La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió a través de sus redes sociales el pedido hecho por sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, para exigir la detención de los integrantes de Revolución Federal Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa en la causa que investiga el intento de magnicidio del pasado 1 de septiembre.
«De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso», escribió CFK en su cuenta de Twitter.
Y añadió: «¿Qué más necesitarán Bruglia, Bertuzzi y Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables».
La relación entre Revolución Federal y el atentado a CFK
En la presentación judicial, Ubeira y Aldazabal llamaron la atención, basándose en los informes realizados por la PSA sobre los teléfonos secuestrados en esta causa, sobre la «evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre«.
Aunque el juez Mariano Llorens negó, por el momento, «la acumulación de esta causa con aquella en la que se investiga el ataque a nuestra poderdante», advirtieron los letrados, «esto de ningún modo obsta a la producción de pruebas que permitan acreditar o descartar la relación entre ambos expedientes».
En ese sentido, y luego de brindar una descripción detallada de las actuaciones que deberían ser investigadas, entre ellas la de la vecina de CFK, Ximena De Tezanos Pintos, solicitaron:
- Que se envíe oficio al Juzgado Criminal y Correccional Federal No 5, con el fin de que remita copia certificada del informe realizado por la PSA sobre el celular de Brenda Uliarte, del informe de PSA sobre Hernán Carrol y Martín Almeida, de las declaraciones testimoniales de Lorena Berenice Leiva, Ezequiel Marcos Español, Gastón del Canto y Lidia Alejandra Benítez.
- Se proceda al allanamiento del domicilio de Ximena De Tezanos Pinto y al secuestro de su dispositivo celular y de todo otro elemento de interés para esta investigación, con el fin de esclarecer sus vínculos con Revolución Federal.
- Se realice un informe acerca de la actividad en redes sociales de Ximena De Tezanos Pinto y de las publicaciones relativas a las habitaciones que tenía en alquiler.
- Se solicite a la PSA que identifique a quién corresponde la línea de la persona identificada en los informes como Daedalus (quien recibió mensajes de Guerra, entre otros, relacionados a la vicepresidenta).
- Se profundice la investigación sobre todos los contactos telefónicos, a través de mensajería instantánea, mensajes de texto, llamadas o de redes sociales mantenidos por Jonathan Morel entre el 1 de septiembre y el 9 de septiembre de 2022 con el fin de identificar quién habría sido la persona a que se comunicó con él para atribuirse el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
- Se identifique a quién echó Morel del grupo de Revolución Federal por hablar de las relaciones íntimas de una mujer, con el fin de analizar si era alguien con algún vínculo con Brenda Uliarte.
- Se libre oficio al Registro Nacional de las Personas con el fin de que informe los datos de todas las personas llamadas “Camila Gauna” (quien en los informes aparece hablando en un grupo cuyo nombre no se pudo determinar de “entrar a la casa de ella –CFK– y pegarle un tiro”) en la República Argentina.
El financiamiento
Por otra parte, los abogados de la vicepresidenta pidieron a través de la presentación que se investigue «la senda del financiamiento, que nunca ha sido explicada por el Grupo Caputo».
«Revolución Federal se presentaba como una organización cuyo financiamiento estaba a cargo de sus líderes. Pero si Morel era una persona de clase baja (así se presenta) y sus únicos ingresos parecen ser los provenientes de Caputo Hermanos, totalmente injustificados, se sigue que el financiamiento provenía, evidentemente, de esta sociedad o, al menos, de Rossana Caputo«, plantearon los letrados luego de una extensa descripción de los datos relevados hasta el momento.
En ese marco, solicitaron «que se cite a Rossana Caputo a prestar declaración indagatoria, con el fin de que brinde las explicaciones que por ahora no ha podido dar».
Detención de Morel, Guerra y Sosa
En su presentación, Ubeira y Aldazábal también recordaron que Morel, Guerra, Sosa y Basile fueron detenidos el pasado 19 de octubre y luego excarcelados. «Frente a esa resolución, esta parte presentó un recurso de casación y, luego, un recurso de queja, que fue declarado admisible por la Cámara de Casación», repasó.
Más allá de esto, aclararon los abogados de Fernández de Kirchner, «entendemos que hay nuevos elementos que ameritan dictar la prisión preventiva de Morel, Sosa y Guerra«, entre los que mencionaron la actitud procesal de los imputados que «es muy distinta a la que adujeron al prestar declaración indagatoria»; la actividad que siguieron manteniendo luego del atentado, tanto los imputados como las redes de Revolución Federal; la eliminación de pruebas; y el hecho de que «a diferencia de lo que habían declarado los imputados, eran ellos quienes ponían el dinero para el funcionamiento de la organización», un financiamiento que, advierten, «parece venir de grupos económicos muy poderosos».
«Estamos, lisa y llanamente, frente a un grupo que tiene mucho más poder y contactos de lo que parecía a primera vista, que ha dado una imagen engañosa en este proceso y que mantiene su objetivo de matar a Cristina Fernández de Kirchner«, resumieron.
Ante lo expuesto, «solicitamos, entonces, que se dicten, nuevamente, las detenciones de Morel, Sosa y Guerra», redactaron los letrados.
Secreto de sumario
Para terminar, «dada la importancia para el descubrimiento de la verdad de lo solicitado y la posible frustración de las pruebas que podría suponer el conocimiento de su producción», pidieron «que se dicte el secreto de sumario mientras se lleva a cabo lo propuesto en este escrito».
Asimismo, añadieron, «dada la gravedad institucional del caso y los derechos constitucionales en juego, hacemos reserva de caso federal con el fin de recurrir ante la Corte Suprema y todas las instancias anteriores, de existir una resolución adversa a lo solicitado».
