El Gobierno convocará a audiencias públicas a fines de abril para poner a consideración un nuevo aumento de las tarifas de luz y gas, comunicó ayer oficialmente el Ministerio de Economía.
En esta ocasión será exclusivamente para ajustar los precios mayoristas de la energía y bajar los subsidios, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En conferencia de prensa, el staff del organismo anunció que se apunta a reducir los subsidios en el equivalente a 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), sujeto a cambios en el contexto internacional. Esto representa un recorte cercano a los 2800 millones de dólares.
Los entes reguladores esperan la instrucción de la Secretaría de Energía para lanzar el proceso, que debería estar listo una vez que el Congreso apruebe la Carta de Intención y el Memorándum de Entendimiento, promediando este mes.
SEGMENTACIÓN DE TARIFAS
La segmentación se pondría en marcha a partir de junio y el Ministerio de Economía buscará trascender el plan que prepararon los entes reguladores -comandados por funcionarios cercanos a Cristina y Máximo Kirchner-, para extender el universo de usuarios alcanzados que tendrán tarifa plena y cero subsidio a la energía.
En principio, estos últimos serían el 10% de «mayor capacidad de pago» en todo el país.
No tendría luz verde la segmentación por polígonos geográficos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires sino que se utilizará como criterio el poder adquisitivo de los usuarios.
El plan por barrios había sido diseñado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), del Gas (Enargas) y técnicos del Conicet; y traía aparejado un ahorro fiscal de 0,08% en los subsidios.
La invasión de Rusia a Ucrania y el salto de los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) y el petróleo es el gran riesgo del capítulo energético.
De no mediar incrementos mayores al 80% para toda la población, algo que es inviable políticamente y que resistió el Gobierno en todo momento, los subsidios crecerán en términos nominales y en relación al PIB, por el costo de importación de gas y otros combustibles. Eso es lo que calculan los principales consultores del sector.
Las compras de gas superarán al menos los u$s 6000 millones, entre el GNL, los combustibles líquidos para la generación eléctrica y el gas natural de Bolivia.
Uno de los economistas más valorados, incluso, apunta off the record que las importaciones podrían exceder los u$s 8000 millones.
No obstante, el equipo de Martín Guzmán implementará diversas políticas tendientes a disminuir la ayuda estatal en las facturas de la energía eléctrica y el gas natural por redes.
Además de la segmentación para los usuarios de mayor poder adquisitivo, cerca de un 70% de la población, la «clase media», verá otro incremento de sus facturas. El tope será el equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que en 2021 fue de 56,5%; es decir, el máximo aumento sería de 45%.
Esto incluye solamente a los que están formalizados -«en blanco»-, pero la tarea para rastrear a los trabajadores informales es compleja para el Estado.
En tanto, para los usuarios de tarifa social (que representan entre 20% y 25% del total), la suba máxima equivale a un 40% del CVS, con lo que la reciente actualización de marzo sería su tope.
