Las petroleras salieron primero a copar el debate público y el Gobierno se sumó más tarde, para evitar que se reproduzca el rechazo social que cosechó la decisión de aprobar la exploración de recursos (petróleo y gas) en el Mar Argentino, a 300 kilómetros de la Costa Atlántica.
Con los antecedentes calientes del «No a la minería«, que obligó a los gobiernos provinciales a dar marcha atrás con los permisos en Mendoza (2019) y Chubut (2021), las empresas del sector se abroquelaron para difundir informes técnicos acerca de la explotación petrolera offshore, que en la Argentina lleva más de cinco décadas sin incidentes ambientales.
Tiempo atrás, los vecinos de Entre Ríos se manifestaron durante años en contra de la instalación de las pasteras frente al Río Uruguay, con la consigna «No a las papeleras«.
El permiso petrolero consolida una política de Estado: la licitación de áreas en las cuencas marítimas se realizó durante la gestión del ex presidente, Mauricio Macri.
Como contó El Cronista, el Gobierno avanzó sobre fin de año en dos medidas claves para la actividad en el mar.
El ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, firmó la Resolución 436, que habilitó la búsqueda de petróleo y gas en tres áreas de la Cuenca Argentina Norte (CAN), en donde la firma estatal noruega Equinor será operadora, asociada a la angloholandesa Shell y la argentina YPF.
Además, por decreto del presidente Alberto Fernández, se bajaron las regalías de la actividad, que quedan a cuenta de la Nación y fueron ofrecidas como garantía soberana del contrato de vacunas firmado con Pfizer.
Desde el jueves pasado, organizaciones de izquierda, ambientalistas y otros grupos sociales encabezaron la reacción y marcharon en Mar del Plata y otros puntos del país para frenar la exploración sísmica en 2D, 3D y 4D.
Con el antecedente reciente del «no a la minería» en Chubut, las empresas salieron a defender públicamente su posición
Greenpeace denunció que hay una «probabilidad del 100%» de que ocurran derrames en el agua durante los próximos años. La consigna para las movilizaciones fue «Atlanticazo«.
Frente al escaso ruido que hicieron las mineras para defender su actividad, las petroleras se pusieron a la cabeza esa tarea.
El Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), organismo técnico conformado por las empresas, publicó distintos hilos en Twitter con información sobre la historia de la producción offshore.
El 17% del gas que se extrae en el país proviene de las cuencas que están costa afuera, en donde la multinacional francesa Total Energies es líder.
La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerrutti, sostuvo ayer: «No estamos de acuerdo con las posturas de un productivismo extremo o del extractivismo a cualquier costo. Tampoco estamos de acuerdo con prohibir algunas actividades».
La funcionaria dijo que la Argentina va a tener que seguir consumiendo petróleo y gas, como combustible de transición energética.
Organizaciones ambientalistas y movimientos sociales sostienen que hay «100% de probabilidades» de un derrame de petróleo en el mar
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, valoró que esta puede ser una actividad económica «muy importante» para la provincia y los municipios.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, afirmó: «Hay que producir cuidando el ambiente. Y estamos en desacuerdo con las visiones ambientalistas extremas que plantean la prohibición».
El secretario de Energía, Darío Martínez, apuntó: «Desarrollar las áreas offshore es también tener una política energética federal que apuesta a potenciar todas las cuencas productivas del país y, de esta forma, entrelazar con el aparato productivo local los bienes y servicios que serán necesarios para llevar adelante su producción».
El presidente de YPF, Pablo González, se ilusionó con que los recursos se pueden equiparar a los de Vaca Muerta y convertir al país en un gran exportador de energía.
En el lado opuesto, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se alió a los vecinos de su ciudad que pidieron dar marcha atrás con las habilitaciones a Equinor.
