«Salario Básico Universal, es ahora«, repiten las paredes empapeladas del centro porteño y les dirigentes de organizaciones sociales que ya comenzaron a presionar en las calles para ver si el calor de la protesta logra descongelar el debate en el Congreso. El reclamo se formalizó en mayo con la presentación de un proyecto de ley de diputades de Patria Grande, sin embargo, es la propia Cristina Fernández la que ahora ha agarrado la posta y ha decidido rencauzar la discusión desde el Senado. El objetivo es presentar una incitativa propia, diferente a la que lleva la firma de Itai Hagman pero acordada con las organizaciones sociales.
No tendrá el nombre de «salario universal», sino que será un «ingreso complementario» que tendrá como objetivo atacar la indigencia en un contexto de escalada inflacionaria – 64 por ciento la interanual, la más alta en 30 años – y de gran conflictividad social. Juliana Di Tullio, senadora muy cercana la vicepresidenta, es la dirigenta encargada de conversar con los distintos sectores que integran la coalición de modo de diseñar un proyecto consensuado que permita dar una respuesta a la crisis social.
Todavía no hay nada escrito, pero las negociaciones en el Senado para acordar un nuevo proyecto de ingreso universal comenzaron hace semanas. Si bien Di Tullio ya estaba trabajando en el tema desde mayo, el puntapié fue la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en el acto de Ensenada, cuando anunció que había llegado el momento de discutir «la necesidad de un ingreso universal básico». El comentario había sido un guiño a Patria Grande – que había recibido como una patada lo de acabar con la «tercierización» de las organizaciones con los planes sociales -, pero también un anticipo de la nueva estrategia de la vicepresidenta, que empezó a hacer propio el reclamo. En la práctica, además de las exigencias de tratar el tema (a Alberto Fernández y el resto del Frente de Todos), esta nueva bandera se tradujo en el objetivo de diseñar un proyecto propio.
Las conversaciones son aún incipientes: Juliana Di Tullio se reunió ya con varios dirigentes que representan distintos sectores del FdT con la expectativa de ir aunando posiciones. Los principales interlocutores son los referentes de Patria Grande, como el líder social Juan Grabois o el diputado autor del proyecto original, Itai Hagman. Las negociaciones son un proceso delicado porque la iniciativa de les senadores tiene que convencer a las organizaciones sociales, que son los principales impulsores del proyecto, en un contexto de creciente tensión social. En las últimas 48 horas Grabois ya ha protagonizado, junto a otras organizaciones sociales afines al FdT, dos convocatorias críticas al gobierno nacional – la asamblea en Constitución el miércoles y la feria popular frente al Congreso el jueves – y no pareciera que la conflictividad fuera a amainar. «Esto ya llegó a un punto en el que esto se resuelve en la calle o no se resuelve. Lo que estamos esperando son medidas«, sostuvo Grabois en declaraciones televisivas y luego, en diálogo con este diario, agregó: «La situación es insostenible como muestran los números del INDEC. El tiempo se agota».
En este campo minado, Di Tullio avanza lentamente en las negociaciones. Una cosa es segura: el proyecto no será igual al que firmó Itai Hagman. En primer lugar, no será un «salario básico universal», sino un «ingreso complementario», más similar a lo que en su momento fue el IFE. «Salario es otra cosa. Salario significa una relación formal de trabajo. Salario básico es el salario mínimo vital y móvil», explican desde el Senado, desde donde apuestan a impulsar un proyecto «peronista» de refuerzo de ingresos. Tampoco será «universal», ya que el objetivo no es que sea para todos y todas, sino para las personas en mayor situación de vulnerabilidad. La iniciativa de Hagman incluye a les trabajadores informales de la economía popular, empleadas de casas particulares, las categorías más bajas del monotributo, entre otros, lo que implica un universo de alrededor de 7,5 millones de personas. Si bien aún no hay precisiones, el ojo del kirchnerismo está puesto fundamentalmente en eliminar la indigencia.
El mismo Andrés «Cuervo» Larroque, lanzallamas oficial de La Cámpora contra el gobierno nacional, se refirió al tema en una entrevista reciente: «En su momento tuvimos la política revolucionaria de la Asignación Universal por Hijo. Hoy, pasado el tiempo, con pandemia y macrismo mediante, hay un nivel de crisis que requiere una política de ingresos que quizás deba ser transitoria pero que nos permita llegar a una recuperación del salario o a una recuperación del empleo como la que nosotros aspiramos. Necesitamos esa política de ingresos como lo fue el IFE en su momento», le dijo a Letra P, en una conversación que fue previa a la renuncia de Martín Guzmán pero que transmite lo que La Cámpora y el cristinismo están pensando respecto a un ingreso universal. Di Tullio, incluso, conversó también con Larroque la semana pasada para incluir su perspectiva como ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.
El universo, entonces, es aún motivo de discusión. El monto, en cambio, es más factible que sea el mismo que propone el proyecto de Patria Grande: una Canasta Básica Alimentaria (que en mayo había sido de 14.400 pesos). El resto se irá definiendo a partir de las negociaciones que incluyen, además, a funcionarios del gobierno nacional. Ya hubo un acercamiento al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que tiene una mirada positiva general respecto a la iniciativa. Quedará para más adelante, sin embargo, la inevitable tarea de discutirlo con la ministra de Economía Silvina Batakis quien, como el presidente, ya ha advertido que «no dan las cuentas» para impulsar un Salario Básico Universal. Desde el kirchnerismo consideran que, de avanzar con un acuerdo transversal, el gobierno podría terminar sumándose. A la hora de discutir las fuentes de financiamiento, sin embargo, cuestionan la postura fiscalista de la gestión nacional y advierten: «Hay que ponerse creativos». Renta inesperada, aumento de retenciones, transferencia de los subsidios a las tarifas energéticas: las propuestas que rondan son varias, pero los movimientos sociales, sindicatos y referentes que impulsan el proyecto advierten que, tarde o temprano, el gobierno tendrá que «pelearse con alguien» para costearlo.
