La muerte de Lucio Dupuy, de cinco años de edad, en manos de su madre y su madrastra, despertó la indignación nacional. Pero esos episodios de violencia no fueron los primeros. Hace algunos años, en Salta, hubo otro.
Ocurrió en 2015 y se lo recuerda por ser un episodio que destapó una olla dentro del Gobierno de la Provincia que por entonces encabezaba Juan Manuel Urtubey. Mostró la falta de compromiso de las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos, que no estuvieron a la altura de la circunstancia: el caso Thiago Quipildor.
Thiago tenía cuatro años, vivía junto a sus tres hermanos en la casa de Marcelo Senise y Patricia Sánchez, quienes los habían adoptado a través del subprograma Sistemas Alternativos de la Dirección General de Niñez y Familia de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos de Salta.
Thiago murió el 8 de julio de 2015 a causa de un cuadro pulmonar agravado. Presentaba signos de desnutrición. Al mismo momento, una hermana del menor fue internada por desnutrición, con indicios de maltrato físico.
Hoy, Senise y Sánchez están detenidos, tras un juicio que también condenó a funcionarios provinciales de menor categoría que la máxima responsable, la por entonces ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, quien estaba al tanto de que su cartera no tenía personal ni recursos suficientes como para cubrir todas las necesidades o detectar los posibles maltratos de niños.
Todo el peso de la ley cayó sobre psicólogas, médicos y más trabajadores del Ministerio que habían advertido a la ministra Cansino de la imposibilidad de realizar controles correctos. No tenían vehículos suficientes. Tampoco daban abasto. Cada profesional tenía un promedio de cuarenta niños a su cargo en toda la provincia.
En ese momento había casi 2400 chicos de seis meses a cuatro años de edad que dependían de la provincia. Los profesionales designados para trabajar en su asistencia eran siete en toda la provincia.
Cansino había sido advertida de los peligros que estas falencias representaban. Cuando ocurrió la muerte de Thiago, nadie en Derechos Humanos lo vio como una casualidad sino como la consecuencia lógica de falta de una política pública correcta. Sin embargo, quienes pagaron fueron los que advirtieron que esto podía suceder.
