, “con toda la situación de angustia que esto significa, estuvo dos horas parada bajo el sol” y no le abrieron la puerta.
El procedimiento despertó el interés de vecinos y transeúntes de esa zona turística de la ciudad de Salta. Se habían reunido unos 25 policías, más bomberos con escaleras, porque una vez decidido el allanamiento los ejecutores se enfrentaron a un dilema: no podían derribar la añosa puerta principal, una reliquia histórica, así que pensaron en ingresar por arriba, dado que el predio del Convento está rodeado por un alto muro. Sin embargo, no hizo falta usar las escaleras, porque finalmente las religiosas abrieron las puertas.
Otra vez María Livia
Las diferencias entre el Arzobispado de Salta con los animadores de la adoración a la Virgen del Cerro resurgieron con la novedad de las religiosas retenidas contra su voluntad en el Convento San Bernardo. «Esto tiene que ver cien por ciento con María Livia y su esposo, no me cabe duda», disparó ayer el sacerdote Oscar Ossola, en declaraciones al programa de radio y televisión De Buena Fuente.
El cura recordó que un enviado del Vaticano les había pedido a las carmelitas descalzas «no mezclarse en las actividades de una obra de laicos que ni siquiera era obra de la Iglesia, sino de una fundación». María Livia asegura que la Virgen del Cerro le dicta mensajes destinados a las monjas del Convento. «Se les pide que no haya personas externas al Convento irrumpiendo en la vida comunitaria y creo que acá tristemente queda en evidencia eso», insistió Ossola.
Además de preocuparse en aclarar que el Arzobispado y la Iglesia no tienen nada que ver con esta situación, el cura responsabilizó precisamente a la superiora del convento: «ella será quien tenga que dar las explicaciones, no solo ante las autoridades religiosas, sino ante la justicia local porque hablar de privación ilegítima de la libertad es un tema muy grueso y desgraciadam
