El director de Derechos Humanos de la Cancillería de Chile, Tomás Pascual, escribió este martes en su cuenta de Twitter que felicitaba al Estado argentino después de su Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su comentario abarcaba varios rubros. Pero un punto central fue que, lejos de cuestionar el planteo de Horacio Pietragalla sobre la falta de legitimidad del Poder Judicial y la persecución sistemática contra dirigentes políticos y sociales con los riesgos que implica para la democracia, resaltó «la importancia de la independencia de los sistemas de justicia» y precisó: «coincidimos con el Secretario de Derechos Humanos de Argentina, en que esa situación debe ser garantizada».
La ONU sobre la independencia judicial argentina
Lo que publicó Pascual fue una desmentida categórica frente a lo que intentaron instalar la mayoría de los medios al decir que la ONU había cuestionado al gobierno argentino y le había reclamado que respete la independencia judicial. Este mensaje busca generar descrédito respecto del juicio político a la Corte Suprema y las reformas judiciales pendientes aún no descartadas.
Lo que (des)informaron dos diarios nacionales y que luego fue replicado por portales, radios y canales, es tergiversación maliciosa de lo ocurrido. Como se trata, además, de algo que ocurrió en un organismo internacional busca generar una onda expansiva que enchastre al gobierno de Alberto Fernández.
«La ONU rechazó el reclamo de lawfare del Gobierno», tituló La Nación.«Dura respuesta de la ONU al Gobierno: debe respetar la independencia de la Justicia», titulaba Clarín en perfecta sintonía. Luego, los textos de ambas notas subrayaban que todo fue una reacción al discurso que había dado horas antes Pietragalla, frente a representantes de más de un centenar de Estados.
Una primera cuestión a aclarar: Argentina envió su informe sobre Derechos Humanos al Consejo en octubre último. Allí ya señalaba, entre muchos otros temas, los problemas respecto de la actuación del Poder Judicial, el poder mediático y el económico, y ponía como ejemplo de persecución político-judicial el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las «recomendaciones» posteriores fueron elaboradas en base a esa presentación y a los diagnósticos de varias organizacones no gubernamentales, no a lo que dijo un funcionario en su exposición.
Pero hay más para para precisar:
- El Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 Estados, pero al examen periódico (cada cuatro años) pueden asistir otros. Las «recomendaciones» no las hace la ONU. Las que se conocieron este lunes fueron elaboradas por algunos Estados. Son posicionamientos particulares entregados —sí— tras el discurso de Pietragalla.
- El informe de que integra las evaluaciones de los Estados lo hacen tres países que integran el Consejo. A ese grupo de tres le dicen «troika». Argentina será evaluada por China, Bolivia y Gabón. No existe un informe de la ONU. El de ese trío estará listo este viernes. Luego la Argentina tendrá tres meses para responder.
- De un total de 108 Estados presentes el lunes, solo tres dedicaron alguna consideración a la cuestión judicial argentina. Chile dijo que «con el fin de seguir avanzando en el respeto y promoción de los Derechos Humanos, recomienda (…) garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para el Ejercicio de sus funciones». Eslovaquia aconsejó que «se haga efectivo el principio de la independencia judicial». Los alemanes evaluaron: «Alemania está preocupada por loa intentos de ejercer influencia política en el sistema judicial«. En el mismo párrafo agregaron que les preocupa «la situación indígena y la violencia policial». Luego, que hay que «trabajar con la oposición para cubrir las vacantes en la Procuracion General, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo». En ninguno de los casos, o con algún margen de duda sesgado en el de Alemania, se puede entrever un cuestionamiento al gobierno argentino.
¿No es obvio que es deseable la independencia judicial? ¿Pero qué quiere decir independencia? ¿Cuál es esa independencia si el sistema de justicia siempre persigue las y los mismos? ¿Respecto de quién? ¿Cuándo fue independiente de la derecha—por ejemplo3 la Corte actual (formateada por Mauricio Macri)? O, dicho desde otro ángulo, ¿Cuándo tuvo alguna dependencia del gobierno actual?
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos
«Tomamos las recomendaciones para trabajar por una justicia independiente en la misma sintonía de la preocupación que planteamos sobre el lawfare y fenómenos regionales similares. Estamos hablando de eso. Lo que vimos que tradujeron varios medios es parte de la defensa corporativa al Poder Judicial que atenta contra la democracia», le dijo Pietragalla a Página/12. «Lo que vivimos después de la exposición y las recomendaciones no tiene nada que ver con lo que se quiso informar. Recibimos felicitaciones de la mayoría de los integrantes del Consejo por las políticas de derechos humanos y ampliación de derechos. Estábamos muy conformes», agregó.
El abanico de temas expuestos por Argentina, además, fue muy grande. Todo quedó focalizado al final en la cuestión judicial y el armado de causas, así como en el llamado de atención sobre el crecimiento de los discursos de odio, que desembocaron en el intento de magnicidio de la vicepresidenta, porque son los más novedosos y actuales, y porque son los que irritan a la oposición (en especial el macrismo, el larretismo y la Coalición Cívica) preocupada por mantener el statu quo judicial, que no cambie nada ni lleguen nuevos jueces y juezas y sostener una defensa de la Corte, ya que les resulta funcional a sus intereses (por ejemplo, recibir protección de los tribunales) y a los del poder económico.
La mayoría de los otros temas suelen ser parte habitual de la agenda temática que se repasa en esta instancia internacional y, en la mayoría de ellos fueron destacados los avances y buenos resultados, como informó este diario.
El tuit de Pascual refleja el tenor de la mayoría de las exposiciones de los Estados, el foco, la variedad de temas y la posición respecto de la situación judicial. «Ayer fue el EPU de Argentina, país con el que tenemos una estrecha agenda en DDHH. Este año ellos conmemoran los 40 años del retorno a la democracia y en Chile los 50 años del Golpe de Estado. Felicitamos al Estado argentino por sus avances en la búsqueda del derecho a la identidad», decía el primer posteo.
«Y su institucionalidad en materia de género, hicimos recomendaciones con espíritu constructivo para atender algunas de las necesidades en materia de DDHH», continuaba. Adjuntaba también una felicitación sobre la creación del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad y recomendaba «apoyar al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y adoptar medidas para asegurar los derechos de la población en situación de pobreza».
Un parrafo final, en la enumeración sobre necesidades marcaba «la importancia de la independencia de los sistemas de justicia. Esto es fundamental en un Estado de Derecho y coincidimos con el secretario de DDHH de Argentina, en que esa situación debe ser garantizada». Difícil cambiar el sentido de estas afirmaciones.
