La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales un mensaje en el que cita una nota de Página|12 para señalar por qué la justicia no avanza con la investigación en el intento de magnicidio del pasado 1 de septiembre. El artículo en cuestión hace referencia al vínculo de Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, con el atentado contra CFK.
«¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio? Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo», tuiteó.
En la nota de este medio, el periodista Raúl Kollmann informó que Gastón Marano, el abogado de Gabriel Carrizo, jefe de los que vendían copos en la esquina de Libertad y Uruguay que intentaron asesinar a Cristina Kirchner, se presentó este miércoles en Comodoro Py y denunció a Silvio Robles, el operador principal del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
La denuncia presentada por el letrado, plantea el periodista de este medio, «termina jugando a favor de Silvio Robles» porque le disputa la causa judicial al juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari quien arrancó con todo: le pidió a Robles que deposite su celular en una secretaría de la Corte para luego chequear los mensajes que intercambió con el ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.
Antes de tomar la defensa de Carrizo, Marano fue asesor del senador del PRO, Ignacio Torres, nada menos que en la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. La socia de Marano, Brenda Salva, también asesoraba a una legisladora del PRO, Karina Bachey. Y durante 2022, Marano fue convocado por el diputado Ramiro Marra de La Libertad Avanza.
En su momento, el ministro de Justicia, Martín Soria, se preguntó quién paga los servicios de la defensa de Carrizo, ya que en la causa judicial la hermanastra declaró que no tenía plata ni para comprar el arma que el jefe de los copos mencionó que tenía. Aun así, Carrizo consiguió un letrado que, en su momento, hasta hizo trabajos para la Embajada de Estados Unidos.
Esta capacidad económica, advierte el periodista de Página|12, hace pensar también en la coincidencia de que Caputo Hermanos le hizo llegar 15 millones de pesos a Revolución Federal, el grupo que hablaba continuamente de matar a Cristina.
Los chats entre Robles y D’Alessandro
La semana pasada, una nueva filtración de chats dejó al descubierto las relaciones más que cercanas entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la presidencia de la Corte Suprema, tan solo una semana después de que el tribunal dictara una cautelar a favor de la administración porteña en la disputa por la coparticipación con el gobierno nacional.
En los intercambios se ve cómo el actual ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, recibe anticipos y asesoramientos por parte de Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente supremo, Horacio Rosatti, sobre cómo favorecer la posición del distrito porteño en el litigio que mantenía con la Nación por los fondos coparticipables y sobre cómo convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez para obtener un lugar en el Consejo de la Magistratura.
Este lunes, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó una denuncia contra Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De inmediato intervino el juez Molinari y el fiscal Pedro Simón, ambos de la capital santiagueña, y se le ordenó a Robles que deposite su celular en la secretaría de turno de la Corte Suprema.
Horas después, apareció el coro político-mediático-judicial aliado a Juntos por el Cambio reclamando que la causa se traslade a Comodoro Py, donde juegan de local. En paralelo, Robles no sólo se negó a depositar el celular sino que recusó al juez y, tácitamente, pidió el traslado al edificio de Retiro, al sostener que Molinari no es juez natural y que hubo una maniobra de forum shopping.
