Hace dos semanas el patio de la legislatura provincial fue escenario de la presentación del proyecto que impulsa el diseño de políticas públicas que trabajen en la formación y educación en derechos humanos, el señalamiento de los sitios de memoria en la provincia y la intensificación del trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria que ya funciona pero cuenta con muchas dificultades. El proyecto fue presentado por el legislador David Leiva pero elaborado por históricas militantes de los organismos de DDHH de la provincia.
Como era de esperarse, algunos negacionistas reaccionaron. Es el caso del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos (cuya sigla se acorta a CES) que remitió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, oponiéndose al proyecto presentado oficialmente el pasado 12 de octubre y que ya es analizado en comisiones del cuerpo legislativo. Con un posteo en Facebook titulado “Contra el negacionismo de izquierda”, el agrupamiento dice que “deplora el nuevo proyecto de ley de la ‘Memoria, la Verdad y la Justicia’ presentado en la provincia, que apunta a ser otro capítulo más del ya conocido ‘negacionismo de izquierda’”.
El Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos se presenta como una ONG «apartidaria y sin fines de lucro» y es una de las que abraza frases como «curro de los derechos humanos», aun cuando su nombre indica que se ocupan de esa dimensión del derecho. Suele estar presidida por notables de apellidos patricios como Alejandro Patrón Costas hasta no hace mucho o Mario Cabanillas, actual titular y cuya firma se encuentra en el escrito remitido a Esteban Amat. También forman parte del grupo Mauricio Ortin, un profesor sin mucha pluma que halló lugar en el diario El Tribuno para militar el negacionismo; o hasta el mismísimo represor Juan Carlos Jones Tamayo, que ahora mismo está siendo juzgado en Jujuy por actos de terrorismo cometidos en esa provincia. Lo último tiene sentido: para el Centro de Estudios los represores son prisioneros políticos.
Con respecto a la carta que impugna la creación de la Comisión, la sección local del diario Página 12 resumió sus principales argumentos del siguiente modo: “considera que su título ‘es inconveniente’, afirma que el término memoria alude necesariamente al recuerdo de un grupo de personas que comparten una determinada visión sobre hechos históricos que los afectan particularmente. Pero existen otras ‘memorias’ que también ‘tendrían el derecho de contar su ‘verdad’ pero el proyecto de ley no contempla esa posibilidad´. E incluso podrían decir que ‘la niega’, asegura”.
