A un mes de la intervención de la oficina de la Anses de Salta, se develó el modus operandi de una red que trabajaba dentro del organismo nacional para facilitar turnos cobrados de manera irregular para distintos trámites y derivar a algunos estudios jurídicos cercanos a la dependencia administrativa de calle Jujuy a quienes tenían que realizar gestiones previsionales.

La comisión interventora se instauró a fines de marzo, luego que la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, se enteró en una visita a Salta de diversas irregularidades de la gestión que llevaban adelante  Marcos Vera y Susana Aramayo en la Udai (Unidad de Atención Integral) Norte, quienes tuvieron que renunciar por la gravedad de las denuncias que escuchó la funcionaria.

La auditoría que inmediatamente se realizó vino a confirmar lo que se sospechaba e incluso derivó en una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, defraudación en perjuicio de la administración pública y tenencia ilegítima de documento nacional de identidad”, según consigna en el resumen del relevamiento interno, al que tuvo acceso El Tribuno.

El principio del fin para los camporistas Vera y Aramayo se precipitó por la pésima atención que otorgaba la Udai Norte desde que arrancó la pandemia. Esa desidia hizo más evidente el negociado montado desde hace años con la venta de turnos para trámites en la Anses, que se conseguían por distintas vías por un monto que iba desde los 200 a los 1.500 pesos, como pudo corroborar este diario en un informe publicado a principios de abril.

En cybers y otros locales y hasta por contactos que se pasaban por las redes sociales, se podían conseguir los turnos.

Solo mediante una cuenta de mail que utilizan empleados del Anses descubierta en relevamiento sumarial se detectó que fue utilizada para 3.850 solicitudes de turnos, correspondientes a más de 3.000 titulares que los gestionaron mediante los pagos clandestinos. Los trámites diligenciados desde esa cuenta de correo datan desde 2017 hasta hace unos meses atrás.

Por la investigación interna, 20 agentes fueron desafectados, suspendidos, sumariados o reubicados para que no se entorpezcan las diligencias judiciales. 

Resumen

Las irregularidades detectadas por la auditoría:

  1. Personal de la UDAI Salta atendía apoderados de titulares de derecho sin el correspondiente poder o la autorización para ello. Esta metodología incurre en una violación a los procedimientos internos de asistencia sobre tramitación y acceso a las prestaciones.
  2. Se halló una gran cantidad de documentos de identidad (DNI) originales y partidas de nacimiento, obrantes en la sede de la UDAI Salta, sin que hubiese motivo ni razón de su existencia en la dependencia.
  3. Se otorgaron turnos excepcionales sin justificación.
  4. Se detectó un agente del organismo que realizaba prácticas preferenciales con algunos estudios jurídicos que se encuentran cercanos a la dependencia administrativa.
  5. Se identificaron agentes de la Anses que desalentaron la realización de trámites de carácter personal, es decir sin intermediarios, para favorecer a estos estudios.
  6. Se identificó a un agente de la Udai Salta que en lugar de atender a los titulares de derecho que concurrieron a las oficinas administrativas los derivó a esos estudios jurídicos cercanos para obtener turnos y acceder a la resolución de los trámites.

Fuente: El Tribuno

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