La puja por la vuelta a clases entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires sigue sumando capítulos. Ahora, el Gobierno instó a los colegios privados a que suspendan las clases presenciales hasta el 30 abril basándose en el fallo de la Justicia Federal que dejó sin efecto la decisión anterior -que habilitó el retorno a las aulas- de la justicia porteña.
Los ministerios de Educación y Justicia enviaron una carta a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada a los fines de hacerles saber la plena vigencia del DNU Nº 241/2021 firmado por Alberto Fernández con las nuevas restricciones: “Se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, impulsado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.”, argumentaron.
Según detallaron desde el Gobierno nacional, el fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 2 dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril porque “fue dictada por un tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esta cautelar rehabilitaba al dictado de clases presenciales en el distrito.
A su vez, señalaron que el accionar de las autoridades porteñas, que desconoció la sentencia del juez federal, “es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia” (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente). 
Tras el planteo, las cámaras del sector se pronunciaron por rechazar el pedido y sostener las escuelas abiertas.
“En la provincia de Buenos Aires acatamos el decreto del Presidente porque la autoridad de aplicación es el Gobierno bonaerense. En las escuelas de la Ciudad tenemos que responder a lo que nos dicen las autoridades de contralor nuestro, que es la Dirección General de Escuelas Privadas porteña”, señaló Martín Zurita, titular de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep).
“Sabemos que hay cuestiones judiciales y esas cuestiones se deben dirimir en la Justicia. Mientras tanto, nosotros respondemos a los organismos que nos dieron origen. Valoramos este espacio de diálogo que nos propone Nación, pero si la Ciudad dice que hay clases, para nosotros hay clases en la Ciudad”, agregó.

Reapareció Trotta

En medio de la crisis política y judicial que generó el último decreto del Gobierno nacional, con una fotografía el presidente Alberto Fernández envió un doble mensaje: ratificó al ministro de Educación, Nicolás Trotta, y aceptó discutir la posibilidad de avanzar con un plan de “presencialidad administrada”, según el riesgo epidemiológico de cada distrito.
El gesto del Presidente deja traslucir la posibilidad de un cambio de escenario. Es que la hoja de ruta que le planteó el ministro es mantener un esquema mixto, entre presencial y virtual, de acuerdo a la situación sanitaria. Así, cuando finalice el plazo del DNU el viernes 30, la Ciudad y los 40 municipios afectados por la medida podrían retomar, aunque sea de forma parcial, la presencialidad. La idea de Trotta es desplegar una agenda de asistencia “administrada” que permita reducir la circulación en aquellas zonas que presenten mayor riesgo de contagio debido al crecimiento exponencial de casos. Por ejemplo: en lugar de cinco días, que los alumnos vayan tres. Esto, igualmente, deberá recorrer diferentes instancias, ya que la postura del gobernador bonaerense Axel Kicillof es la de mantener las restricciones hasta tanto no baje la curva de contagios en el área metropolitana. A eso se sumará, la posible resolución en la Corte Suprema de la medida cautelar que presentó el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta. 
 

Amparos y denuncias ante la Justicia para volver a las aulas

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia Federal para solicitar la “inconstitucionalidad” del decreto presidencial que endureció las restricciones ante la emergencia de la segunda ola de la pandemia.
La presentación radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, pidió el dictado de una medida cautelar para que suspenda el DNU presidencial 241/21, que entre otros puntos estableció la suspensión por dos semanas de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para Bullrich, “no existen en el actual escenario de pandemia global circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución”
En tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado ayer ante la Justicia Federal por desobediencia y desacato, así como instigación a cometer delitos por no acatar el fallo que le ordenó dar marcha atrás con la continuidad de las clases presenciales en las escuelas, en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
Varias presentaciones fueron hechas en Comodoro Py contra el jefe de Gobierno por no acatar el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, que le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires no acatar ese fallo de la Cámara porteña.
Las denuncias contra Rodríguez Larreta, las cuales por sorteo recayeron entre los juzgados de Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Servini, fueron por los delitos de desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, instigación a cometer delitos y abuso de autoridad, entre otros.
Todas son a raíz del no cumplimiento del fallo del juez Furnari y sólo acatar aquel de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad.
 

Fuente: El Tribuno