Carlos Carrazano fue denunciado en septiembre de 2019 por el padre de dos niñas que relataron al progenitor que eran abusadas por el acusado. No obstante, el hecho tomó trascendencia a inicios del mes de Julio del 2022 por dos motivos: Carrazano fue condenado en un juicio abreviado a la pena de 6 meses de prisión condicional por abuso sexual simple en perjuicio de las menores, situación que deslizó al sentenciado a renunciar al cargo de concejal de Campo Quijano cuando sus pares iniciaron – tras la condena – los trámites para destituirlo.
Los reportes de prensa advertían entonces que el edil condenado también era profesor en un colegio secundario rural, que seguía ejerciendo el cargo y que la directora del Área de la Mujer de Campo Quijano preparaba un informe para remitir al ministerio de Educación con el objeto de apartar al condenado de la docencia. Se trata del Colegio Secundario Rural N° 5206 El Mollar (Chicoana) en donde dicta la materia “Historia” a estudiantes de 3° año del turno tarde.
La comunidad educativa de El Mollar creyó que el docente había sido apartado del cargo a inicios del mes de julio cuando dejó de asistir al colegio y desde entonces reclamaba un reemplazo del mismo para que los chicos no siguieran perdiendo clases. La respuesta a la demanda nunca llegó. El que sí llego con el mes de octubre fue el propio Carlos Carrazano que cada lunes y martes de la semana cumple sus horas de materia en algún despacho administrativo para evitar el contacto con menores por razones obvias. Sus colegas a veces lamentan y otras veces maldicen el compartir espacio físico y de wasap con el señalado que se habría ausentado entre julio y septiembre no porque lo dispusieran las autoridades del colegio o del ministerio de Educación, sino porque uso los muchos artículos del Estatuto Docente para justificar la larga ausencia. Agotados los artículos, volvió al colegio.
El resultado se adivina. Miembros de la comunidad educativa manifiestan a este medio una doble preocupación: el “peligro” que representa el docente por los antecedentes y la falta de un reemplazante que dicte la materia que hoy no se dicta. Las preocupaciones serían del conocimiento de la Supervisora de la institución que sin embargo no resuelve la situación con lo cual “el pecado de los adultos lo terminan pagando los chicos por desidia de las autoridades” manifiestan.
Consultados sobre los posibles motivos de la inacción, los denunciantes dicen que “hasta hace dos semanas todos los supervisores y muchos docentes estaban preocupados con las elecciones de la Junta de Calificaciones y Disciplina. Pensábamos que después de eso esto se resolvería pero nada. Al final parece que la función de los supervisores y directivos es tapar las cosas en vez de resolverlas”, se indignan.
Según pudo saber este medio, los equipos técnicos del Ministerio de Educación están al tanto de situación y remitieron los despachos correspondientes al sector jurídico aunque en algún punto del circuito todo queda en la nada. Aseguran además que no son desconocidos los casos de docentes condenados por abusos sexuales que terminan en algún “tipo de tareas pasivas dentro del ministerio”.
