Una de las brutales consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania es la desprotección de las mujeres que subrogaron (alquilaron) sus vientres para gestar hijos de terceras personas que ahora no pueden retirarlos. A propósito de esa situación, reflejada por medios de prensa internacionales durante las últimas semanas, la abogada especializada en perspectiva de género Laura Postiglione describió el marco normativo para la subrogación de vientres en la Argentina y advirtió que “en nuestro país esta práctica no está prohibida, pero tampoco está permitida bajo un marco legal claro y moderno”.

En su columna semanal sobre género y diversidades en el programa “Cuarto Oscuro” de FM La Cuerda 104.5, la abogada recordó que “cuando se actualizó el Código Civil y Comercial en 2015 se intentó reglamentar esta práctica, pero no se hizo porque se alegaron cuestiones de orden ético, moral y jurídico que impedían su incorporación al marco legal”. “Lo que sucede en la práctica es que se pide una autorización judicial previa o posterior para impugnar la maternidad de la persona que subrogó su vientre y anotar al niño como hijo de quienes aportaron el material genético, el embrión, pero no cualquiera cuenta con la información y los recursos para conseguir esa autorización judicial” describió y añadió que “en nuestro país lo habitual es que esta práctica se realice entre familiares o amigos para evitar el litigió”.

“Pero lo que se advierte desde el feminismo es que este gris en el marco jurídico puede generar que, por intermedio del dinero, haya mujeres que son explotadas en su cuerpo por necesidad económica” planteó Postiglione y reclamó que “esta práctica debe ser legislada y reglada con claridad para evitar que haya mujeres explotadas y que tengan como ‘medio de vida’ la subrogación del vientre a cambio de dinero”.

Finalmente, la especialista consideró que “es muy importante legislar esta y otras prácticas para evitar la explotación de mujeres y garantizar las herramientas necesarias de reproducción asistida medicamente para aquellas familias que quieran ejercer la maternidad” y concluyó que “hay que legalizarla para evitar que esta práctica se transforme en un sistema de explotación”.

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