El Gobierno decidió llevar el juicio político a la Corte Suprema a los foros internacionales. El lugar elegido fue el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, presentó la evaluación de las políticas desarrolladas por el Frente de Todos en esa materia y solicitó al organismo de Naciones Unidas acompañamiento para enfrentar el lawfare y los discursos de odio.
En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, como anticipó Página/12, Pietragalla denunció «la práctica del lawfare impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático» e indicó que «constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública».
En su presentación, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que no hubo cambios en el Poder Judicial desde que llegó a la Casa Rosada, ya que «la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente» y puso como ejemplos los casos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala.
También relató que no se logró designar un procurador en lugar del interino Eduardo Casal, no se pudo avanzar con la llamada reforma judicial ni la del Consejo de la Magistratura ni con la ampliación de la Corte.
El discurso completo de Pietragalla
Muchas gracias Señor Presidente. Buenas tardes a todas las distinguidas delegaciones.
Mi nombre es Horacio Pietragalla Corti. En mi carácter de Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, es un honor encabezar la delegación del Estado en el marco de la presentación del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal.
El 10 de diciembre de 2019 asumió en mi país un nuevo Gobierno Nacional, con el firme compromiso de mejorar la calidad institucional y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. El actual Presidente, Alberto Fernández, ya desde sus primeras manifestaciones públicas, reivindicó expresamente la defensa de los derechos humanos como “columna vertebral” de las políticas que se adoptarían en el país.
En efecto, desde el inicio de la actual gestión —y dando continuidad a las políticas que se habían implementado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015—, se impulsaron diversas medidas tendientes a garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de la población argentina, en especial, respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad.
No es posible soslayar, sin embargo, que la crisis global provocada por la pandemia del Covid-19 se sumó a la delicada situación de emergencia económica y social que venía atravesando el país por legado del gobierno que nos antecedió, y que había provocado un aumento sustancial de la pobreza, la indigencia y un extraordinario nivel de endeudamiento externo.
Este delicado escenario obligó al nuevo gobierno a realizar un gran esfuerzo para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de toda la población argentina, al mismo tiempo que adoptar políticas específicas que permitiesen atenuar la compleja situación heredada, iniciando un proceso para resolver de un modo racional y sostenible el endeudamiento externo.
La comunidad internacional, y en especial la Experta Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa, que realizó una visita oficial a nuestro país hace unos meses, han resaltado los efectos perjudiciales de la deuda externa contraída por el gobierno anterior con el FMI para el goce efectivo de los derechos humanos. Vale la pena recordar que el gobierno que nos antecedió negoció en el año 2018 el préstamo más alto concedido a un país en la historia de esa institución financiera; y que, a pesar de su cuantía, no cumplió con los objetivos básicos por los cuales fue contraído, lo cual fue reconocido hasta por el propio FMI. A título ejemplificativo, entre 2018 y 2019 el gasto público en Argentina en salud cayó un 21%, en educación un 36%, en agua potable un 39% y en vivienda un 59%.
En este contexto, resulta fundamental destacar el nuevo rumbo adoptado por el gobierno nacional para solucionar el problema del brutal endeudamiento externo, priorizando la mejora de la calidad de vida de la población argentina; procurando dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Sr. Presidente:
Este nuevo Examen Periódico Universal es una importante oportunidad para resaltar los aportes que viene efectuando el Estado argentino en la agenda de derechos humanos, así como para reconocer los desafíos que se encuentran pendientes.
Por eso, en primer lugar, debemos llamar la atención de este Consejo de Derechos Humanos sobre los desafíos que enfrenta nuestro país —al igual que muchos otros países del mundo— para abordar el debate necesario sobre los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática, que han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos y que se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales.
Esta problemática se ha visto agravada debido a los terribles sucesos acaecidos en los últimos meses, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país. Recordemos los recientes hechos sufridos por nuestro país hermano de Brasil, con el asalto a los tres poderes del Estado por parte de grupos que responden al ex Presidente Bolsonaro; o por la República de Colombia, con el intento de atentado a su Vicepresidenta Francia Márquez hace apenas unos días. Por eso demanda ámbitos de reflexión y líneas de acción de la comunidad internacional, en tanto los discursos de odio y las embestidas destituyentes erosionan acuerdos básicos del sistema democrático y generan contextos complicados para garantizar la vigencia de los derechos humanos.
Es imprescindible entonces el acompañamiento de los Estados miembros y del Consejo de Derechos Humanos para abordar el fenómeno en su complejidad, a los fines de identificarlo y diseñar estrategias que, sin vulnerar los estándares de derechos humanos, sean eficaces para contrarrestar sus manifestaciones.
Distinguidas delegaciones:
Otro de los importantes desafíos que enfrenta nuestro país y gran parte de la región latinoamericana para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos es el fenómeno de la pérdida de legitimidad del Poder Judicial, entre otras razones, por la práctica del “lawfare” o “guerra jurídica”.
En efecto, un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública.
El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsan esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos.
En segundo lugar, esas malas prácticas judiciales que acallan voces críticas, favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos (especialmente de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen un impacto evidentemente negativo en la sociedad como conjunto.
Esta manipulación del derecho penal recurre a la prisión preventiva como pena anticipada, vulnera de manera sistemática la presunción de inocencia, consagra el derecho penal de autor en lugar del derecho penal de acto, abusa de las denuncias anónimas y alienta la “delación premiada” para iniciar procesos sin sustento.
El caso emblemático de lawfare en Argentina es el que tiene por víctima a la actual Vicepresidenta de la Nación. Ella ha enfrentado un sinfín de procesos judiciales carentes de toda racionalidad jurídica. Ha sido condenada en primera instancia por el manejo en obras públicas realizadas durante sus dos mandatos constitucionales elegidos democráticamente por el voto popular, sin tener en cuenta que tales obras fueron dispuestas por una ley emanada del Congreso Nacional y ejecutadas por funcionarios que actuaban en el marco de sus propias decisiones. Ese proceso fue absolutamente manipulado en términos procesales. Se vulneró su derecho a la defensa al rechazársele la prueba por ella propuesta; se la sometió a juicio por hechos que ya habían sido juzgados; y se la condenó por aplicación de la supuesta responsabilidad objetiva que tenía por su sola condición de Presidenta.
Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de Derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política, mientras se garantiza la impunidad para personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población.
Esta situación ya fue reconocida por el Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que, en una comunicación de 2019, advirtió que en el período de gestión de gobierno 2015-2019 se dieron una serie de hechos que pusieron en crisis los preceptos y garantías constitucionales, en especial de aquellos políticos/as o figuras que eran consideradas opositoras a aquel gobierno, lesionando gravemente a nuestro sistema institucional en su conjunto y, por ende, a nuestra democracia republicana. El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de presión y avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, afectando los principios democráticos que hacen a la independencia e imparcialidad que deben regir el desempeño del Poder Judicial y el Ministerio Público.
No es casual que los organismos de derechos humanos de mi país apoyen el pedido de juicio político —mecanismo previsto en la Constitución Nacional— contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal sentido, la pérdida de credibilidad actual del Máximo Tribunal de Justicia de Argentina implica una inadmisible degradación del sistema institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes.
Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país.
Sr. Presidente:
A partir de diciembre de 2019 el gobierno nacional retomó la tradición de prestar plena colaboración a los organismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos.
Durante 2022 este Consejo fue presidido por primera vez por nuestro país, contando su postulación con el acompañamiento de todos los Estados miembros del Consejo, que reconocieron así el compromiso de la República Argentina con los estándares internacionales de derechos humanos.
En estos últimos tres años, hemos recibido la visita de diferentes mecanismos y expertos internacionales, a quienes les hemos prestado todas las facilidades para que puedan realizar sus misiones con absoluta libertad. Argentina, además, ha presentado la totalidad de informes periódicos exigibles del sistema universal y dio respuesta a 25 pedidos de informes de procedimientos especiales sólo en el último año.
Al mismo tiempo, nuestro país privilegia el mecanismo de soluciones amistosas o amigables en las peticiones ante el Sistema Interamericano o en las comunicaciones individuales ante los órganos de tratados de Naciones Unidas. Reconocemos que se trata de un mecanismo idóneo para garantizar una reparación integral a las víctimas y realizar reformas institucionales que eviten la repetición de las violaciones reconocidas. Por impulso de mi gestión al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, se han suscripto más de 30 acuerdos con víctimas y sus representantes, un récord absoluto.
Nos complace informar además que en noviembre de 2022 recibió jerarquía constitucional la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, ubicando al citado instrumento al nivel de alcance de los tratados internacionales sobre derechos humanos y otorgando mayor reconocimiento en materia de derechos hacia las personas mayores.
Por otra parte, la Cancillería argentina, con la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos, ha elaborado y puesto en práctica un mecanismo de selección de candidaturas para órganos del sistema internacional de protección de derechos humanos. Se trata de un procedimiento específico de selección abierto, transparente y con perspectiva de género, para las candidaturas que nuestro país presente para ocupar vacantes de los órganos y mandatos internacionales.
Señor Presidente:
Nuestro gobierno ha vuelto a honrar, con una relación estratégica, a los organismos de derechos humanos y a abrazar y contener a las víctimas y sus familiares. La lucha incansable de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es un orgullo internacional y es reconocida por el actual gobierno como un faro para avanzar en las políticas de derechos humanos.
Es en este marco que se elaboró el informe nacional del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal, que intenta plasmar, de manera honesta, las principales medidas adoptadas por nuestro país, y también reconocer los desafíos pendientes, con miras a que las recomendaciones de este importante mecanismo internacional contribuyan a fortalecer las políticas de protección de derechos en la República Argentina.
Es oportuno resaltar que para la elaboración de este informe se juntaron aportes de 30 áreas gubernamentales del Estado federal con competencia específica en las materias abordadas, dependientes de los tres poderes del Estado. Asimismo, para alcanzar un enfoque federal, el Consejo Federal de Derechos Humanos —dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos— sostuvo un proceso de intercambio con las jurisdicciones provinciales de nuestro país.
Por otra parte, siguiendo las sugerencias y recomendaciones de los órganos de protección internacional, se implementó por primera vez un mecanismo de consulta y participación con organizaciones de la sociedad civil. De esta manera se organizaron mesas de diálogo con más de 20 organizaciones de todo el país.
Distinguidas delegaciones:
En los próximos minutos intentaré repasar las principales medidas implementadas por el gobierno argentino en los últimos años, que han sido plasmadas en el informe nacional presentado en octubre de 2022.
I. En primer lugar, debe resaltarse que el proceso de memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad se convirtió nuevamente en una política de Estado en Argentina.
El juzgamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno de facto ha avanzado considerablemente. Al 5 de diciembre de 2022, ya son 1.117 las personas condenadas por los crímenes de lesa humanidad, en 643 causas penales en trámite desde 2006, a partir de procesos que cumplen con todas las garantías penales. Por eso, además de personas condenadas, también se registran 168 personas absueltas.
Por otra parte, es una alegría compartir que en los últimos días se produjo la restitución de dos nuevas personas apropiadas durante la dictadura cívico militar, siendo actualmente 132 los nietos y nietas que han recuperado su identidad en virtud de la incansable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que contó con el acompañamiento de los organismos estatales que les compete, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
La CONADI, además de impulsar la búsqueda de hijos/as de personas desaparecidas y nacidas durante el cautiverio de sus madres, para determinar su paradero e identidad, desde hace unos meses también tiene a su cargo el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica para contribuir a esclarecer los casos no vinculados a delitos de lesa humanidad.
Volviendo al proceso de memoria, verdad y justicia, debo decir que, para hacerlo posible, el Estado impulsa medidas enérgicas. La Secretaría de Derechos Humanos lanzó en 2020 el Plan Estratégico para el Avance de los Juicios de Lesa Humanidad, que establece distintas acciones dirigidas a acelerar los juicios y evitar la impunidad biológica, fortalecer las investigaciones y brindar un mayor acompañamiento a las víctimas. Actualmente la Secretaría de Derechos Humanos es querellante institucional en 278 causas penales en todo el país. Además, se aportan a la justicia informes de investigación, se asiste y notifica a miles de testigos y víctimas por año. También creamos nuestro propio cuerpo de peritos, para controlar las evaluaciones de salud que se realizan sobre las personas imputadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad, que ya participó en casi 200 evaluaciones a represores. Por su parte, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa atiende mensualmente un promedio de 250 víctimas del terrorismo de Estado, brindándoles asistencia psicoterapéutica o psiquiátrica.
El gobierno además impulsa activamente una política reparatoria para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos de la última dictadura y de las dictaduras anteriores, a partir de las leyes que establecen las indemnizaciones y pensiones. A partir de diciembre de 2019 reencauzamos los miles de trámites que habían sido paralizados durante la gestión anterior, al tiempo que ampliamos los criterios de reconocimiento del beneficio para los casos de exilio forzoso, para las personas que estuvieron detenidas a disposición de autoridades políticas o judiciales, y para las personas trans.
La Secretaría de Derechos Humanos cuenta también con diferentes áreas específicas que continúan efectuando sus tareas para garantizar el derecho a la verdad: como la CONADI, que ya nombré, el Archivo Nacional de la Memoria, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que trabaja junto al Equipo Argentino de Antropología Forense en los procesos de búsqueda e identificación de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas.
Por otra parte, desde que asumí como Secretario de Derechos Humanos, planteamos como una prioridad el abordaje de las responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado, y reactivamos la Unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. Este equipo releva información sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores/as y sindicalistas, así como en casos vinculados con delitos económicos. A la fecha existen aproximadamente 30 causas judiciales que investigan la responsabilidad penal de integrantes de empresas por crímenes de lesa humanidad, que se encuentran en distintas etapas procesales.
La Secretaría de Derechos Humanos se ocupa también de la señalización de sitios de memoria, donde sucedieron hechos emblemáticos en el marco del terrorismo de Estado. Ya se señalizaron cerca de 250 sitios de memoria. Se trata de aquellos lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, donde se perpetraron masacres o donde se descubrieron fosas clandestinas. Después de muchos años de lucha de los organismos de derechos humanos, se está proyectando la apertura de cuatro nuevos espacios en distintas provincias del país que serán gestionados por la Secretaría de Derechos Humanos. En particular mencionaré que el 10 de diciembre de 2021, en el marco del día internacional de los derechos humanos, el Presidente de la Nación firmó el decreto n° 846/2021 con el fin de crear el Espacio de la Memoria Campo de Mayo.
Se destaca, además, que el gobierno argentino ya presentó formalmente el expediente de nominación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La candidatura busca contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y del valor del consenso social como medio para lograr justicia.
Señor Presidente:
II. El actual gobierno nacional no tolera las violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad y penitenciarias. A diferencia de la gestión anterior, nuestra Secretaría de Derechos Humanos tiene como uno de sus ejes prioritarios promover un cambio cultural para erradicar la violencia institucional de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Así, la Secretaría se ha presentado como parte querellante o como amicus curiae en diferentes casos emblemáticos de violencia policial en distintas provincias del país, y ha sostenido una firme posición de repudio público frente a cada uno de estos casos. Además, para generar sensibilización social y evitar la repetición de estas prácticas, hemos impulsado un plan de señalizaciones de hechos graves de violencia institucional, consistente en la colocación y posterior inauguración de cartelería en memoria de las víctimas. Hasta el momento se han señalizado ya 30 lugares como testimonios de memoria y expresión del Estado de que estos hechos no pueden volver a cometerse.
A su vez, a través del Centro de Denuncias, línea telefónica gratuita que atiende las 24 horas a víctimas de violencia por parte de agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios públicos, la Secretaría brinda asesoramiento jurídico y acompañamiento psico-social. Y mediante el Centro Ulloa también se brinda tratamiento psicoterapéutico a víctimas y familiares de violencia institucional, y se orienta a efectores de salud para la asistencia especializada a estas víctimas.
Por su parte, el Congreso de la Nación tiene en estudio un proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional. La iniciativa legislativa, impulsada por un sector del bloque oficialista en la Cámara de Diputados con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, busca generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en todo el país, además de brindar acompañamiento y reparación a las víctimas.
Asimismo, con el fin de lograr un cambio de paradigma en materia de violencia institucional, la Secretaría de Derechos Humanos, en articulación con el Ministerio de Seguridad y varios gobiernos provinciales, desarrolla acciones para la formación de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos. Del mismo modo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario Federal y la Escuela Penitenciaria Nacional, dicta cursos obligatorios sobre los compromisos de derechos humanos respecto de las personas privadas de su libertad.
Distinguidas delegaciones:
La situación carcelaria es de enorme preocupación para nuestro gobierno, en especial por la superpoblación carcelaria que atraviesan varias provincias del país y por el uso abusivo de la prisión preventiva por parte de las administraciones de justicia nacional y provinciales.
El 27 de diciembre de 2017 se constituyó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo público de monitoreo, control y seguimiento de lugares donde se encuentran personas en situación de encierro. El Comité es un órgano esencial para proteger los derechos de las personas privadas de libertad, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Nacional impulsan la puesta en marcha de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, en las provincias que aún no lo tienen. Actualmente 17 jurisdicciones cuentan ya con sus mecanismos locales creados por ley, 9 de ellos ya constituidos y 8 en proceso de constitución. Por otra parte, seguimos trabajando con los gobiernos de las 7 provincias que aún no crearon sus mecanismos locales.
En relación a las mujeres privadas de libertad, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se diseñaron diversas estrategias de abordaje que buscan garantizar el acceso a derechos con un enfoque de género, visibilizando las condiciones desiguales y discriminatorias que atraviesan estructuralmente las mujeres presas; con énfasis en las mujeres embarazadas; y mujeres que conviven con sus hijas o hijos en establecimientos penitenciarios.
Desde diciembre de 2019 al 30 de noviembre del 2022 se incorporaron por disposición de la justicia nacional y federal de todo el país 586 mujeres en arresto domiciliario y otras modalidades de detención y ejecución de la pena y 10 personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+.
También se estableció el programa de tratamiento específico destinado a personas trans alojadas en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, y se brindaron capacitaciones para agentes penitenciarios en género y diversidad sexual.
Sr. Presidente:
III. En relación a las políticas de género y diversidad, una de las primeras medidas adoptadas al asumir el actual gobierno en diciembre de 2019 fue la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Su puesta en funcionamiento responde a los compromisos asumidos por Argentina con los derechos de las mujeres y diversidades, e implica una jerarquización de los temas de género en la agenda pública.
La importancia otorgada por la actual gestión se vio reflejada en la asignación presupuestaria del nuevo organismo, que en 2021 contó con un presupuesto 13 veces mayor que el asignado al Instituto Nacional de las Mujeres durante su último año de funcionamiento (2019).
A su vez, en 2020 se creó el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género, que promueve la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de todas las políticas públicas nacionales. El gabinete está integrado por todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y cuenta con una Mesa de Coordinación Técnica para articular con cada ministerio el plan de trabajo correspondiente.
En esta misma línea, se creó en el Ministerio de Economía de la Nación la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, con el objeto de diseñar y evaluar políticas públicas que acorten las brechas de desigualdad y, en particular, las existentes en la esfera económica. Así, la inversión en políticas de género y diversidad se efectiviza en todo el gobierno nacional a partir del sistema de etiquetado de partidas del presupuesto con perspectiva de género y diversidad.
Por otra parte, en 2021 se promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, en referencia a una reconocida activista asesinada hace unos años. La norma establece que el Estado nacional debe ocupar una proporción no inferior al 1% de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación. Se creó asimismo el Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y Transgéneros, en el cual se inscribieron hasta junio de 2022, 5003 personas de todo el país y se contrataron 427 personas de la población destinataria.
Respecto a la prevención de la violencia de género, en 2020 el gobierno nacional presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, con 100 medidas contra las violencias más extremas, como los femicidios, travesticidios y transfemicidios. Una vez finalizado, en septiembre de 2022, se actualizó para el período 2022-2024, que se encuentra en plena ejecución. El plan fue diseñado a través de un proceso participativo realizado en todo el país. Incorpora acciones de corto, mediano y largo plazo de 20 ministerios y 5 organismos descentralizados nacionales.
Honorable Consejo:
IV. El actual gobierno nacional ha jerarquizado nuevamente la relevancia del derecho a la salud de nuestra población. Por un lado, restituyó el rango ministerial a la cartera de salud, que había sido degradado a la categoría de Secretaría en el año 2018 durante la gestión anterior. También jerarquizó la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de ese ministerio, que procura facilitar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva de la población.
En este marco, se produjo un hito en la materia, que ha sido la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo por el Congreso de la Nación el 30 de diciembre de 2020.
La ley regula el acceso al aborto legal y a la atención postaborto, en cumplimiento con los compromisos asumidos por el Estado argentino sobre salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, contribuyendo a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.
La norma es de orden público y de aplicación obligatoria en todo el país. Esto quiere decir que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligadas a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención post aborto en sus respectivas jurisdicciones. También es obligatoria para los tres subsistemas de salud, efectores públicos, obras sociales, empresas y entidades de medicina prepaga.
A dos años de la sanción de la ley, en el sistema público de salud se reportaron 132.754 interrupciones, más de 2.000 profesionales fueron capacitados y 1443 centros sanitarios garantizan la práctica en todo el país, gracias a la distribución gratuita de medicamentos y equipamiento del Ministerio de Salud de la Nación.
Sin perjuicio de ello, la sanción de la ley generó algunas resistencias de sectores conservadores, que presentaron acciones de amparo y de inconstitucionalidad en diferentes jurisdicciones del país para impugnar la norma. El Ministerio de Salud de la Nación se presentó en cada una de esas causas para defender la normativa. Ello permitió que no haya ninguna sentencia de fondo que avale impugnaciones contra la ley hasta el presente.
Simultáneamente fue sancionada la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como ley “1000 días”, que busca fortalecer el cuidado integral de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños/as en la primera infancia, para reducir la mortalidad, malnutrición y desnutrición, estimular la salud de manera integral y prevenir la violencia.
En julio de 2022 se promulgó también la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Infecciones de trasmisión sexual y Tuberculosis, que garantiza la atención universal y gratuita para toda la población. Esta ley fue recientemente reglamentada en diciembre de 2022.
Por supuesto no podemos dejar de mencionar las importantes medidas sanitarias adoptadas por el gobierno para dar respuesta al impacto del Covid-19.
Ante la declaración de la pandemia, se incorporaron un 47% de camas de terapia intensiva al sistema de salud público, incrementando así del 28 al 40% la participación del sector público en el total de camas de terapia intensiva.
A su vez, el gobierno nacional centralizó la compra y distribución de respiradores según criterios de equidad, incrementándose en un 66% la capacidad instalada de respiradores, y duplicando su cantidad en el sector público.
La estrategia de vacunación contra el Covid-19 en nuestro país buscó garantizar la disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional, a fin de cubrir a la población argentina de manera gratuita, equitativa e igualitaria. La vacuna es provista por el Estado Nacional para toda la población, independientemente de la cobertura sanitaria y la nacionalidad. Debido a la estructura federal de nuestro país, si bien cada una de las 24 jurisdicciones implementa las acciones de vacunación, desde el nivel nacional se establecieron los lineamientos generales para las estrategias de vacunación.
Hasta el 9 de enero de 2023 fueron aplicadas un total de 113.092.221 dosis, de las cuales más de 41 millones de personas fueron vacunadas con 1 dosis; casi 38 millones con 2 dosis; más de 30 millones con dosis de refuerzo; y más de 3 millones con dosis adicional, que se aplica cuando han pasado cuatro meses desde la última vacuna contra Covid-19.
Además, emprendimos una estrategia sanitaria integrada para fortalecer todas las etapas de cuidado de la población argentina. Así, el Programa Medicamentos Gratis de PAMI garantiza el derecho al acceso a la salud para las personas mayores. Gracias a una fuerte inversión, el Estado nacional asegura el acceso a los medicamentos gratuitos y al conjunto de los tratamientos habituales para más de 5 millones de personas mayores.
En materia de salud mental, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó la Estrategia Federal de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos en el año 2022, que busca fortalecer el sistema de atención de la salud mental y garantizar el derecho a una asistencia de calidad y en el marco de la comunidad a toda la población. Uno de sus objetivos es promover la desmanicomialización de las personas que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos, llevando adelante un proyecto de construcción y puesta en funcionamiento de viviendas para personas usuarias de los servicios de salud mental, en distintas jurisdicciones de nuestro país.
En particular en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la actual gestión provincial asumió el compromiso de reformar el modelo de atención y cuidados en salud mental para la construcción de una provincia libre de manicomios, que implica la consolidación de un modelo de atención con base en las comunidades. El Ministerio de Salud provincial inició un proceso con lineamientos de base para la reforma de los neuropsiquiátricos públicos provinciales, incluyendo plazos concretos para el desarrollo y concreción de los proyectos y el cierre definitivo de las salas de pacientes crónicos y larga estadía para nuevos ingresos. Asimismo, creó el Programa de apoyo a los procesos de externación sustentable, a fin de generar herramientas para un cambio en el modelo de atención de la salud mental con subsidios económicos, planes de vivienda e inclusión laboral. Resultando un descenso del 34.91% de la población institucionalizada.
La reforma impulsada contempla la ampliación significativa de la atención de la salud mental en hospitales generales y la creación de dispositivos comunitarios, así como un programa específico para las infancias y juventudes; con una significativa incorporación de personal sanitario que permite sostener el cambio de modelo señalado.
Señor Presidente:
V. El actual gobierno nacional está fuertemente comprometido a mejorar el acceso universal a la educación. Por eso, el Ministerio de Educación retomó el programa Conectar Igualdad, iniciativa que había sido abandonada por el anterior gobierno.
El programa distribuye computadoras a estudiantes de secundaria y educación especial de las escuelas públicas de todo el país y se propone garantizar el acceso de las y los jóvenes a las nuevas tecnologías y reducir las brechas digitales. Además, contiene una plataforma digital asociada al programa con contenidos educativos abiertos, creados colaborativamente por todas las provincias, y un sistema de aulas virtuales para que las y los docentes preparen sus clases por internet.
Por otra parte, desde el Gobierno Nacional se otorgan las Becas Progresar, para fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes, promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior. Las becas crecieron exponencialmente entre los años 2021 y 2022, con la incorporación al programa de jóvenes entre 16 y 17 años, contando a la fecha con casi 2 millones de becarias y becarios. Es importante destacar, que hace unos pocos días fue otorgado un aumento en el monto de las becas Progresar, que representa un incremento del 150% desde septiembre de 2021, alcanzando su mayor nivel de inversión anual.
En materia de educación y formación derechos humanos, no podemos dejar de resaltar el esfuerzo realizado por la Secretaría de Derechos Humanos, a través de su Campus Virtual, que dicta cursos dirigidos a agentes de la administración pública, a fuerzas de seguridad y personal penitenciario, a docentes de todos los niveles y modalidades, estudiantes, miembros de organizaciones de la sociedad civil y público en general. En efecto, desde 2020 a la fecha ya se inscribieron a nuestras ofertas de cursos virtuales más de 62.000 personas, aumentando año a año (el promedio anual de inscripciones de la anterior gestión era de 5.000).
VI. En materia de políticas de igualdad y no discriminación, el gobierno actual impulsó la elaboración de un nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, a través del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El plan fue concebido con participación de 1700 organizaciones de la sociedad civil, a través de 21 foros regionales. El Plan contempla compromisos concretos de gobiernos provinciales y áreas del gobierno nacional para el período 2021-2024, sistematizados y vinculados con las metas de Argentina para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Distinguidas delegaciones:
VII. Respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno nacional estableció en el año 2021 una nueva prórroga de la ley n° 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspendiendo la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas de nuestro país hasta el 23 de noviembre de 2025.
Además, en el año 2021 se creó la “Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat”, herramienta de articulación entre los organismos y jurisdicciones competentes, con el objetivo de diseñar e implementar políticas públicas desde una perspectiva intercultural. La Unidad diseñó un plan de acción y de trabajo sobre la base de cuatro ejes: restitución territorial, mejoramiento de calidad de vida, gestión ambiental y fortalecimiento de actores locales, que se encuentra actualmente en pleno proceso de implementación, con el propósito de avanzar junto con las comunidades en el cumplimiento de la sentencia, y principalmente, garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio.
Señor Presidente:
VIII. Nuestro país lleva adelante una política migratoria y de protección de derechos de personas refugiadas que nos enorgullece.
En marzo de 2021, el Presidente de la Nación derogó el Decreto N° 70/2017 que había sido dictado en el gobierno anterior, restituyendo así la plena vigencia de la Ley Nacional de Migraciones de 2003.
La derogación se fundamentó en que esa norma dictada por el ex Presidente Macri resultaba irreconciliable con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. De hecho, tanto el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares emitieron un comunicado conjunto, en el que aplaudieron la decisión del actual gobierno argentino de volver a restituir la Ley Migratoria en toda su integralidad.
La Dirección Nacional de Migraciones en 2022 implementó además nuevos programas especiales de regularización, que habilitaron el inicio de trámites de regularización para personas de nacionalidad senegalesa y nacionales de países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), más la República Dominicana y República de Cuba. Por otro lado, se aprobó en 2021 un régimen especial de regularización para niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos, y en 2022 se adoptaron políticas vinculadas a personas desplazadas por desastres socio-naturales o conflictos bélicos, a través de un programa especial de visado humanitario para nacionales y residentes en los Estados Unidos Mexicanos, Centroamérica y el Caribe. En igual sentido, se autorizó el ingreso y permanencia por razones humanitarias a ciudadanos/as ucranianos/as y sus familiares directos, independientemente de su nacionalidad, como respuesta a la crisis ocasionada por el conflicto bélico que atraviesa ese país.
Hace apenas unos días, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó un decreto que modificó los requisitos para el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez, a los efectos de hacerla accesible en todo el territorio argentino. Se redujo considerablemente el tiempo de residencia requerido para las personas extranjeras, fijando el plazo de 10 años de residencia para personas adultas y de 3 años para personas menores de edad.
A su vez, en relación a la protección de los apátridas, la República Argentina dio un paso sustancial en el año 2019, con la sanción de la Ley General de Reconocimiento y Protección de las Personas Apátridas. Dicha legislación define el concepto de persona apátrida y establece que su protección se regirá por las disposiciones del derecho internacional.
Señor Presidente:
IX. Muy brevemente, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes no podemos dejar de señalar el importante avance que ha significado en 2020 la designación de las autoridades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, máximo organismo de control del sistema de protección integral de derechos de la infancia, luego de 15 años de encontrarse los cargos vacantes.
X. Finalmente, sobre el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, en el año 2020 se designó a la nueva la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano encargado de proteger los derechos de las audiencias audiovisuales, finalizando la etapa de debilidad institucional que sufrió el organismo desde 2016, con un período de acefalía y luego con una intervención.
En el 2022 además se nombró a la nueva titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, cargo que se encontraba vacante desde diciembre de 2020, luego de un proceso de audiencia pública transparente y abierto para tratar su postulación; organismo además que está impulsando la actualización necesaria de la Ley de Datos Personales.
Señor Presidente, distinguidas delegaciones:
Para finalizar, debo señalar que tenemos la seguridad que durante esta sesión mantendremos un diálogo constructivo y mutuamente enriquecedor. El intercambio nos permitirá, por un lado, ampliar la información sobre los avances que brevemente he referido, como así también identificar y asumir el compromiso de enfrentar los desafíos que nuestro país aún tiene por delante. Muchas gracias.
