“Hay que frenar al nuevo Plan Cóndor en la región”, advirtieron las organizaciones reunidas en la Celac social. Quinientos referentes de movimientos sociales, sindicales, ambientalistas y de pueblos originarios de América Latina y el Caribe están sesionando en Buenos Aires, en simultáneo con la cumbre de presidentes. Elaboraron un documento, que este martes llevaron, con una marcha hasta las puertas del hotel Sheraton, a los mandatarios. En el texto plantearon las necesidades económicas, laborales, sociales y ambientales de la región, y condenaron las operaciones desestabilizadoras contra los gobiernos elegidos por el voto de las mayorías: el golpe de Estado en Perú, el intento de golpe en Brasil y los intento de asesinato a Cristina Kirchner y a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.
“Las acciones de la reacción están acechando permanentemente a nuestras democracias”, señaló a Página/12 Hugo Godoy, titular de la CTA Autónoma. “Frente a esto, los movimientos populares, las organizaciones sindicales y políticas deben hacer frente común, intervenir y tener espacios de participación en la Celac”.
Roberto Baradel agregó que en las organizaciones reunidas hay una enorme preocupación antes los intentos de “condicionar las democracias en nuestros países a través del lawfare y la mafia mediática judicial, que buscan proscribir a líderes populares para impedir que estén al frente de procesos políticos en favor de los pueblos y la integración regional. Tenemos los antecedentes de Lula en Brasil, que estuvo preso, de Rafael Correa en Ecuador y hoy está sucediendo con Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina”, completó el dirigente docente y referente de la CTA de los Trabajadores de la Argentina.
La Celac social se conformó el lunes, en paralelo a la cumbre de presidentes realizada en Buenos Aires. La idea es que sea un espacio permanente, en el sentido de que sesione no sólo cada vez que se reúna la Celac. Para esto sus referentes buscarán armar una instancia de articulación entre Celac y Celac Social para intercambiar ideas, propuestas, hacer pronunciamientos, como un modo de relación entre los pueblos y los estados.
De la Argentina participan delegados de las dos CTA, la CGT y la UTEP, y también agrupaciones políticas como La Cámpora y el Movimiento Evita. Están además el Foro de San Pablo, la CUT de Brasil, movimientos ambientalistas y de Pueblos originarios, como la agrupación Las Bartolinas, de mujeres de Bolivia.
En su declaración plantearon, entre otros puntos:
- América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo
- También es la más endeudada del mundo en desarrollo. “Es innegable, en este sentido, la responsabilidad de organismos internacionales como el FMI, instrumento de una estrategia de sometimiento al capital transnacional, con el destacado apoyo de los Estados Unidos, en alianza con grupos locales”.
- Existe una deuda histórica con los derechos laborales y humanos de sus habitantes.
En ese sentido, dieron su apoyo a la cumbre de la Celac como espacio de integración y formularon a los presidentes una serie de demandas. en lo macroeconómico, que revisen los procesos de “endeudamiento salvaje” y se den estrategias de repago de las deudas que recaigan sobre los actores que se beneficiaron con ella y no sobre los pueblos. Que avancen en acuerdos tributarios entre los países para detectar las fugas de capitales. Que pongan límite al proceso de extranjerización de la tierra y espacios marítimos y fluviales. Que desanden los acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversión que han sido perjudiciales para nuestros países.
También advirtieron que es “imperioso” que los estados encaren la cuestión de la crisis climática.
Otro tema clave reclamado es que los gobiernos de la Celac se comprometan a generar trabajo digno, garanticen pisos de derechos laborales y comprometa a sus estados parte a respetarlos y no promover ninguna reforma legislativa que los vulnere. Asimismo, que sean defendidos los sistemas previsionales públicos y de reparto.
Finalmente, demandaron la democratización de los poderes judiciales “que se encuentran coptados por intereses internacionales y locales que no se corresponden con los de nuestros pueblos, para asì dar fin al disciplinamiento social, la criminalización de la pobreza, la juventud y la protesta, así como a la guerra jurídica contra los y las líderes populares”.
