Ruiz está imputada por haber facilitado la realización de una ILE en agosto de 2021 luego de que el caso fuera evaluado por un equipo interdisciplinario del Hospital de Tartagal. Aquella vez sorprendió que el fiscal Gonzalo Vega y el juez Mariscal Astigueta encarcelaron por unas horas a la médica el 3 de septiembre pasado, para luego liberarla tras el reclamo de organizaciones de mujeres en todo el país.
No obstante, la Fiscalía amplió la imputación a Ruiz acusándola de haber realizado la ILE sin consentimiento de la gestante a pesar de que se cumplieron todos los procedimientos y que la práctica es legal en el país. El juez rechazo hace poco el sobreseimiento de la médica e imputo a otro médico – Marcelo Cornejo – junto a un técnico administrativo por “falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, tras concluir que uno de los certificados de identificación fetal tiene impresiones contradictorias.
“La figura del amicus curiae tiene por objeto acercar ´opiniones consideradas de trascendencia para la sustanciación del proceso´, en general” destacó en su edición de hoy la sección local del diario Página 12. En este caso particular, la Secretaria de Derechos Humanos de la nación resalto que “se presenta con el objeto de que se nos permita hacer conocer al tribunal nuestros argumentos jurídicos sobre la necesidad de descriminalizar las conductas imputadas”. La presentación fue elevada por el secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.
“Resulta sumamente problemático para el Estado de derecho que se criminalice a quien cumple la normativa vigente, simplemente porque algunas personas no estén de acuerdo con dichas normativas”, se sostiene en el escrito elevado. A entender del organismo nacional, Ruiz no solo “no cometió delito alguno, sino que de no haber actuado como actuó, hubiese incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por incumplimiento de la Ley y su protocolo de actuación”.
Otro punto destacado por la Secretaría es que “dado que la mayoría de los médicos de la zona se ha declarado como ‘objetores de conciencia’, Miranda Ruiz es una de las pocas que garantizan a la comunidad de Tartagal el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto implica que, además de criminalizar una práctica que es legal en nuestro país, de avanzarse con la imputación a Ruiz, significaría violar el derecho de las y los ciudadanos de Tartagal de acceder a la IVE/ILE”. En este punto afirmó que “las prácticas de IVE/ILE desarrolladas por la médica Miranda Ruiz en la ciudad de Tartagal, son conductas lícitas”.
