Una situación bastante compleja vivieron dos hermanos de Aguaray, que padecen retraso madurativo. Ellos fueron acusados y juzgados por un hecho de abuso sexual, siendo encerrados en una cárcel común, sin tener en cuenta su condición.
La prima hermana de los chicos, Ana Margot Segovia, se comunicó con Agenda/Salta y afirmó que no hubo pruebas que comprueben que ellos habrían abusado de la mujer. «Ellos fueron denunciados por una desconocida, una fabuladora porque pudieron manejar y lograr que estos chicos queden detenidos. En el momento que pusieron la denuncia, estos chicos quedan detenidos con prisión preventiva en 2018. Mi abuelita, entre que iba y venía, no entendía porque son personas del campo, totalmente vulnerables, ahí es donde yo entro con un permiso que se hizo por medio del juez»
La mujer explica, que en ese momento fue recibida por la defensora oficial, quien le explicó los resultados ginecológicos realizados a la denunciante: “los resultados determina que no hay floración, cicatriz, desgarro”, es decir que para Segovia, la denuncia contra sus sobrinos fue falta.
En este sentido, la mujer se preguntó: «Entonces de que abuso estamos hablando, no había nada de eso, sin embargo, luego de los resultados, yo hago hincapié haciendo saber que ellos son discapacitados, y la defensora me dice: ‘bueno, si son discapacitados se hace una junta médica y vemos cómo se resuelve’, pero sin embargo no se movía, tendría que haber sido al instante la junta médica, con suma urgencia».
Pasaban los meses y al ver que no había movimientos en la justicia con respecto a su pedido, toma la determinación de mandar a un abogado, que exige la junta médica, y explica: «Esperamos ¡un año y 8 meses! para que a mí me den el okey de la junta médica».
Lo más grave es que, a los chicos los llevaron a un debate público, donde Ana Margot tuvo que llevar 5 testigos. «En el momento del debate, entra el fiscal y dice: ‘esto se suspende porque los chicos son discapacitadas y no entienden nada’, sin embargo, los chicos seguían detenidos».
Pero no solo suspenden el juicio, sino que además, una junta de profesionales determinan que los jóvenes no son peligrosos: “La junta médica se hacen en plena pandemia y se determina que ellos no son peligrosos para fin ni para terceros», siendo liberados luego de casi tres años.
Finalmente, Segovia aclaró que no conforme con lo que determina la junta médica, ellos no quedaron libres inmediatamente. «Acá se cometió un gran delito de tenerlos presos 2 años y 11 meses, alguien se va a tener que hacer responsable, yo he tenido gastos innecesarios por este tema».
Además, explicó que en total se gastaron más de $450 mil pesos en abogados innecesariamente y que irán hasta las últimas consecuencias para que alguien se haga responsable y se efectué un resarcimiento.
