Si un poseedor disputa las tierras que trabaja y ocupa con un titular registral que cuenta con los papeles, podría llegar a obtener un «acuerdo de convivencia». Esto implicaría que el dueño de los papeles de la tierra esté dispuesto a reconocerle derechos al poseedor en algunas hectáreas. Pero si la decisión del pequeño productor es ir a juicio, deberá pagar a quien lo represente legalmente ante los estrados judiciales.
Esa fue en resumen parte de la charla que marcó el encuentro de la Mesa de Trabajo que tuvo lugar el jueves último en Los Blancos, entre los campesinos de Rivadavia Banda Norte (del departamento Rivadavia), y los funcionarios que coordinan la Mesa, enmarcada en la Secretaría de Desarrollo Productivo de la provincia, a cargo de Milagros Patrón Costas.
«Nos dijeron que solo nos pueden dar asesoramiento legal. Pero no costear abogados», contó Antolín Soraire, presidente de la Organización Zonal de Campesinos de Los Blancos, del norte del departamento Rivadavia, asociación civil que cuenta con una centena de socios.
«El Estado como Ejecutivo no puede inmiscuirse en el tema judicial de forma directa», sostuvo Patrón Costas al ser consultada sobre la intervención en demandas judiciales. Agregó que es importante la posibilidad de que muchos pequeños productores puedan llegar a un acuerdo con los titulares registrales que tienen la «voluntad de mediar». Y es por ello que se dispone de mediadores para que puedan encaminar este procedimiento.
En cuanto al abordaje de los casos judicializados, el asesoramiento a las familias campesinas también aplica para explicarles cuando las acciones se dejaron de impulsar por parte de quienes los representaban y hay problemas procesales.
Se calcula que en Salta hay entre 12 mil y 16 mil familias campesinas. Se desconoce cuantas están con problemas de conflictividad respecto de la posesión de las tierras. La Ley provincial 7658, que rige desde 2010, permitió la suspensión de los desalojos dispuestos desde los estrados judiciales del Chaco salteño (que involucra sobre todo a los tribunales del departamento Orán y San Martín). Sin embargo, el artículo 9, que protege al campesinado de la expulsión, vence cada dos años y la decisión de prorrogarlo está en manos de los legisladores provinciales y quien represente al Poder Ejecutivo.
El Registro y su complejidad
La ley 7658 involucra la posibilidad de las familias de inscribirse en un registro de poseedores que puede darles algún margen de protección o validación frente a la Justicia. Pero en la actualidad, según información que dio el gobierno provincial, en el registro solamente se presentaron 642 solicitudes de inscripción, lo cual representa apenas un 5 por ciento del total de familias campesinas que residen en la provincia, según los cálculos.
«Pedimos un nuevo operativo para que se puedan inscribir de nuevo a las familias que faltan» al menos en esa zona, dijo Soraire al referir a parte del debate reciente con funcionarios de la provincia. Y es que anteriormente había afirmado que muchos que acercaron su planilla de inscripción no habían sido inscriptos.
«Las planillas tienen alguna complejidad pero hay que completarlas. Pero eso también va a ayudarlos para luchar en sus derechos sobre la tierra», dijo Patrón Costas a este medio ante las consultas. Afirmó que en ocasiones a las planillas les faltan datos importantes, como el número de DNI, lo cual complica avanzar en la sistematización. Sin embargo, indicó que en el gobierno tienen «la voluntad y estamos presentes en el territorio y acompañando».
Las dificultades de producir con la sequía
Este año la extensión de la sequía parece que no será diferente a los años anteriores. Esa es la visión de Soraire, quien indicó que por el momento no hay ayuda de emergencia en alimentos para los animales que crían.
El problema es que por la falta de humedad, la flora (ya castigada por el invierno) se agota y lo poco que queda, aún seco, es insuficiente para que las vacas, y otros animales, puedan alimentarse. Para asegurar la producción de terneros, se debe pensar en alimento para cada una de las preñadas. «Si hay 40 vacas embarazadas, se debe racionar al menos un kilo y medio de alimento por cada una de forma diaria», indicó Soraire. Esto implicaría que se necesitan por lo menos 60 kilogramos por día. En la zona, los 40 kilogramos de forraje están a 2000 pesos. Por lo cual se precisan al menos tres mil pesos diarios para poder alimentarlas.
Los terneros, que tienen un peso total promedio de 180 kilos, se venden dos veces al año. Por kilo están pagando 240 pesos. En un remate el precio puede subir a 310 o 320, pero los costos se encarecen y el pago del monotributo también implica gastar un poco más.
Mientras, «según el registro de vacunadores del Senasa», que realizan la tarea preventiva para evitar la aftosa, la producción en la zona se redujo en un 20 por ciento.
Sin embargo, Patrón Costas indicó que por lo menos hasta ahora «no se ve una situación de emergencia como la que sí se vio el año pasado».
