El campo amenaza con ir a la Justicia si el Gobierno no frena el cobro de retenciones, una práctica que no tendría sustento legal debido a que el esquema que rigió hasta el 31 de diciembre último desapareció tras la no aprobación del Presupuesto 2021 por parte del Congreso.

Este nuevo enfrentamiento era totalmente previsible -había sido anunciado por El Cronista en su edición del 31de diciembre pasado- y tuvo como detonante que el Congreso finalmente no aprobara el Presupuesto 2022, donde se detallaba un esquema de retenciones idéntico al anterior.

«No corresponde bajo ningún punto de vista que se esté cobrando ese impuesto porque no hay ninguna ley que lo indique, y por lo tanto deberían ser cero. Entonces, si se está haciendo algo que no es legal, el camino debería ser ir a la Justicia», dijo en diálogo con El Cronista el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

La idea del campo de ir a la Justicia es firme y ocurriría a partir de febrero, cuando se levante la Feria Judicial, aunque como camino alternativo le exigen al presidente Alberto Fernández que convoque a sesiones ordinarias para tratar algún proyecto de ley que hable de forma específica de las retenciones.

Todo tema relacionado con lo impositivo debe pasar sí o sí por el Congreso, y de ahí la complejidad extra que presenta este tema. Además, esto le impide al Gobierno tomar alguna determinación de forma unilateral.

Y este punto resulta clave para el campo. En caso de que no se busque algún atajo y definitivamente se vaya al Congreso, al Gobierno no le quedará más opción que negociar con algunos sectores, de modo de no sufrir un nuevo revés -como ocurrió con el Presupuesto 2021– si es que quiere dar vuelta la página.

Las intenciones del campo en este sentido son claras. Algunas entidades impulsan la idea de armar un esquema escalonado de cobro de retenciones dependiendo del volumen producido, aunque otras pretenden que directamente sean eliminadas.

«Es un impuesto muy injusto. Para el productor siempre es un verdadero problema, pero por ejemplo en situaciones como la actual, con un nivel de sequía tan grande en buena parte del país, las retenciones no hacen más que empeorar el problema», sostuvo Pino.

Dentro del propio Gobierno conviven diferentes posturas respecto de qué hacer con las retenciones. Algunos funcionarios las quieren subir y otros proponen hasta eliminarlas

Por el momento no hubo diálogo entre el campo y funcionarios para ver de qué modo se sigue adelante con esto.

El Gobierno hasta ahora no se pronunció al respecto, pero lo que hace es ampararse en que, como por el momento rige lo dispuesto en el Presupuesto 2021, ampliado ante el fracaso en el Congreso del de este año, también se deben tener en cuenta los parámetros trazados para las retenciones.

Según Lucas Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Tributario y Socio de Lisicki Litvin & Asociados, esa interpretación no es la correcta, por lo que hoy, al menos desde lo legal, las retenciones no deberían tener vigencia.

«Al haber expirado el plazo de vigencia de estas facultades delegadas, y mientras el Congreso nacional no sancione una nueva ley que renueve esa delegación, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades legales y constitucionales para continuar aplicando estos derechos de exportación», explicó el especialista.

Dentro del propio Gobierno, incluso, hay diferencias respecto de qué hacer con las retenciones. Unos van por más e incluso durante los últimos meses del año pasado se manifestaron a favor de subir las retenciones, pero otros van por el camino inverso.

Apuntan que se trata de un impuesto que va en contra de la producción, y que incluso pega de forma negativa en el volumen exportador del agro, con lo que también se ve perjudicada la entrada de dólares al país. Así, proponen eliminarlas o, al menos, reducirlas.

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