Mauricio Macri es un hombre de suerte. Es el accionista minoritario de una sociedad llamada Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró), sociedad que no le distribuyó nunca ganancias a ninguno de los socios, pero al expresidente le entregó, en concepto de utilidades durante 2017, 2018, 2019, la bonita suma de 54.286.824 pesos, pese a que en dos de esos años Agro G tuvo pérdidas. La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció una increíble sucesión de maniobras de la justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires para convalidar las jugarretas y calculó que los 54 millones de pesos, actualizados, suman 1.092.254 dólares, que Macri se llevó a su casa. El contencioso tendrá un nuevo capítulo cuando termine la feria judicial.
Un fideicomiso ni ciego ni zonzo
La IGJ, presidida por Ricardo Nissen, inició en el mes de enero de 2020 una investigación sobre el funcionamiento de lo que Macri llamó «Fideicomiso Ciego de Administración» de sus bienes. Cuando estalló el escándalo de Panamá Papers, en que se detectaron sociedades y cuentas de Macri en el exterior, el mandatorio anunció que aportaba sus bienes a una sociedad que recibió el nombre de Seguridad Financiera S.A. y que sería manejado por personas ajenas a él, lo que evitaba que el entonces presidente hiciera negocios durante su mandato y utilizara a su favor la información que tiene un presidente. Pero ni Macri puso en el fideicomiso la mayoría de sus bienes ni Seguridad Financiera fue manejada por una ONG o alguna persona intachable, sino por escribanos de su entorno.
La mirada de la IGJ se posó sobre una de las sociedades que MM puso en el fideicomiso y en la que el expresidente tenía una participación supuestamente minoritaria. Agro G era un conglomerado familiar en el que Macri poseía el 15 por ciento de las acciones. La sociedad nunca distribuyó dividendos y sus directores renunciaron a cobrar sueldos, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades normales, que tienen actividad real. Así ocurrió entre 2007 y 2013. En este último año se decidió hacer una ampliación de capital de cinco millones de pesos, pero el único socio que compró esas acciones fue Macri. La IGJ denunció varias irregularidades en esa jugarreta, entre otras razones porque las acciones se entregaron a un peso cada una, siendo que las anteriores valían 1.000 pesos cada una.
Sacar ganancias de una empresa que pierde
Pero lo más asombroso ocurrió años después. Agro G siguió sin distribuir dividendos hasta que en 2020, justito cuando terminó el fideicomiso ciego, le reintegraron a Macri —y sólo a Macri— los 54 millones de pesos. Un dato llamativo es que esa cantidad la recibió Macri en cheques endosados de otra sociedad, Latin Bio S.A., en la que la esposa del expresidente, Juliana Awada, es accionista. El 27 de abril de 2021, la IGJ resolvió promover acciones de nulidad de esos actos y otros del fideicomiso Seguridad Financiera.
Como viene ocurriendo, la justicia salió al rescate del expresidente. Primero, en una maniobra que la IGJ califica como de fórum shopping (elegir el juez), el expediente fue a la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Los magistrados admitieron que la ampliación de capital fue irregular, pero consideraron improcedente la declaración de irregularidad e ineficacia del cobro de los 54 millones de dividendos. La IGJ argumentó: “si la ampliación de capital fue inválido, mal puede avalarse la legalidad del pago de dividendos a quien se hizo con esas acciones de la ampliación de capital”.
Ante esa resolución, el organismo conducido por Nissen denunció a nueve de los 16 integrantes de la Cámara por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En la apelación a lo resuelto en el fuero penal, la IGJ calculó que, actualizados los 54 millones de pesos, lo que recibió Macri equivale a 401 millones de pesos, o 1.092.000 dólares, cifra que el expresidente debería devolverle a la sociedad.
La IGJ pidió la intervención judicial de Agro G, lo que fue rechazado por la jueza María José Gigy Trainor el mes pasado.
La protección a Macri en los tribunales
La batalla en Tribunales seguirá ni bien termine la feria judicial, aunque el pronóstico indica que la justicia porteña actuará igual (o peor) que Comodoro Py, donde no avanzan ni un milímetro las increíbles causas por los negociados de Macri en beneficio de las empresas familiares.
En los peajes, la administración de JxC prorrogó los contratos sin ningún tipo de estudio ni licitación, beneficiando a Autopistas del Sol, el conglomerado en el que la familia Macri tenía el siete por ciento. Después vendieron en más de 80 pesos las acciones que valian tres pesos antes de que asumiera la presidencia y los manejos se hicieron a través de una sociedad de Lichtenstein, manejada por su hermano Gianfranco.
En los parques eólicos, el gobierno de Macri permitió que la quebrada e investigada empresa española Isolux se quedara con seis parques, prácticamente no los desarrolló, luego los compró el Grupo Macri y se los vendió a la china Genneia con una ganancia para la famiglia de 15 millones de dólares. Fue un pase de manos de un mes.
Ni hablar del empantanamiento de la investigación sobre la descomunal deuda contraída con el FMI, sin pasar por el Congreso Nacional. El expediente, a cargo de María Eugenia Capuchetti, se inició a fines de 2019.
