Mientras los salteños estaban atentos a lo que ocurría con la procesión del Milagro, en el parlamento nacional se debatía un proyecto clave para el oficialismo: el consenso fiscal que ya había sido pautado por el ejecutivo nacional pero requería la aprobación de la cámara de diputados. El Frente de Todos logró convertirlo en ley con el acompañamiento de los bloques provinciales y los diputados que responden a gobernadores radicales que se diferenciaron del resto de Juntos por el Cambio que votó en contra.
Fue el caso de Carlos Zapata, el legislador salteño de Ahora Patria y es parte del interbloque de JxC. Zapata emitió un fuerte discurso que combino impugnaciones técnicas y cuestionamientos políticos dirigido a los gobernadores. “No voy a acompañar este proyecto de ley porque lo considero un grave apartamiento del orden constitucional en materia tributaria. Muchos gobernadores, incluso el de mi provincia, firmaron este consenso fiscal que representa una grave claudicación de los derechos federales y las potestades que tienen las provincias”, dijo al comienzo de su discurso.
“En primer lugar, la Constitución establece con claridad las competencias tributarias: exclusividad en materia de comercio exterior para la nación; facultad concurrente entre nación y provincias para impuestos indirectos, llámese IVA, Ingresos Brutos. Hasta el año 94 era facultad exclusiva de las provincias imponer tributos directos. A partir del año 1994 con la Reforma se le dio la posibilidad que la nación impusiera contribuciones directas pero en caso de emergencia. Emergencia que nunca se acaba en la pobre República Argentina”, destacó el legislador.
En ese punto, el legislador salteño enfatizo que “las provincias no necesitan la autorización de la nación para imponer tributos, fijar alícuotas en las actividades porque la Constitución se hizo reservando esas facultades para la propia provincia. Entonces, decir que la nación es una especie de papá o de mamá de las provincias es renunciar a la capacidad de auto determinarse”, sentenció Zapata quien luego hizo una defensa de las diferencias entre impuestos directos o indirectos en las distintas jurisdicciones.
“Es para que cada provincia diseñe su política de estímulo para la radicación de inversiones. Si los impuestos son iguales, si todas las provincias cobran lo mismo una provincia como la mía – Salta, que es pobre – no va a tener inversiones porque las inversiones se canalizan donde hay mejores servicios. La decisión de la política de incentivos tributarios no puede ser renunciada por parte de las provincias”, enfatizó.
A la hora de ejemplificar las inconsistencias del proyecto, Zapata se detuvo en algunos puntos. Uno de ellos fue la cuestión de la “unificación en la valuación de inmuebles. ¿Con qué criterios se valuarán los inmuebles? ¿Vendrá una oficina de la nación a decir cuánto vale el metro cuadrado en Islas de Cañas o en San Antonio de los Cobres? Si sabemos que el concepto real para determinar el valor de las cosas está dado por el valor actual del flujo de fondos esperados. ¿Qué flujos de fondos puede tener una propiedad allá? Pero sin embargo nos va a uniformar el valor fiscal. Ya nos uniformaron la valuación de los automotores. Este impuesto nación como tasa de circulación, pero hoy paga un mismo impuesto un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires que el ciudadano del municipio de Islas de Cañas en donde las calles tienen todos los pozos menos el del Quini 6”.
También dijo que se debe terminar con la historia de los Ingresos Brutos. “En Salta se utilizó el anterior Consenso Fiscal para llevarlo al 5%. No hay miras de bajarlo porque se administra mal. Pero lo peor es que alguien en una provincia que quiera defender el federalismo renuncie a entablar juicio para defender los intereses de las provincias derivados de una mala distribución de la coparticipación o de otra índole. Tenemos que acabar con esta tendencia unitaria y la comodidad de gobernadores totalmente incompetentes para poder diseñar políticas que saquen adelante a las provincias”, remarcó.
