En España crecen las críticas a la gestión de los fondos del gran plan de recuperación europeo del coronavirus, muy esperado por los círculos económicos y motivo de tensión entre el gobierno socialista de Pedro Sánchez y la oposición de derecha.
España, junto a Italia, es el principal beneficiario de este enorme plan de ayuda, validado por Bruselas en julio de 2020, y recibirá 140.000 millones de euros de aquí a 2026, de los cuales 70.000 millones son a fondo perdido. Se trata de una ayuda crucial para la economía del país, muy afectada por la crisis sanitaria.
España ya recibió dos tramos de 9.000 y 10.000 millones en el segundo semestre de 2021.
Los fondos son «una gran oportunidad para dar ese salto de modernidad que necesita nuestro país», dijo el lunes el presidente Sánchez. «No hagamos de los fondos europeos una cuestión partidista, hagamos de los fondos europeos una oportunidad de país, eso es lo que le pido a la oposición», agregó.
El plan, denominado «Next Generation» («Próxima generación»), está diseñado para apoyar la transición ecológica y la transformación digital de los Estados miembros.
De este modo, Sánchez salía al paso de las críticas, sobre todo de los empresarios, a la falta de capacidad de respuesta de la administración y a la descoordinación entre las regiones y el gobierno central en el despliegue de estos fondos.
España fue el primer país en recibir fondos, pero estas cantidades no llegaron en 2021 al mismo ritmo a «la economía real», lamentó la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), la principal organización patronal española, en un informe publicado a principios de enero.
Según los datos disponibles, a 31 de diciembre sólo se había utilizado el 38% de los fondos asignados a Madrid para 2021, lo que «está muy lejos de los objetivos», recalcó el grupo de reflexión económica Funcas, que advirtió del impacto de este retraso en el crecimiento.
En una nota interna revelada a principios de diciembre por el diario El País, el propio fabricante de aviones Airbus había criticado estos retrasos, citando una «falta de coordinación y liderazgo» y una «falta de interés» por parte de los ministerios implicados.
Más allá de estos retrasos, lo que causa irritación es el uso de los fondos. Las convocatorias de proyectos suelen ser «atomizadas» y por «cuantías menores», lamentó Luis Socías, responsable de proyectos europeos de la CEOE.
Una opinión compartida por Exceltur, la patronal del sector turístico. «El sistema actual de adjudicaciones de los fondos» lleva a una «dispersión» y favorece «proyectos pequeños», a veces «un tanto curiosos, como un campo de golf en Asturias», lamentó su vicepresidente, José Luis Zoreda.
Para Zoreda, los recursos deberían centrarse «en pocos y grandes proyectos», con los «mayores efectos transformadores» de la economía, añadió.
Acusaciones de los medios de comunicación, amenazas legales… En los últimos días, la batalla ha dado un giro político, liderado por la principal formación de la oposición, el Partido Popular (PP), que acusó al Gobierno de favorecer a las regiones y municipios de izquierda con el plan de recuperación.
«Propusimos una agencia independiente para gestionar los fondos europeos», como hicieron «Grecia», «Italia» y «Francia», «pero Sánchez ha preferido repartir a dedo las ayudas», arremetió el líder del PP, Pablo Casado.
Invocando la amenaza de que se den casos de «clientelismo» y «corrupción», el líder del PP anunció una posible acción judicial, al igual que varios dirigentes regionales de la derecha, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una estrella ascendente de la formación de Casado.
Las críticas del Partido Popular «no son pertinentes», replicó la ministra de Economía Nadia Calviño, tratando de calmar la inquietud sobre el uso de los fondos y el control que ejerce la administración.
Calviño afirmó que el despliegue de los fondos europeos alcanzará «velocidad de crucero» en 2022 y pidió a «todos los representantes políticos y administraciones públicas» que remen «en la misma dirección».
