La justicia de El Salvador condenó a 50 años de cárcel a una joven que sufrió un aborto espontáneo, un hito sin precedentes en el país centroamericano ya que es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que, hace más de dos décadas, se penalizó la interrupción del embarazo en toda circunstancia.
Los hechos se remontan a junio de 2020, cuando Lesli tenía 19 años acudió al baño sin saber que había comenzado el trabajo de parto. «Sentí que algo me salía», contó la joven, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee).
Tras pedir ayuda, familiares y vecinos llamaron a la Policía y la joven fue primero al hospital y luego a la cárcel. De hecho, no pudo asistir a la primera vista -en la que se dictó prisión provisional- porque aún arrastraba problemas médicos derivados de la emergencia obstétrica, explicó la Agrupación.
El proceso concluyó en primera instancia el 29 de junio, con una condena de 50 años de prisión. La organización anunció que Lesli recurrirá la sentencia y cuestionó el proceso en sí, señalando por ejemplo que el juez haya incluido entre sus argumentos que «las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue».
Asimismo, lamentó que no se tuviesen en cuenta algunas de las pruebas presentadas por la defensa y que aluden, por ejemplo, a las circunstancias familiares de la joven, la tercera de siete hermanos en una familia que vive en la extrema pobreza y sin acceso a recursos educativos.
«Hemos tratado de cerrar la página de la triste historia de El Salvador que condena injustamente a mujeres empobrecidas por emergencias obstétricas, pero el Estado salvadoreño, una vez más, continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derechos ni condiciones para defenderse», lamentó la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera.
El Salvador, de las naciones más restrictivas
El Salvador es uno de los países más restrictivos del mundo para el aborto, de tal forma que en numerosas ocasiones la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, deriva en acusaciones por homicidio. El gobierno de Nayib Bukele no tiene previsto introducir cambios a corto plazo a favor de las mujeres en la legislación.
En El Salvador, fiscales y jueces tipifican las emergencias obstétricas y los casos de aborto involuntario como «homicidio agravado», con penas de hasta 50 años.
Esto, a pesar de que el Código Penal salvadoreño desde 1998 establece penas de hasta 8 años por abortar, práctica prohibida en el país centroamericano en todos los casos.
Desde 2009, 65 mujeres condenadas por emergencias de salud durante el embarazo, la mayoría en precarias condiciones económicas, fueron liberadas apoyadas por Acdatee y otras agrupaciones.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) halló responsable al Estado de El Salvador por el caso de Manuela, una mujer salvadoreña que murió en el 2010 en la cárcel, purgando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario tipificado como homicidio agravado.
