El escrito acusa a Folloni de incumplir los deberes de funcionario público que según el artículo 249 del código Penal de la nación debe reprimirse con multa económica e “inhabilitación especial de un mes a un año” para el funcionario que “ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retarde algún acta de un oficio”.

A continuación, el concejal enumera 30 pedidos de informes que el jefe comunal no responde. Los mismos van desde el 8 de agosto del 2020 al 24 de noviembre del año 2021. Todos fueron aprobados por el Concejo Deliberante de esa localidad. Varios de esos pedidos se relacionan con entregas de tierras, escrituras o loteos autorizados por el municipio en esa zona de muchos negocios inmobiliarios, aunque también aparecen varios vinculados a la auditoria interna y la denuncia que el propio Folloni hiciera oportunamente al ex intendente Manuel Cornejo.

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