El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de Salta funciona a medias. De las seis directoras que debe tener por ley, sólo hay tres desde 2019. La burocracia de la política y la Justicia local atentan contra el correcto funcionamiento.

El Tribuno informó este jueves que la ley 7863 que creó el organismo en el 2015, establece que deben ser seis las directoras, una en representación de cada organismo: la UNSa, el Ejecutivo provincial, las organizaciones feministas, el Poder Judicial y las Cámaras de Diputados y Senadores. Sin embargo, no llegan las designaciones del Ministerio de Gobierno a cargo de Ricardo Villada.

Para colmo, este año asumió la representante de Diputados pero renunció la del Senado. Además, la representante de los organizmos de mujeres, Irene Cari, todavía no pudo asumir tras una batalla legal que incluyó impugnaciones.

El matutino agregó que las directoras actuales son Ana Pérez Declerq por parte de la UNSa, María del Pilar González Sastre por el Poder Judicial, y Florencia Sánchez por Diputados.

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