Luego de que se conociera que el índice de pobreza en la Argentina subió al 44,2 por ciento y que el 10,1 por ciento de las personas son indigentes, autoridades del Colegio de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social de la Provincia de Salta aseguraron que evidenciaban hace un tiempo el crecimiento del porcentaje de pobreza, así como la criticidad de la situación social.
Los datos mencionados surgen de un informe difundido ayer por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) a partir de una medición realizada entre julio y octubre último.
«Gran parte de los trabajadores sociales que desarrollan su actividad en el ámbito estatal han tenido que desarrollar estrategias para que estas familias en situación de crisis y de vulnerabilidad más extrema accedan a recursos mínimos que garanticen su supervivencia», manifestó la presidenta del colegio, Natalia Aguilar.
La referenta señaló que el Estado generó diferentes tipos de respuestas y que el trabajo social tuvo que encontrar los modos no solo de que les llegara el recurso a las personas, sino también de potenciar y acompañar procesos de transformación que les permitieran ejercer sus derechos.
Planteó que la pandemia implicó un desafío para los profesionales, ya que sus tareas suelen desarrollarse en el territorio en contacto permanente y presencial con la gente. «Seguimos trabajando sabiendo que las problemáticas que abordamos demandaban la presencia nuestra», planteó.
Sobre el freno del IFE
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA evaluó ayer que «sin la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia habría sido el doble -alrededor del 20 por ciento- y la pobreza habría trepado al 53 por ciento».
La representante de los trabajadores sociales valoró que el Estado haya encontrado en estas iniciativas una forma de subsanar un momento tan crítico y consideró que «aun con el IFE la pobreza se incrementó de todos modos».
Luego de ser consultada sobre la interrupción de la entrega del IFE, Aguilar opinó que no es oportuno que el Estado haya dejado de entregarlo y evaluó que esto tendrá un impacto muy importante en los grupos familiares de menos recursos: «La pandemia ha evidenciado que hay mucha pobreza e indigencia y este aporte del Estado garantizaba las condiciones de subsistencia mínima. Quizás no es el momento (de quitarlo), hasta tanto no haya una estrategia de una articulación de políticas que permitan que estos grupos familiares tengan alternativas para solventar la economía del hogar».
Aguilar advirtió que es fundamental atender a la inflación y a otras realidades que muchas veces el mercado impone al Estado y a la sociedad: «Lo que el mercado marca como agenda en lo estatal y en lo social impacta en la calidad de vida de la gente y en las problemáticas sociales».
La mujer señaló que es clave tener presente la relación entre Estado, el mercado y la sociedad y señaló que sería valioso que el Estado asuma «un rol protagónico para limitar el accionar de avasallamiento que muchas veces tiene el mercado».
Fuente: El Tribuno
