El juez federal Federico Villena decidió actuar “con prudencia”, como el mismo lo denominó: no ordenó la detención de los iraníes que vinieron en el avión de Emtrasur, de matrícula venezolana; tampoco les impuso una pulsera electrónica, pero les prohibió salir del país hasta que tenga en claro que no son militantes o dirigentes de la guardia islámica conocida como Al Quds.
Villena aceptó como querellante a la DAIA dado que el caso, hasta el momento, no tiene acusación fiscal por cuanto la representante del ministerio público, Cecilia Incardona, no encontró ningún elemento de relevancia para coartar a los cinco iraníes del caso. Ninguno de ellos figura en ninguna lista de buscados por Interpol o por el FBI, en el avión no venían ni armas ni estupefacientes y el vuelo estaba destinado a traer autopartes de Volkswagen. El juez le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo tenga al tanto y está a la espera de que se aporte algún elemento de cargo.
Para el juez -que es un estudioso de Hezbollah-, no es un tema menor que el avión haya pasado por Ciudad del Este, donde la CIA viene insistiendo en que Hezbollah -una organización libanesa pro-irani- tiene una base o al menos adherentes. La realidad es que en 30 años las pruebas han sido muy débiles y las detenciones, siempre de una misma familia, efímeras. Está claro que esa familia y un grupo de islámicos de Ciudad del Este hacen aportes económicos a Hezbollah.
Las decisiones del juez
El domingo a la noche, Villena no tenía dudas:
Los venezolanos no están sospechados de nada. Se le devolvieron los pasaportes y están en condiciones de hacer lo que les plazca.
Los cinco iraníes estaban con algún grado de sospecha por una única razón: Uruguay no los dejó entrar cuando el avión se dirigió a Montevideo para cargar combustible. El texto en concreto de Villena sobre ese punto dice lo siguiente: “A esta altura, resulta oportuno aclarar que la noticia señalada por la fuerza policial respecto de posibles sospechas de un avión de origen iraní que retornó al país pues el Uruguay negó su ingreso, resulta. suficiente como para configurar la sospecha razonable que señala el mencionado artículo». Se refiere al artículo de la Ley de Migraciones que habilitó la retención de los pasaportes.
Respecto del avión, el problema es que no le vendían combustible. El juez dijo que no se metía en ese problema. Por lo que se sabe, Shell tiene una restricción para venderle combustible a aviones de origen iraní. O sea que a las 22 del domingo, el magistrado liberó a los venezolanos, a los iraníes les retuvo el pasaporte pero les dijo que se los devolverían cuando se fueran y que todos estaban en condiciones de irse ni bien consiguieran el combustible para el avión.
El pedido de la DAIA y las medidas de Villena
En la mañana del lunes, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se presentó para pedir que se investigara a los iraníes. Y el juez aceptó ese criterio. Consideró que, entonces, los iraníes ya no pueden salir del país hasta que se verifique si son o no de Al Quds.
Para redondear, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló que ninguno de los tripulantes del avión estaba requerido pero que uno de ellos, Gholamreza Ghasemi, figuraba como un integrante de la Guardia Revolucionaria, Al Quds. En verdad, ya se había hecho un chequeo sobre ese punto: se trataba de un homónimo, diez años menor que el que registraba búsqueda internacional. Aún así, la duda quedó instalada.
Con todos esos elementos, Villena resolvió parar la pelota. Ordenó que los iraníes -que están en un hotel de Canning, en Ezeiza- no se vayan y pidió información más sólida a todos los organismos de seguridad del estado.
