El presidente Alberto Fernández anunció que pagará con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que lo obliga la cautelar de la Corte Suprema. También dijo que avanzará en la revocatoria de la resolución e incluso que recusará a los cuatro cortesanos. Ante ello, las diferentes tribus oficialistas respondieron con silencio a la espera del mensaje que este martes dará la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en Avellaneda. Más allá de eso, algunos líderes provinciales aseguraron en diálogo con este diario que ellos no fueron avisados ni hablaron con el Presidente sobre la definición que tomó y adelantaron que se encuentran «estudiando» la situación para ver cómo avanzar. El mandatario también confirmó que convocará a sesiones extraordinarias para poder tratar en el Congreso «un proyecto de ley que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22″. Este martes, en tanto, habrá una nuevas reuniones de gobernadores y una de ellas será en Casa Rosada.
Fernández también anunció que instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para presentar un recurso de revocatoria «in extremis» contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta. «Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional», dijo el mandatario. En cuanto al plano legislativo, desde Casa Rosada estiman que el intento de avanzar con una ley en el Congreso para conseguir los fondos será «simbólico» porque ven difícil que los legisladores provinciales que, en su mayoría responden a los gobernadores, voten una modificación que perjudique a sus provincias en favor de CABA.
Luego de evaluaciones que se hicieron durante todo el fin de semana y cuando este el lunes el Estado Nacional fue notificado de la medida cautelar otorgada de la Corte, el Presidente definió que pagaría a la Ciudad, pero de una forma particular. Lo haría solo por 90 días y con unos bonos que también fueron utilizados para pagar una deuda por coparticipación a la provincia de Santa Fe, algo que ya estaba evaluando junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. El jefe de los ministros, Juan Manzur, se encuentra de gira por Israel. Según explicaron a Página/12 cerca del ministro de Economía, esos bonos funcionan como una especie de «garantía» hasta que haya un fallo definitivo porque, si la Ciudad los quisiera usar, ahora solo podría utilizar una treintaiseisava parte al 19 por ciento del valor. Es decir, no los usarán porque perderían dinero.
Desde el gobierno de la Ciudad, en tanto, volvieron a acudir a la Corte Suprema en busca de un nuevo favor y presentaron una denuncia bajo el argumento de que el gobierno nacional está incumpliendo el fallo. La presentación quedó a cargo de la Procuración de la Ciudad, que reclamó que “se arbitren los medios necesarios” para el cumplimiento del fallo y señaló que el planteo se formula «tras acreditar que en los dos días hábiles bancarios de la semana pasada y este lunes la Ciudad recibió del Banco Nación fondos coparticipables por el porcentaje de 1,4%, cifra que revirtió el fallo de la Corte Suprema». Desde la Corte dejaron trascender que van a rechazar todo lo que presente el gobierno y que, además, van a considerar incumplido el fallo de la cautelar luego de la propuesta del Ejecutivo de pagar con los bonos.
Si bien la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que suspendería la denuncia por sedición «mientras se mantengan dentro del Estado constitucional», desde otros sectores de la oposición insisten con esas denuncias. No solo Larreta continuó con la batalla, sino que desde la Coalición Cívica informaron que también van a seguir adelante con las denuncias que presentaron la semana pasada porque consideran que «debe cumplirse el fallo con la suma en efectivo y lista para utilizarse», y que «ya hay delitos consumados de alzamiento y abuso de autoridad», aseguraron a este diario cerca de Elisa Carrió, que tuvo a su cargo la denuncia penal contra Alberto Fernández. Además, denunció por «no acatar el fallo» al ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el jefe de Gabinete, y al ministro de Economía.
Las palabras del Presidente
Fernández anunció que instruyó a la Jefatura de Gabinete para que reasigne «los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del gobierno porteño. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnaron. «Es el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley», explicó.
Luego, tal como lo hizo en la carta que firmó junto a 14 gobernadores, volvió a aclarar que las políticas públicas que dispone el Ejecutivo Nacional «se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas. El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento«.
Además de instruir a Zannini para presentar el recurso de revocatoria, Fernández ordenó recusar a los jueces del máximo tribunal. Más allá de eso, aclaró que «las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas». «Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer», dijo. También aclaró que debe respetar las leyes vigentes y no incumplir con el Presupuesto, como pidió la Corte.
Los gobernadores
Algunos miembros del FdT tomaron el anuncio de Fernández como una especie de «retroceso» y un cambio de postura del Ejecutivo. Sin embargo, durante toda la jornada se cuidaron de hacer públicas las críticas hasta que hable la vicepresidenta. Este martes, además del acto de CFK, habrá reuniones donde participarán gobernadores. El tema de la coparticipación, claro, será parte del menú. Por la mañana, el Presidente llegará a Santiago del Estero para reunirse con el mandatario de esa provincia, Gerardo Zamora, junto al de Chaco, Jorge Capitanich y Santa Fe, Omar Perotti, para hablar de los Bajos Submeridionales, un proyecto del Gobierno que busca convertir alrededor de un millón y medio de hectáreas en tierras productivas. Por la tarde, en Casa Rosada habrá una encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía. Allí participará el bonaerense Axel Kicillof. Resta que confirmen, además de Capitanich y Perotti, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el de Formosa, Gildo Insfrán; el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y el de Corrientes, Gustavo Valdés, el único de JxC.
